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La Oficina Anticorrupción, luego de un largo proceso de investigación, presentó una denuncia penal contra funcionarios del del macrismo por la privatización de 17 terrenos públicos que se vendieron muy por debajo del precio de mercado a los amigos del ex presidente Mauricio Macri. Gianfranco Macri, «Nicky» Caputo y Eduardo Constantini, implicados detrás de un fideicomiso vinculado a un banquero en la zona más cara del país.

Publicado en El Grito del Sur

La Oficina Anticorrupción denunció penalmente al ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a los principales directores de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el gobierno de Cambiemos por supuestas irregularidades en los procesos de subastas de tierras públicas. Para la OA, los funcionarios de la anterior gestión incurrieron en los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “administración infiel en perjuicio del patrimonio del Estado” en al menos 17 procesos de remate, algunos de ellos muy resonantes, como el caso de los terrenos de Catalinas Norte 2 en Puerto Madero, la zona de mayor valor inmobiliario del país, de los que resultaron beneficiados empresarios como Eduardo Constantini, aportante de la campaña de Mauricio Macri el año pasado; Edmond Safra, un banquero ligado a Socma a través de Gianfranco Macri, hermano del ex presidente; y el propio “amigo del alma”, Nicolás “Nicky” Caputo.

La denuncia se basa en una auditoría interna de la AABE durante la actual gestión, ordenada por decreto por Alberto Fernández a principios de este año, y en un informe lapidario al respecto de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estima que el Estado pudo haber recaudado unos 74,5 millones dólares más en las privatizaciones. De ahí el perjuicio para el Estado y las negociaciones incompatibles con la función: la sospecha de fondo es que desde Macri para abajo, hubo una cadena de funcionarios que tuvieron la intencionalidad manifiesta de beneficiar al sector privado rematando tierras muy codiciadas a precios muy por debajo del mercado.

Respecto del ex presidente, la OA incluyó en su denuncia el pedido explícito de que se investiguen sus vínculos con el “Fideicomiso BAP”, que ganó dos subastas de parcelas de Catalinas en 2018. Según la SIGEN, el fondo pagó en ambos casos un 16,3 por ciento menos del valor “de mercado” de los terrenos. En la denuncia, se especifica el pedido de investigación sobre si los vínculos de Macri con el fondo “han influenciado en las maniobras» supuestamente delictivas. Serán el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, encargados de la investigación, quienes deban hacer lugar o no a ese pedido.

Hay dos indicios que, al menos a priori, levantan sospechas: Gianfranco Macri, el hermano del ex presidente que siguió con los negocios del holding familiar, colocó fondos no declarados, luego blanqueados en 2016, en el Banco Safra, cuyo dueño, Edmond Safra, figura como propietario del fideicomiso en cuestión. El 13 de agosto de 2018, meses antes del remate, Macri recibió a Edmond en su despacho de la Rosada, junto al asesor legal del grupo, Pablo Viñals Blake.

Entre los ganadores de Catalinas se alistó además Eduardo Constantini, aportante de la fallida campaña por la reelección de Macri. A través de Consultatio S.A., Constantini se hizo de dos parcelas con un 10,8 y un 19,12 por ciento de “descuento” en el valor final. La tercera empresa es nada menos el Holding TGLT, que absorbió en su momento a Caputo Construcciones. La adjudicación de la parcela 8 de Catalinas a TGLT es la más escandalosa: el perjuicio para el Estado en esta venta resultó en nada menos que 12 millones de dólares.

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Además, TGLT cedió posteriormente los “derechos” de un terreno adquirido un año antes en Catalinas 1 al Fideicomiso BAP, que fue la única empresa que le “compitió” en el proceso de compra del terreno de Catalinas II. Las documentaciones presentadas por ambas empresas en el proceso dan cuenta, para la OA, que “se podría estar frente a una maniobra para afectar el principio de competencia que rige en todas las contrataciones del Estado”.

A partir de allí se abre un proceso mucho más amplio de irregularidades, dado que “dicha vinculación no podía ser desconocida por los funcionarios que intervinieron en esta subasta. Sin embargo, nada se señaló al respecto: no se solicitaron aclaraciones, no se dictaminó sobre esa vinculación, ni sobre las sospechas que surgían en relación a un acuerdo para fijar un precio del inmueble en cuestión, lo que perjudicaría los intereses del Estado”, resalta la denuncia. Como Peña y Frigerio aprobaron la venta mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial (como en todos los casos), quedaron implicados en la imputación de los delitos.

La denuncia abarca también a los funcionarios Ramón García Llorente, ex Director de Gestión Patrimonial de la AABE; a Ramón María Lanús y Pedro Martín Comín Villanueva, Presidente y Vicepresidente respectivamente de la AABE.

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