Stornelli, D´Alessio e i soliti ignoti

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La armada Brancaleone. El estilo de comedia italiana de los protagonistas no amengua la gravedad del episodio. 

Publicada en El Cohete a la Luna

La extorsión al empresario rural Pedro Etchebest intentada en nombre del fiscal Carlos Stornelli por el agente de la DEA Marcelo D’Alessio, colaborador del ministerio de Seguridad y sobrino del escribano general de la Nación, es de una gravedad superlativa. Sin embargo, sus protagonistas se comportan como personajes de una comedia italiana de Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Memo Carotenuto y/o Ugo Tognazzi. El viernes 8, como de costumbre en el diario Clarínun anónimo vocero de la embajada de Estados Unidos negó toda relación de D’Alessio con cualquier organismo de ese país y con la propia representación diplomática. Clarín minimizó la cuestión, mencionando a este Cohete como “blog del periodista K” e Infobae llamándome “ex jefe de Inteligencia de Montoneros”. Son los dos medios que desde hace años presentan como el mayor experto en narcotráfico y terrorismo a D’Alessio, quien a su vez sostiene que el 50% de Infobaepertenece al montonero de negocios Mario Montoto.

Que el fiscal a cargo de la causa más importante de los últimos años, su colaborador personal, el operador periodístico que los asiste desde del Grupo Clarín y la propia víctima de la extorsión actúen como Los desconocidos de siempre, no atenúa la seriedad del tema. Sólo marca una impronta, que emparenta a la Argentina con la madre patria Italia, donde la consecuencia del mani pulite no fue la regeneración del sistema político, sino su ascenso hacia niveles de corrupción desconocidos hasta entonces. También remplazó a la política por el autoritarismo del empresario de fútbol y medios, Silvio Berlusconi, el modelo que inspiró la carrera del actual presidente Maurizio Macrì. Berlusconi realizó en Italia el programa de la Logia P2. El Grupo Socma, presidido entonces por Franco Macrì, encargó una investigación de mercado para determinar cómo quitarse el estigma de pertenecer a la misma organización secreta, que unía política reaccionaria y negocios turbios.

Silvio Berlusconi, el modelo.
Maurizio Macri, el discípulo.

Algo similar sucedió en Brasil, donde el Lava Jato fue el prólogo para la destitución de la presidente Dilma Rousseff, quien no fue acusada de ningún delito; la detención y proscripción de Lula, por delitos que no fueron probados, y la elección como presidente de un oscuro capitán del Ejército que reivindica los peores extremos de la dictadura y que está rodeado de generales, mientras le economía queda en manos del economista de la neoliberal escuela de Chicago y banquero Paulo Guedes. También dejó fuera de carrera al principal competidor de las grandes constructoras estadounidenses, Odebrecht, en este caso socio del presidente Macrì, en cuyo socorro acudió en la causa por el vaciamiento del Correo Argentino.

Entre las numerosas revelaciones que surgen de los audios reproducidos en la medianoche del jueves en una edición extra de El Cohete a la Luna hay una que pasó desapercibida: D’Alessio afirma que el gobierno nacional intervino desde el principio en la causa de los cuadernos del chofer grafómano. En este audio, cuenta que cuando el periodista del diario La Nación Diego Cabot tuvo que devolver los cuadernos que Oscar Centeno le reclamó a su amigo Jorge Bacigalupo antes los digitalizó, bajo el control de un escribano que “designó mi tío, el escribano general de la Nación”, Para que no haya confusiones le aclara que no se trata del escribano del diario La Naciónsino de la Nación Argentina, “el escribano del presidente de la Nación”, reitera.

Tanto Stornelli como D’Alessio y Etchebest dieron sus respectivas versiones en diversas entrevistas radiales, cada uno tratando de presentar su rol bajo la mejor luz posible.

  • El empresario rural Etchebest, acusado por el ex presidente de la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria, Juan Manuel Campillo, de ser uno de sus recaudadores y de esconder el dinero malhabido en una guarida fiscal de Estados Unidos, negó esos cargos y confirmó que él había denunciado a Stornelli y D’Alessio por extorsión ante el juzgado federal de Dolores. Pero se negó a suministrar más detalles, alegando que el tema estaba en manos de la justicia.
  • D’Alessio admitió haber pedido dinero a Etchebest pero se presentó como un hombre con pasión por investigar (sic) y dijo que para descubrir la verdad sobre el origen del dinero de un sospechoso era necesario mentir. Le faltó agregar que para ocultarla ante las preguntas de un periodista también. Lo hizo a troche y moche. Por ejemplo, dijo que:

* Etchebest lo buscó a él, cuando sobran las pruebas en contrario. Por empezar, el primer WhatsApp entre ellos, el 28 de diciembre, en el que D’Alessio toma la iniciativa y le comunica que tiene la denuncia de Campillo en su contra, con lo cual comienza la extorsión.

* Pero también el diálogo grabado entre ellos, en el que Etchebest le dice que él no lo buscó, D’Alessio no lo niega y le responde que sin su intervención, directamente lo hubieran detenido:

*  Negó la relación íntima que mantiene con Stornelli, a quien dijo haber visto sólo dos veces en su vida, cuando presentó la denuncia en la causa por el Gas Natural Licuado, que investigó en ENARSA (según él, infiltrado por la National Security Agency) y cuando llevó a declarar a la fiscalía al arrepentido ex gerente uruguayo de Pedevesa, Gonzalo Brusa Dovat. El periodista Gustavo Grabia le repreguntó por la foto con Stornelli en el paradero CR de Pinamar. Dijo que se habían encontrado de casualidad y que charlaron un par de minutos. También negó ser colaborador del fiscal.

Stornelli, con D’Alessio y Sáenz, en CR, de Pinamar. La casualidad permanente vuelve.

* La prueba en contrario es abundante. En un WhatsApp y en un audio, le dijo a Etchebest que había acordado con Stornelli que él se ocuparía de su caso. Aquí el texto:

Y aquí el audio:

* Durante días le anunció a Etchebest que se reuniría con el fiscal en Pinamar e incluso le envió copia de un WhatsApp en el que combina el encuentro con Stornelli en el balneario CR, donde Etchebest los fotografió desde una mesa vecina. Además, el empresario grabó el diálogo con D’Alessio durante el viaje a Pinamar para reunirse con Stornelli.

* Pero además le leyó fragmentos extensos de documentos secretos de la causa en su contra a partir de las declaraciones de Campillo, como órdenes de allanamiento.

* También dijo que todas sus referencias a Fariña eran mentiras para atraer a Etchebest. Sin embargo, en una de sus comunicaciones con Stornelli, el fiscal le pide: “Convencelo a Rodrigo”. Rodrigo es Rodrigo González, el socio de D’Alessio, quien le contesta al fiscal: “Yo llego el 6 (de enero) y le hago una cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero. Sino Rodri tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B” (el nombre de encubrimiento con que este agente de Inteligencia menciona a la ministra de Seguridad).

* En el viaje de regreso de Pinamar, le cuenta que la cámara oculta debe hacérsela al abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex director de Yacyretá Oscar Thomas, quien estaba prófugo, y del financista Federico Elaskar, quien se  retractó de sus declaraciones sobre La Rosadita y contó que las había hecho bajo amenazas de muerte transmitidas por Luis Barrionuevo y Jorge Lanata. Stornelli también le dijo a Ubeira que su cliente se apurara a declarar porque quedaban pocas sortijas. Él le contestó que su cliente estaba grande para subirse a la calesita. Stornelli quería denunciar a Ubeira por tentativa de extorsión a él y a Bonadío. Rodrigo González no quiso prestarse y se lo contó al propio Ubeira, quien lo confirmó para esta nota. Ahora sumará este episodio a la denuncia que ya presentó contra el doctor Glock por prevaricato.

Aquí podés escuchar el relato de D’Alessio sobre la operación contra el abogado Ubeira, narrada durante el viaje de regreso de Pinamar, a partir del minuto 24. También detalles del encuentro de Etchebest con Stornelli en Pinamar para cerrar el trato y una referencia a la participación de Bonadío en la extorsión, que no sustenta en ningún dato más que su palabra. En todo caso, sería con la intermediación de Stornelli.

 

  • El fiscal Stornelli mostró una versión matinal, sorprendido por la publicación, que sólo atinó a desdeñar como parte de una “operación berreta” para apartarlo de la causa, y otra vespertina, ya mejor guionada. Admitió conocer a D’Alessio porque dijo que aportó información a la causa del Gas Natural Licuado adquirido a precios excesivos por ENARSA y que llevó al juzgado al último arrepentido, el gerente uruguayo de Pedevesa. Luego de lo cual dijo que no quería hablar del tema, lo cual era evidente (in re Lorenzino). Pero tampoco él explicó en carácter de qué D’Alessio intervino en esas causas, la primera de las cuales condujo a la detención de Julio De Vido y Roberto Baratta, tal como el sobrino del escribano presidencial le dijo a Etchebest en uno de los audios. Por la mañana el fiscal negó que D’Alessio hablara en su nombre. Por la noche, concedió que el denunciante Etchebest sonaba sincero y que  D’Alessio pudo haber invocado su nombre. Esto refleja la abrumadora prueba acumulada que los obliga a elaborar un relato que la contemple. Stornelli guardó cauto silencio sobre la profusión de mensajes de texto intercambiados con D’Alessio, complementados por las afirmaciones del agente estadounidense en diálogos que Etchebest grabó. La captura de pantalla con la mención de Campillo, que D’Alessio le envió a Etchebest sería “un documento falso” , porque según el Stornelli vespertino Campillo nunca mencionó a Etchebest. Tal vez sí, tal vez no. Aquí el fiscal toca uno de los puntos más sensibles de la causa que investiga: junto con el doctor Glock no cumplen con la obligación legal de registrar en audio y video las declaraciones de los arrepentidos, de modo que pueden eliminar o agregar elementos a voluntad y sin control. Así, también es posible que la mención de Campillo a Etchebest haya sido un borrador, condicionado al pago del rescate solicitado  al productor. El sistema de consulta de expedientes implantado por Stornelli y Glock impide verificarlo, porque los abogados sólo tienen acceso a algunas fojas, de modo que si hay algo inconveniente puede ser destruido. Los que pueden saberlo son los periodistas con acceso privilegiado, pero no lo dirán porque son parte integral de la operación.

  • Esto no cambia lo esencial respecto de la extorsión. En cualquier caso, Etchebest se enteró de esa supuesta mención de Campillo por D’Alessio, quien le dio numerosas pruebas de su familiaridad con el fiscal y con la causa. Stornelli también dijo que quien le presentó a D’Alessio fue el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, quien le dijo que ese hombre trabajaba para la DEA. A su vez, D’Alessio le dijo a Etchebest que Santoro trabajó para la KGB cuando existía la URSS. Tal vez en un próximo libro sobre la investigación periodística, el operador explique la utilidad para esa tarea de las relaciones promiscuas con servicios nacionales y extranjeros.
Santoro (derecha) con D’Alessio (izquierda) y esposas. Reunión cumbre.
Ensuciar

En la noche del jueves 7, la diputada cívica libertadora Elisa Carrió escribió que se preparaba una operación para ensuciar al fiscal Stornelli, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, de La Cámpora. Clarín lo amplificó con referencias a la participación del juez en Justicia Legítima y a su vínculo con la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, una técnica de estigmatización que a fuerza de repetición ad nauseam transmuta letras del alfabeto, apellidos u organizaciones perfectamente legales en abominaciones descalificatorias. No me consta si Ramos Padilla tiene o no esa adscripción política. Lo único seguro es que no intervino en la causa por esa razón, sino porque el juzgado federal de Dolores, que ocupa, es el que tiene jurisdicción sobre el Partido de la Costa, que incluye a Pinamar, que es donde Etchebest fue extorsionado por D’Alessio en nombre de Stornelli, quien le dio un significativo apretón de manos. Horas después, la edición extra del Cohete a la Luna reveló el contenido de la denuncia del productor agropecuario. Carrió se llamó a silencio.

Diputada Cívica Libertadora Elisa Carrió: siempre un dedo en alto.

Recordé entonces un fantástico episodio. Un domingo de julio de 2001 Carrió me llamó por teléfono y me dijo que debía verme con urgencia. Llegó a mi casa cerca de las once de la noche. Estaba muy excitada porque había descubierto varias cuentas en guaridas fiscales compartidas por Carlos Menem, Ramón Hernández, David Mulford y Domingo Cavallo. Los documentos probatorios que me mostró llevaban el sello de un organismo denominado MIGA y me dijo que se los había entregado el coronel de las Naciones Unidas Daniel Díaz Droulhon, con acceso a las bases de datos de inteligencia financiera de la organización mundial, que contienen información confidencial sobre cuentas secretas y sociedades de cobertura. Para acceder a las bases, este hombre viajaba a Montevideo, con pasajes y estadía pagados por Carrió. Les dije que desde la fuente hasta la documentación y la mera existencia de las cuentas compartidas con el nombre de sus titulares me parecían inverosímiles. Prometí profundizar el análisis y en agosto le entregué mis conclusiones a Carrió.

Verifiqué que MIGA es la sigla en inglés del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que facilita garantías a empresas que desean invertir en países de economías de alto riesgo o afectadas por un conflicto. Consulté con Jack Blum, el mayor experto mundial en lavado de dinero, asesor del Poder Ejecutivo y del Senado de su país, a quien había conocido en Washington durante un encuentro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Me contestó en forma categórica que son los países y no las Naciones Unidas los que tienen unidades de reunión de inteligencia financiera. La del Tesoro de los Estados Unidos es el FINCEN (la sigla en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros).

Jack Blum, el mayor experto mundial en lavado de dinero.

Una vez que le comuniqué a Carrió esas primeras averiguaciones, los informes de DD dejaron de originarse en el MIGA y empezaron a llegar con sello del FINCEN. Le advertí que ese sello estaba tomado de Internet, lo cual se verifica porque en uno de los documentos decía “Inside Fincen”, que es donde hay que cliquear para entrar en la página de ese organismo. Luego accedí al expediente de la causa 21.272/95 del juzgado de instrucción 31, secretaría 119, en el que DD fue procesado por estafa. En su declaración indagatoria confesó que la ropa para la foto de coronel la adquirió en la tienda “Rezago”, de Morón. El juez Francisco Trovato dijo que las credenciales falsas “al no corresponderse en lo más mínimo con las legítimamente expedidas por la ONU, aparecen como grosero remedo de las mismas, inhábiles per se para engañar a cualquier persona avisada”. El juez arriesga una hipótesis: además de estafar, las usaba por “motivaciones más profundas”, visibles en sus “afirmaciones mito y megalomaníacas”.

Carrió me agradeció que hubiera desenmascarado al fabulador y me olvidé del tema, hasta que leí en los diarios que se había presentado con esos documentos ante el fiscal Stornelli, quien inició una causa con ellos. Cuando le pregunté por qué lo había hecho si ya sabía que eran falsos, me respondió que como funcionaria tenía la obligación de denunciar y que las precisiones sobre los hechos correspondían a la Justicia. Recordé el episodio hace cuatro años, cuando Carrió le explicó a la fiscal Viviana Fein la conspiración entre los ayatolas iraníes, el gobierno de Venezuela, la SIDE y el general Milani para asesinar al fiscal Nisman, y al leer un desopilante reportaje de Hugo Alconada Mon, quien se limitó a hacerle preguntas y dejar que la autodenominada tribuna de la plebe se explayara en las respuestas sin interrumpirla. No volví a hablar con ella desde que entendí que no está loca, como se presenta, sino que miente y falsea los hechos en función de intereses políticos y que la verdad es lo que menos le interesa.

Chau Rodríguez

Pero no se olvidó de Stornelli. Por el contrario, sus diputados libertadores presentaron una ampliación del pedido de juicio político al juez Luis Rodríguez, una vez que la arrepentida Carolina Pochetti le dijera a Stornelli que su exposo Daniel Muñoz le pagó millones de dólares a Rodríguez para que no avanzara en una investigación sobre su patrimonio. Rodríguez es uno más de los operadores de cuarta categoría que pueblan el serpentario de Comodoro Py.

En 2012, respondió con olvidos y omisiones al cuestionamiento de Madres y Abuelas de Plaza Mayo, HIJOS, el CELS y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en una bochornosa audiencia convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado. Yo había publicado que Rodríguez entregó su colección de parafernalia nazi para que la vendiera a las casas Militaria Martínez y armería Miranda, pero la Comisión no citó a sus titulares. El candidato dijo que coleccionaba “objetos del Imperio Británico”, una forma muy británica de englobar desde teteras hasta distintivos nazis capturados por los ingleses en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. También negó haber pedido personalmente un fallo sobre un caso similar al que le tomarían en el examen del Consejo de la Magistratura. No era necesario: lo hizo por él su secretaria, tal como denunció el juez Daniel Rafecas. Con notable sentido de la oportunidad, recién una semana antes de la audiencia Rodríguez procesó por cohecho y tráfico de influencias a José Pedraza, al vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, al agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y a los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid por digitar el sorteo de modo que la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra recayera en la sala que presidía Eduardo Riggi.

En las escuchas telefónicas ordenadas a raíz del crimen aparecieron una serie de comunicaciones en las que Pedraza ofrecía sobornos para que la Casación dejara en libertad a los primeros miembros de la patota detenidos por el homicidio y no avanzara sobre él. Luego de regatear la cifra, el agente de Inteligencia encargado de contactos judiciales Juan José Riquelme le aclaró a Pedraza que los 50.000 dólares los recibiría Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de Riggi en la Cámara, y se encargaría de encaminar la causa el prosecretario de Casación e hijo del camarista homónimo Luis Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, que sorteaba a qué sala iba cada expediente. La causa ingresó como se había pedido “a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, según el mensaje de Riquelme a Stafforini. A raíz de las escuchas, la policía llegó al estudio de Aráoz de Lamadrid en cuanto Stafforini dejó allí un sobre con los dólares, que fueron incautados.

Juez Luis Osvaldo Rodríguez: parafernalia nazi y exámenes copiados.

Rodríguez no encontró pruebas para incriminar a Riggi, pese a que está probada la relación de más de una década del camarista con Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar y el vínculo de intimidad de Riggi con Riquelme, por lo que “la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”, según dijo la cámara de apelaciones. La fiscal de cámara subrogante Mónica Cuñarro detectó que la relación de Aráoz con Riggi es aún anterior: fue su relator hace más de veinte años en el fuero penal económico. Y más íntima: cuando Aráoz de Lamadrid fue designado juez federal subrogante, su primer acto fue nombrar como secretaria a la hija de su protector, Laura Riggi. Luego de varios años como juez subrogante volvió a la profesión y la primera factura que emitió fue como defensor de uno de los miembros de la patota ferroviaria en esta causa. También estableció que Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. Por la injustificada demora de Rodríguez se perdieron los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días.

El CELS, que había impugnado a Rodríguez, pidió el juicio político de Riggi, cuyo pliego ya había impugnado en 1992. En la audiencia, Rodríguez admitió ser amigo y compadre de Javier Fernández, aunque dijo que nada sabía de una red judicial paralela ni de la Secretaría de Inteligencia. Carece de importancia lo que él reconozca, pero es decisiva la existencia de esa red que el auditor Fernández montó en su propio interés, con el pretexto de favorecer al gobierno en causas difíciles. A cualquier gobierno, se entiende.

Los baños de Comodoro Py desbordan. Bienvenida la limpieza, aunque sea tan selectiva.

Francisco Javier Fernández: los que cambian son los gobiernos. El servicio es el mismo.

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