WhatsApp nos quiere hacer plata

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La nueva política de privacidad de la aplicación permitirá compartir los datos de los usuarios con los servicios de Facebook. ¿Qué implica este cambio? ¿Por qué lo hace la empresa? La monetización de los datos, la pérdida de la privacidad y la necesidad de una regulación estatal.

ANCCOM.- Cuando en 2014 Facebook compró Whatsapp por 16.000 millones de dólares, la empresa prometió no compartir los datos acumulados con otras plataformas que también le pertenecen. No parecía verosímil que se hiciera tamaña inversión para una aplicación utilizada actualmente por más de dos mil millones de usuarios en el mundo, que es “gratuita” y que no muestra publicidad: la única forma de recuperar el dinero era monetizar los datos de los usuarios en otras plataformas. El tiempo demostró, una vez más, que las promesas de esta corporación no tienen mucho valor.

En 2021 Facebook parece decidido a blanquear la realidad de su negocio cambiando las condiciones de uso que todos los usuarios deben aceptar. La fecha límite inicial para aceptar las condiciones de uso o abandonar la aplicación era el 8 de febrero, pero frente a la resistencia y la migración a otras plataformas se postergó un par de meses.

Las nuevas condiciones especifican, entre otras cosas, que los datos obtenidos a través de WhatsApp se podrán utilizar en otras plataformas para, por ejemplo, decidir qué publicidad mostrar en Facebook. El único territorio donde no se aplicarán estas nuevas condiciones es la Unión Europea, donde la Regulación General de Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) no lo permite.

Para el resto del mundo, la actualización de WhatsApp permitirá a Facebook compartir información los datos acumulados con otras aplicaciones como la misma red social del pulgar azul, Instagram y Messenger que incluyen número y modelo de teléfono, información proporcionada en el registro, la empresa telefónica móvil, la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a Internet, compras o transacciones financieras. Pero ¿qué usos le dan a estos datos? ¿Es legal que una empresa imponga sus propias condiciones sin respeto por las legislaciones locales?

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Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la carrera y especialista en Tecnologías de la Comunicación, dialogó con ANCCOM para entender el cambio en la política: “En principio la lógica de estas empresas se basa en prever los comportamientos de los usuarios para entender cómo funciona la plataforma y como es apropiada por la sociedad. Una cosa es cuando lanzás un producto o servicio y otra como se pone en juego en la sociedad”.

Según la especialista esta nueva política busca generar espacios cerrados que permitan unificar la información y los perfiles de los usuarios para monetizarlos a través de la publicidad en todo el ecosistema digital de una sola empresa: “Cuando digo espacios cerrados me refiero a que se busca que dentro de la plataforma hagas todo lo que quieras hacer. Es equiparar internet con la experiencia de Facebook como una experiencia unificadora: comprás y vendés productos, te comunicas con tu entorno, ofrecés servicios, subís fotos, todo en la misma plataforma y para una misma empresa”.

La nueva medida no solo generó desconfianza respecto a la privacidad de los usuarios sino que también provocó que muchos dejaran de usar el servicio para pasarse a Signal o Telegram, que ya superó los 500 millones de usuarios. Como explica Martínez Elebi: “Suele haber en una primera instancia una reacción individual, como si cada uno pudiera tomar esa decisión para hacerle frente a estas políticas. El tema de la privacidad no puede depender de un grupo de personas porque formamos parte de una red que está conectada con otros. Yo puedo eliminar WhatsApp, pero la red de contactos que suelo usar sigue ahí, por lo que termino siendo excluida de la información que circula en estos espacios”.

No obstante, a pesar de existir formas de comunicación alternativas y seguras, el problema es mucho más profundo ya que el Estado es el que debe proteger los datos de los usuarios que son utilizados para los negocios de estas empresas. Por esto, Martínez Elebi considera que estas situaciones “deberían servir como alerta a los Estados, sobre todo en Argentina. Esto tiene que ser una decisión conjunta y no puede caer en una acción personal porque no tiene efecto”. Es lo que ocurrió en Europa, donde se impulsaron condiciones de uso del servicio y privacidad que, por ejemplo, impone reglas de protección a las empresas que quieran trabajar en esa jurisdicción y con los datos de estos ciudadanos. No alcanza con que modifiquen las condiciones de uso y los usuarios las firmen, casi siempre sin leerlas.

Respecto a la legalidad de los términos y condiciones de los usuarios, la entrevistada explica que en realidad deberían depender de las leyes y regulaciones en protección de datos que haya en cada Estado: “En Argentina, los datos vinculados a la privacidad son un tema de debate constante y en distintos niveles. Quizás fue evidente con Uber o con la App cuidAR, pero según mi criterio, WhatsApp debería cumplir con la Ley de Protección de datos personales vigente en nuestro país”. En Argentina, la Dirección de Datos Personales depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Respecto a la ley vigente en materia de datos en el país, la especialista sostiene que, para que haya intercambio de datos, tiene que haber una ley homologada en un estándar mínimo de protección. También aclara: “Habría que ver qué pasa con los datos de operatividad que necesita whatsApp para funcionar como acceso a la ubicación, número de teléfono, información, número de imei, que son datos técnicos; es importante revisar qué datos son necesarios y cuales forman parte de su modelo de negocio”.

Igualmente, para la especialista es fundamental la instancia de concientización masiva acerca del uso responsable de la tecnología para entender la importancia de la privacidad: “Se tiene que entender por parte del Estado y la población que la privacidad es un valor a proteger. Es un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollarse con mayor autonomía y pareciera que estas empresas lo transforman en una moneda de cambio; se da des-privacidad a cambio de las experiencias de usuarios y de confort, perdiendo la comprensión de que es un derecho elemental para las personas”.

Por lo tanto, si bien como usuarios se puede hacer un uso más consciente para disminuir su exposición, es imprescindible la responsabilidad y capacidad del Estado para regular y hacer cumplir la ley. Martínez Elebi concluye: “El Estado tiene que garantizar la protección de nuestro derechos de privacidad y generar una concientización colectiva para realizar reclamos concretos que hagan respetar nuestros derechos de privacidad”.

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