Nuevo registro para los trabajadores de la Economía Popular

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Los trabajadores de la Economía Popular tendrán su propio registro, con vistas a impulsar ese sector central, siempre ninguneado. Cooperativas, cuidadoras, cartoneros, vendedores informales y muchos otros ahora serán parte de las políticas activas del ministerio liderado por Daniel Arroyo y la secretaría dirigida por Emilio Pérsico para poder acceder a créditos e integrarse a la economía formal. La directora del área, Sonia Lombardo, explica en esta entrevista la articulación con el Ingreso Universal Básico y las políticas para reactivar la economía de post-pandemia: el camino para salir de la lógica de «beneficiarios de planes» para entrar en la lógica del trabajo.

El ministerio de desarrollo social está pronto a presentar el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Un registro inédito hasta ahora en el que se viene trabajando codo a codo con los movimientos sociales, que servirá para pensar políticas públicas para un sector históricamente relegado y expuesto ante las consecuencias de la pandemia. El registro será sin dudas una herramienta que servirá para pensar, además, la salida “post pandemia”. Y se articula con una de las políticas centrales del Gobierno anunciada por el Ministro Daniel Arroyo:  el Ingreso Universal Básico. 

Sonia Lombardo es socióloga y es la flamante directora del Registro Nacional de Efectores Sociales, dentro de la secretaría de Economía Social que dirige Emilio Pérsico como parte del Ministerio de Desarrollo. En un diálogo con Nuestras Voces explica los alcances de este registro de la Economía Popular. 

—¿De dónde surge la necesidad de un registro?

—Básicamente nace por una deuda social y normativa, porque este registro está contemplado en la Ley de Emergencia Social votada y sancionada en 2016. Fue una ley que es un logro de los movimientos sociales, una lucha de mucho tiempo. Para nosotros y nosotras fue un primer paso también a la institucionalización de la economía popular y estos trabajadores como tales. Un punto de inflexión en la construcción histórica e identitaria de los trabajadores de la economía popular. Nosotros dejamos de hablar, si se quiere, de titulares de beneficios sociales y pasamos a hablar de trabajadores. Entonces ahora en el Estado queremos avanzar un poco más en la normativa para este sector y de alguna manera el registro para nosotros también era una deuda social, porque reconoce un sector muy grande de trabajadores y de trabajadoras que trabajan por fuera de la relación de dependencia asalariada. 

—¿A quiénes contempla?

—Como criterios básicos, son trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular aquellos que se desempeñan de manera individual o colectiva en unidades productivas con diversas modalidades organizativas, habiendo generado su propio trabajo con el objeto de producir, crear, circular o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo, el familiar o el comunitario. Las unidades productivas donde se desempeñan están caracterizadas por estar inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito laboral, financiero, comercial o fiscal. Está posición condiciona los niveles de acceso a derechos, ingresos, capitalización, tecnificación, comercialización y productividad. Van a poder anotarse trabajadores y trabajadoras de comercio popular y trabajadores del espacio público, o sea, vendedores ambulantes, artesanos, artistas callejeros, feriantes. Otra rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales. Ahí tenés a los cartoneros: la de construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; Industria manufacturera es otro servicios socio comunitarios, relaciones de cuidado o promotoras contra la violencia de género socioeducativos, culturales, medios de comunicación comunitaria, etc. 

—¿Cuál es el objetivo?

—El registro tiene dos grandes objetivos o dos dimensiones. Por un lado, conocer o sea: es un sector del cual el Estado no tiene información, no se sabe ni cuántos son, ni qué hacen, ni cómo se organizan, ni dónde lo hacen. No impone categorías, sino que quiere conocer la realidad de los trabajadores en todo el país para, por supuesto, planificar e implementar políticas acordes a las necesidades de los trabajadores, que son bien distintos a los de trabajadores independientes de otras categorías y, por supuesto, las del mundo asalariado. Y por otro lado, y bien importante, reconocer en términos de derechos. Para nosotros esta va a ser una herramienta para acceder a determinados beneficios fiscales financieros en términos de crédito. Por ejemplo, estamos pensando en generar una cuenta bancaria que les permita operar, porque hoy los compañeros que reciben programas sociales del ministerio, les abrimos cuentas del Banco Nación, pero en esa cuenta no pueden transferir ni recibir.  Estamos trabajando con AFIP en poder generar un monotributo distinto, a costo cero, que le permita al eslabón más bajo acceder a beneficios financieros, que puedan recibir crédito. 

—Si bien se venía trabajando en esto, imagino que la pandemia aceleró los procesos…

—La pandemia visibilizó una situación crítica que teníamos en términos sociales y laborales previa. Lo que pasó con el IFE fue revelador. El IFE mostró la precariedad laboral a la que más de la mitad de la población está subsumida, y sumó el desconocimiento del Estado. El IFE era un ingreso planificado para 4 millones de personas se anotaron 12 millones y lo terminaron cobrando 8. O sea, el doble de las personas que el Estado pensaba que iba a necesitar ese ingreso. En ese sentido, el registro es clave para saber quiénes son, en qué trabajan y en qué situación se encuentran. 

—En ese sentido también se abre otro debate el salario universal. 

—El salario universal es algo que está en discusión también en muchos lugares y en diferentes circunstancias. Es algo que va a ser súper necesario, porque cuando decimos que el trabajo está en crisis, decimos que básicamente el mercado laboral no está pudiendo absorber la cantidad de demanda por un lado, y la cantidad de demandantes de empleo no puede ser absorbida ni por el Estado ni por el empleo privado. Pero por otro lado, también decimos que hay un montón de trabajos que hacen, que existen, que hacen a la vida social, que no son valorados por el mercado, que se realizan en los márgenes del mercado y que esos trabajos. Y acá se discute, si se quieren, dos concepciones que no son contradictorias, sino que se complementan. 

—¿Cuáles?

—Hay una concepción más ligada al trabajo mínimo garantizado por el Estado, que justamente supone que hay una cantidad de demandantes de empleo que el sector privado no puede garantizar y entonces es el Estado quien debiera garantizar y el Estado tiene que impulsar. Por ejemplo, las obras en los barrios vulnerables. Y por otro lado, una idea más ligada al concepto de salario social complementario que lo que hace, es buscar reconocer el trabajo que existen en los márgenes del mercado, pero que no es valorado por éste. Y sin embargo, son trabajos súper necesarios. 

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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