Pese a la pandemia, los despidos se mantienen frenados

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Un informe de CEPA que evalúa el impacto de la pandemia en la economía formal revela que el decreto que impide los despidos y el pago por parte del gobierno de la mitad de los salarios fueron efectivos para defender al trabajo y a las empresas durante la pandemia. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril hubo 7.223 suspensiones y 5.386 despidos (resaltan los casos de Techint, Mirgor y el frigorífico Penta). El rol de los gremios acordando rebajas salariales para evitar reducción de empleados fue clave y alcanzó a 231.483 trabajadores. En tanto, 54.000 asalariados se vieron afectados reducción salarial impuesta.

En esta etapa particular que atraviesa la economía argentina, las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio suponen la paralización total o parcial de importantes sectores de la actividad económica y ello impacta indefectiblemente en el nivel de empleo y en los salarios. Desde el Estado Nacional, particularmente de las carteras de Trabajo y de Desarrollo Productivo, se dispusieron una serie de medidas para evitar las rupturas contractuales, sostener ingresos de los trabajadores, y evitar el quiebre de empresas.
El informe de CEPA cuantificó los casos de despidos, suspensiones, atraso en el pago de salarios, reducciones salariales, suspensiones con reducción salarial y acuerdos de reducciones salariales pactados entre empleadores y sindicatos, registrados en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril de este año.
Se trata de aquellos casos que han cobrado estado público, por lo que es posible omitir situaciones que ocurren en el mundo informal –con empresas sin registración, unipersonales o familiares- y en aquellos casos donde la ausencia sindical o ausencia de cobertura periodística ha impedido dar a conocer las rupturas contractuales o perdidas salariales. Este recorte, entonces, cubre mayormente las situaciones experimentadas en empresas registradas, lo que constituiría “la punta del iceberg” del heterogéneo mundo laboral. Esta heterogeneidad incluye, por ejemplo, los casos de monotributistas, que en parte han sido incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (categorías A y B) y en parte los alcanza la posibilidad de créditos a tasa cero.

Principales resultados

En total, entre ruptura contractual o riesgo de ruptura contractual y riesgo salarial, en el período seleccionado se relevaron 154 hechos, que afectan a 309.672 trabajadores/as. En el primer caso, se registraron 12.609 casos de despidos y suspensiones, siendo 5.386 y 7.223 respectivamente.
En el segundo caso, relativo al riesgo salarial, se registraron 297.063 casos, que se corresponden con atraso de pago de salarios (3.070), reducciones salariales (54.030), suspensiones con reducción salarial (8.480) y acuerdos entre partes para la reducción salarial (231.483). Las cifras se exponen en el Cuadro 1 a continuación.


Los hechos vinculados a la ruptura contractual o al riesgo de ruptura contractual en abril casi duplicaron los casos registrados en marzo (de 23 a 41 casos), acompañados por un proceso similar en la cantidad de trabajadores afectados (de 4.716 a 7.893). En lo relacionado al riesgo salarial (atraso en el pago de salarios, casos de reducción salarial, suspensiones con reducción salarial y acuerdos con gremios consistentes en reducción de salarios e imposibilidad de despidos) se produce un salto fenomenal en la primera quincena de abril pasando de 9 a 81 casos, afectando a 9.830 trabajadores en marzo y 287.233 trabajadores en abril. Aunque los datos relevados de situaciones donde el salario se ve afectado resultan sólo parciales, son ilustrativas de un proceso en curso.

En el período seleccionado se computan 5.386 despidos, repartidos casi equitativamente entre marzo y abril (resaltan los casos de Techint, Mirgor, el frigorífico Penta). En lo que refiere al riesgo de ruptura contractual que podría consumarse hacia adelante, se relevaron 7.223 suspensiones, mayoritariamente concentradas en el sector cinematográfico en el mes de abril (cuadro 3).
En relación al riesgo salarial, se computan 3.070 casos de atrasos de pago, 54.030 reducciones salariales de hecho, 8.480 casos de suspensiones con reducción salarial y 231.483 casos de reducciones salariales acordadas con los sindicatos correspondientes. En este último segmento, se destaca el caso de los metalúrgicos, que acordaron que no haya despidos a cambio de cobrar el 70% de los salarios, que representan unos 126.000 casos a los que se suma el acuerdo de los petroleros, que alcanza a unos 64.500 casos y el caso de SMATA para las terminales automotrices.

En el sector privado la amplia mayoría (58%) de los despidos y suspensiones corresponden al sector servicios, seguido por construcción (19%), industria (14%), comercio (5%) y sector primario (4%).

En el mismo sentido, si se consideran los casos de riesgo salarial (atrasos de pago de salarios, reducciones salariales, suspensiones con reducción salarial y acuerdos entre partes para la reducción salarial), es también la industria la que comanda, con 79% de los casos (el peso del acuerdo de la UOM y petroleros es significativo), seguido por comercio (11%), servicios (5%) y el sector primario (se concentran en minería, 4%).

A pesar de la crítica situación por la que transita nuestro país a raíz de la pandemia del
coronavirus, no se percibe en el período seleccionado (15 de marzo a 15 de abril) una cantidad numerosa de casos de despidos. Según el relevamiento realizado, ascienden a 5.386 y el 60% se concentra en 4 casos.
En efecto, a primera vista resulta evidente que el decreto 329, publicado el 31 de marzo de 2020 ha tenido efecto. “Prohíbase los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de ublicación del presente decreto en el Boletín Oficial”. Esa misma norma indicaba “Prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha publicación del presente decreto en el boletín Oficial. Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. Esta última mención ha dado lugar a las suspensiones (luego devenidas en acuerdos patronales-sindicales) que se relevaron en el presente informe.
El gobierno apuesta fuerte: que no quiebren las empresas y que la cantidad de despidos no sea significativa. El objetivo es que los impactos de esta pandemia no signifiquen un cambio aún más duradero e irreversible en el mercado de trabajo.
En esta línea, y respecto del mercado de trabajo, el Gobierno ha anunciado el pago del 50% de los salarios netos de los trabajadores (según el valor de febrero) hasta $16.875 para todas las empresas que demuestren una sensible caída de las ventas, se han aprobado créditos para plantillas salariales por $150 mil millones (a salarios de $30.000 representan unos 5 millones de casos) y el impulso de créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos.
Adicionalmente, se liquidaron cerca de 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) y unos 130.000 seguros de desempleo, y se computan cerca de 3,5 millones de empleos públicos.
Esto implica la cobertura casi absoluta del universo de la PEA.

Despidos y suspensiones por sector de actividad

En el sector comercio, no se percibe un incremento sensible de despidos, y prevalecen los casos de reducciones salariales, particularmente en comercios de expendio de comidas (se concentran en las cadenas de comidas rápidas y un número importante de restaurantes), y suspensiones con reducción salarial, en el sector de venta de electrodomésticos (Garbarino/Compumundo), y casas de venta de productos deportivos (Dabra).
La construcción encabeza el podio de despidos por sector, comandados por el caso de despidos de Techint. Dentro de la industria, el sector metalúrgico fue noticia, no por los 745 despidos existentes en el período seleccionado, sino por el acuerdo de UOM y las cámaras empresarias que consiste en suspender despidos por 120 días a cambio de reducir el salario al 70%. Los trabajadores de metales alcanzan unos 126.000 casos.

En ese mismo sentido, el sector de hidrocarburos, también anunció suspensión de despidos por 60 días y salarios al 70%. Finalmente, ha habido acuerdo de suspensiones con reducción salarial en la mayoría de las terminales del sector automotriz y autopartes.
Entre los servicios, se destaca lo relacionado con recreación, y turismo, donde se produjeron cuantiosas suspensiones.

El rol de la intervención sindical

En el relevamiento realizado, de los 154 hechos, la mitad presentan información sobre el rol del sindicato. De ellos, en la amplia mayoría el gremio ha intervenido en el conflicto (87%), como se observa en el cuadro 5, siendo estos casos los más numerosos, por lo que implica la representación de casi el 100% (99,4%) de los trabajadores en conflicto (cuadro 6).
¿Qué resultados ha tenido esta intervención sindical, cuando existió? Entre las relevadas con información sobre la evolución del conflicto, el 45,2% de los casos hubo acuerdo entre las partes, el 31% intervino el ministerio, incluso dictando conciliación obligatoria, casi el 10% se pidió la intervención del organismo por incumplimiento del decreto que suspende los despidos y 7,1% de casos no se concretaron los despidos anunciados o no hubo acuerdo aún. Es posible concluir que la representación sindical tiene, en esta etapa, un rol trascendente, que ha permitido el abordaje de las diversas situaciones.


El informe de CEPA fue elaborado por Guido Bastianelli, Luciano Carciofi, Luciano Foggia, Leandro Gielis, Florencia Gutiérrez, Hernán Letcher, Melisa Malvarez, Melina Marques, Julia Strada.

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Hernán Letcher

Hernán Letcher

Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Es contador, maestrando en Economía Política y en Finanzas. Es también Concejal de San Martín (Unidad Ciudadana).

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