Poniendo estaban los más ricos

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Un aporte extraordinario de los más ricos permitirá recaudar entre 150 y 300 mil millones de pesos y reducir entre medio y un punto del PBI las necesidades de financiamiento del país. Afectaría sólo a  12 mil personas con patrimonios mayores a 200 millones de pesos. El proyecto se presenta en un contexto de financiamiento limitado, baja recaudación fiscal y un déficit primario proyectado del 7-8 por ciento, producto de la pandemia. Los detalles de la propuesta.

En un año donde el déficit primario del Estado alcanzará niveles récord, el impuesto extraordinario sobre la riqueza permitiría reducir las necesidades de financiamiento del país entre medio punto y un punto del PBI ($ 150 mil millones – $ 300 mil millones). Frente al bajo margen para aumentar impuestos y/o reducir el gasto, sin capacidad de endeudarse en el exterior, con dificultades para hacerlo en el mercado de crédito local y ante los riesgos de utilizar más fondos del Banco Central, la búsqueda de obtener recursos a través de este impuesto sobre los más ricos luce como una de las mejores alternativas al no poseer efectos directos sobre la economía.

El proyecto de ley fue presentado este viernes en el Congreso por los Diputados del Frente de Todos y será tratado la semana próxima en comisión. Propone crear, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos que afectaría sólo a 12 mil personas. Fue firmado por Máximo Kirchner, José Luis Gioja, Hugo Yasky, Itaí Hagman, Fernanda Vallejos, Juan Carlos Alderete, Leonardo Grosso, Lucía Corpacci, Ariel Rauschenberger, Gabriela Cerruti, Alicia Aparicio, Elda Pertile, Marcelo Casaretto y Martín Soria.

Previo a la aparición de la pandemia, el 2020 ya se presentaba desafiante en términos fiscales. Al igual que en los últimos nueve años, Argentina tenía que financiar un gasto que iba a superar a los recursos. Sin embargo, la mayoría de las posibles salidas a este problema se encontraban parcial o totalmente bloqueadas.

En primer lugar, la recaudación venía retrocediendo debido a la contracción de la actividad económica y a algunas determinaciones del macrismo que disminuyeron los ingresos fiscales. Entre ellas destaca las bajas en las alícuotas a los Bienes Personales en 2016, de Contribuciones Patronales vía la inserción de un mínimo no imponible a partir de 2018, y de derechos de exportación. Por su parte, del lado del gasto, las jubilaciones y pensiones, que representan al 40 por ciento de las erogaciones totales se encontraban indexadas a la inflación más alta desde 1991, que alcanzó al 53,8 por ciento i.a. en diciembre del año pasado. A este complejo escenario se le sumó la pandemia. La decisión de suspender gran parte de las actividades para preparar el sistema de salud y la incertidumbre respecto a la nueva normalidad terminaron de derrumbar la recaudación y a la vez precisaron que el Estado realice políticas activas para preservar el trabajo y los ingresos de personas y empresas aumentando las erogaciones. Cómo resultado de ello, se proyecta que el déficit primario se ubique entre el 7 y 8 por ciento del PBI en 2020. Asimismo, si tenemos en cuenta el pago de intereses de deuda, el resultado financiero se ubicaría cerca de los 9 puntos del producto.

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Las herramientas de financiamiento

Para poder financiar un déficit fiscal, en economía se puede solicitar crédito en el exterior y/o en el mercado local, pedirle fondos al Banco Central o incrementar la presión tributaria. A la hora de elegir entre estas opciones, suena razonable buscar aquellas fuentes de financiamiento que tengan menores efectos negativos sobre la economía argentina en el corto y largo plazo.

Repasando rápidamente estas herramientas y su disponibilidad, el macrismo no sólo dinamitó la posibilidad de acceder a los mercados externos sino que también postergaron los vencimientos en pesos y dólares en ley local, eliminando la posibilidad del Estado de aprovechar el mercado de deuda local en pesos. Con malas (más reperfilamientos y tasas poco atractivas en un principio) y buenas (mismas condiciones para bonistas con títulos con legislación local y extranjera), hoy el mercado de deuda en pesos se encuentra normalizado ya que nadie duda que el Estado cumplirá con sus obligaciones. Además, Argentina logró pesificar parte de sus vencimientos en dólares de letras de corto plazo y, ya desde hace algunos meses, obtiene más fondos que los que debe pagarle al mercado.

Una segunda alternativa es la de solicitarle fondos al Banco Central. No obstante, esta fuente de financiamiento presenta sus limitaciones ya que implica un incremento en la oferta de pesos, lo que podría expresarse en una mayor presión sobre el dólar en una economía bimonetaria como la nuestra y también reflejarse en la tasa de inflación. En detalle, desde marzo se hizo un importante uso de estos recursos para financiar el gasto corriente del Estado ante la flaqueza de la recaudación. En este sentido, a mediano plazo será necesario tener un plan para la reabsorción de estos pesos.

Por último, una tercera herramienta es la de incrementar la presión tributaria, creando nuevos impuestos o incrementando las alícuotas de aquellos existentes. En efecto, ni bien comenzó su gestión, el gobierno apostó por retomar las alícuotas de 2015 en Bienes Personales (el único impuesto sobre la riqueza en Argentina a nivel nacional) y aumentar las de Derechos de Exportación. Además, creó el impuesto PAIS para la compra de moneda extranjera y eliminó la baja de Contribuciones Patronales decretada por el macrismo, entre otras medidas de menor alcance.

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El impuesto a la riqueza

Enmarcada bajo la misma lógica que las políticas anteriores, figura ahora la posibilidad de cobrar un impuesto extraordinario de única vez a las personas que en diciembre de 2019 declararon un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, con alícuotas de entre el 2 y el 3,5 por ciento para bienes situados en el país y del 3 al 5,25 por ciento en caso de bienes en el exterior. Este impuesto alcanzaría sólo a 12.000 y afecta a personas con un patrimonio 100 veces superior a quienes se encuentran afectados al impuesto a los Bienes Personales, que impacta sobre las personas con patrimonios superiores a los dos millones de pesos.

De la medida destaca que, dentro de las alternativas para financiarse con mayor presión tributaria, la misma no tiene impacto sobre la actividad económica a diferencia de gravar con una mayor alícuota a una transacción como sería subir el IVA, por ejemplo. Asimismo, si se logra transmitir que efectivamente se trata de un impuesto de una única vez, no daría lugar a la salida de capitales, ya que su base imponible es el patrimonio declarado a fines del año pasado. Si bien hoy no existen dudas de que ello sea así, existen casos de impuestos vigentes que nacieron bajo premisas “extraordinarias”.

Ahora bien, lo cierto es que nuestro país en 2019 contaba con una presión tributaria (recaudación respecto al PBI) del 28,4 por ciento, sin tener en cuenta los incrementos en Bienes Personales y Derechos de Exportación. Si bien estos niveles se encuentran en línea a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –entre los que figuran países desarrollados y en vías de desarrollo–, la misma podría considerarse alta ya que en la mayoría de ellas no hay en torno a un 40 por ciento de economía informal por lo que los impuestos recaen sobre toda la sociedad y no sobre una porción de ella, los servicios que presta el Estado son mejores y las estructuras tributarias se encuentran alineadas a favor del crecimiento y el desarrollo.

Además, la composición de la presión tributaria en Argentina es distinta a la de estos países. El peso de los impuestos progresivos, que gravan los ingresos o el patrimonio sólo alcanzan al 5,1 por ciento y 0,1 por ciento del PBI, respectivamente. En efecto, en comparación a los países de la región, somos los que menos presión tributaria tienen a través de ese tipo de impuestos. Sin embargo, al observar la presión tributaria total, nos encontramos en el podio dentro de la región debido a la elevada presión de los impuestos sobre la compra y venta de bienes y servicios (como el IVA, el Impuesto a los Créditos y Débitos e Ingresos Brutos a nivel provincial), que además son regresivos y distorsivos.

En síntesis, de lo anterior se desprende que ante las importantes urgencias fiscales, donde es necesario maximizar la capacidad para obtener financiamiento en el mercado de crédito local a tasas sostenibles para reducir la demanda de recursos al Banco Central, suena razonable también aprovechar los escasos márgenes disponibles a nivel impositivo a través de un impuesto extraordinario a los más ricos.

Ahora bien, hacia delante resulta fundamental que Argentina comience a mostrar previsibilidad en el terreno fiscal. En ese sentido, es necesario que el presupuesto que se presente el 15 de septiembre incluya un sendero de gastos y recursos que tienda al equilibrio con medidas concretas. A su vez, debería empezar a discutirse una reforma tributaria que ataque a las características de regresividad y distorsión de la estructura tributaria actual.

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