El ajuste de la Ciudad recaerá sobre los consumos con tarjeta

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Tras conocerse que el aumento de los fondos para la Provincia de Buenos Aires será financiado con dinero que recibía la Ciudad, el Gobierno porteño lanzó un paquete de medidas para compensar la pérdida. Entre ellas, se destacan los polémicos impuestos que alteran el funcionamiento de la política monetaria y afectan las compras con tarjeta, cuando Larreta tiene margen para incrementar los tributos a los más ricos.

A partir de esta semana, las compras que los porteños realicen con tarjetas de crédito abonarán un 1,2% extra por el Impuesto a los Sellos. Esta medida, presuntamente transitoria, fue tomada por el Gobierno de la Ciudad cuando el ejecutivo nacional decidió financiar a la Provincia de Buenos Aires con parte de los fondos que Horacio Rodríguez Larreta recibía en concepto de coparticipación. Esta decisión se concretó después de una protesta salarial de la Policía Bonaerense que escaló hasta la Quinta de Olivos, pero estaba en agenda desde el inicio del mandato presidencial. En efecto, a pesar de rechazar la medida y anunciar un plan de contingencia, el mandatario porteño no pudo haberse sorprendido por la noticia: el aumento de fondos para la PBA en detrimento de lo que recibe la CABA es algo que Alberto Fernández viene mencionando desde principios de 2020.

El escenario nacional

Pero recapitulemos un poco: ¿qué es la coparticipación? En Argentina, muchos de los impuestos recaudados por la Nación entran en el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) mediante el cual se comparte parcialmente lo obtenido por AFIP con los Estados Provinciales. Las Provincias, a su vez, tienen regímenes de coparticipación con sus municipios. La CFI -también conocida como laberinto de la coparticipación, por su grado de complejidad- cuenta con una primera etapa de distribución primaria, en que los impuestos se reparten entre Nación y el conjunto de Provincias, y una de distribución secundaria en que se asignan entre ellas.

El régimen de CFI actual data de 1988, cuando se sancionó la última reforma integral del sistema, y adjudica el 38,14% de la masa de recursos coparticipables a la Nación, el 60,86% a las Provincias y el 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (Ministerio del Interior). En ese entonces, se decidió deliberadamente reducir el porcentaje correspondiente a Buenos Aires, con la intención de desarrollar el interior del país y limitar el crecimiento poblacional en el conurbano bonaerense. Así, se redujo en más de 6 puntos la porción correspondiente a PBA, que pasó de obtener 28% del total a menos del 22%. Esto, lejos de solucionar el problema que se pretendía atacar, generó una situación injusta para los habitantes de la Provincia, que se intentó remediar con medidas como el Fondo del Conurbano en 1992 y las compensaciones fiscales desde 2018. Sin embargo, a pesar de ellas, Buenos Aires continuó siendo la Provincia que menos coparticipación por habitante recibe, aunque representa cerca del 40% del producto nacional y cuenta con elevados niveles de pobreza e indigencia.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires fue incorporada al régimen de coparticipación por decreto en 2003 con un porcentaje de 1,4% del total, ya que no tenía carácter de distrito autónomo en 1988. Este monto es reducido respecto al tamaño económico y demográfico de la Ciudad, pero su Administración no necesita coparticipar recursos ya que no contiene municipios, tampoco tiene un territorio extenso en el que construir rutas y no administra una caja previsional, como sí lo hacen muchas otras Provincias. Además, este coeficiente fue elevado a 3,75% (estableciéndose finalmente en 3,5%) por Macri en 2016, cuando se realizó el traspaso de la policía a la Ciudad. Según argumenta el Gobierno Nacional, este monto excedió al necesario para pagar los sueldos de los agentes transferidos, quedando un holgado margen adicional brindado por el expresidente a su distrito.

En ese contexto, Alberto Fernández creó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, equivalente al 1,18% de la coparticipación federal, que se restará de lo que recibía CABA. De esta forma, se redistribuirán recursos de la Capital hacia una Provincia con necesidades más acuciantes. Como respuesta, con más elementos políticos que argumentos económicos, la Ciudad presentó un paquete fiscal de contingencia que propone reducir gastos en obras, servicios y paritarias y, a la vez, gravar las operaciones del Banco Central y las compras con tarjetas de crédito.

 

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La lupa en la Ciudad

El primero de estos dos impuestos afecta las competencias de la máxima autoridad monetaria y por eso está pendiente de resolución judicial. En la práctica, haría que Miguel Pesce deba incrementar el retorno de los instrumentos que emite, funcionando como una transferencia de dinero creado por el BCRA directo hacia las arcas de la CABA. En cambio, el último ya está vigente desde el comienzo del 2021.

Este tributo, en rigor, es una aplicación del impuesto a los sellos que se encontraba exceptuada hasta el momento y ya se aplica en algunas otras Provincias como Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chaco. Con las nuevas normativas, los porteños y porteñas deberán pagar un 1,2% adicional sobre sus consumos en pesos o dólares con tarjetas de crédito, servicios asociados a las mismas, costos de mantenimiento e intereses sobre la refinanciación de pagos. Con esta política impositiva, el Ministerio de Hacienda de la Ciudad espera recaudar $7.700 millones (algo más del 1% de su presupuesto anual) aportados por los consumidores.

Este gravamen desincentiva el uso de los plásticos en favor del efectivo, alentando la informalidad. Luego de un año en que crecieron los pagos bancarizados y la digitalización por efecto de la pandemia, muchas operaciones volverán a realizarse en cash, lo cual hace más difícil su fiscalización para el pago de otros impuestos. Además, el encarecimiento de los pagos diferidos -en una o más cuotas- afectará a quienes aprovechaban esos plazos para alivianar la llegada a fin de mes.

En definitiva, motivado por la pérdida de recursos de dudosa correspondencia, el Gobierno de la CABA gravará a los consumidores en lugar de, por ejemplo, incrementar los impuestos patrimoniales. Estos (ABL y Patentes) rondan apenas el 15% del total ingresado por la Agencia de recaudación porteña. Incrementar su participación daría un sesgo más progresivo a su sistema tributario. En este sentido actuó el Gobierno Nacional a lo largo de 2020, con la suba de bienes personales, y 2021, con el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Con este tipo de tributos se hace caer el peso de los impuestos sobre quienes más tienen en vez de castigar al consumo.

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Joaquín Waldman

Economista y maestrando en economía (UBA), Analista en Ecolatina.

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