El descontrol de las cámaras de Larreta

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Horacio Rodríguez Larreta anunció en medio de la campaña que si vuelve a ser elegido en la Ciudad de Buenos Aires instalará 10 mil cámaras más con reconocimiento facial. En su informe anual de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la falta de controles y mecanismos de protección de datos personales y el crecimiento de los aparatos de inteligencia. “La experiencia del uso de esta tecnología no fue exitosa en ningún territorio”, aseguran. Las irregularidades de la empresa proveedora del servicio de análisis integral de video. El vínculo con Mario Montoto. El rol de la ministra Patricia Bullrich. Los falsos positivos.

Fotos de Sabrina Montero y Martín Macagno / GCBA / gv

 

En el debate de los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta anunció que en caso de ser reelecto en las próximas elecciones instalará 10 mil cámaras más con reconocimiento facial –actualmente el sistema sólo funciona en 300 dispositivos–. El proyecto se inscribe en una política de seguridad que impulsa la gestión de Cambiemos con el argumento de que para enfrentar los riesgos globales se necesita de nuevas tecnologías. La mayor capacidad de vigilar y recopilar información personal va de la mano de herramientas de investigación invasivas de la privacidad.  Esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a 40 años de su creación, presentó el Informe sobre los Derechos Humanos en la Argentina en 2019 y dedicó todo un capítulo para analizar el crecimiento de los aparatos de seguridad e inteligencia que implementan en distintos organismos del Estado sin ningún tipo de control, que pueden afectar la vida privada de las personas, sus actividades políticas y sociales en un contexto en el que “no quedan dudas sobre la existencia de una red extendida de intercambio ilegal de información de inteligencia, extorsiones, espionaje político, con fuerte inserción social”. ¿Más seguridad para los ciudadanos o mayor control de sus movimientos?

Larreta contrató en abril de este año en forma directa a Danaide S.A. por 1,5 millones de dólares para que provea el servicio de análisis integral de video. Esta empresa fue denunciada por Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2018, cuando trabajadores de la firma intentaron colocar tres cámaras y un domo en la esquina de su casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de las acusaciones, la compañía publicó un comunicado en el que consignó que presta servicios en proyectos de seguridad tecnológica para empresas privadas, entidades y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, tanto como contratista principal o como subcontratada desde hace más de 15 años. Y aclaró que ellos no deciden la ubicación de los equipos que instalan sino que las localizaciones del equipo son definidas por sus clientes –en este caso, el gobierno de la Ciudad–.

Lorena Pokoik, legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril de este año denunció: “La empresa elegida por Rodríguez Larreta para vigilarte con el software de reconocimiento facial es Danaide S.A., de estrechos lazos con Mario Montoto, proveedor de armas y equipamientos israelíes al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich”. Hernán Pablo Carzalo es el Presidente de Danaide S.A. Con Montoto, años atrás fueron socios en la firma Tecnoview S.A que también ofrecía servicios de Integración, desarrollo, diseño, implementación y comercialización de sistemas de video vigilancia, software aplicado, infraestructura, servicios y sistemas para seguridad, defensa o uso civil y comercial.

“Desde fines de 2015, la gestión de Patricia Bullrich promovió la política activa de inserción de la Argentina en la coalición global contra las nuevas amenazas –narcotráfico, terrorismo, migraciones y crimen organizado–. La ministra viajó en reiteradas oportunidades a los Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña para generar una agenda de trabajo con esos países, que incluyó acuerdos sobre seguridad, ciberseguridad, adquisición de tecnología e intercambio de información”, señaló el CELS en su informe. Y agregó: “Según esta lógica, el Estado debe incrementar su vigilancia sobre la población para protegerla de estos peligros indeterminados”.

La pregunta es hasta qué punto estos sistemas sirven para brindar mayor seguridad o para extender sus redes de vigilancia. Porque la denuncia de la ex Presidenta respecto a la instalación de cámaras a metros de su casa abrió una puerta más al debate sobre este tema. Las cámaras  forman parte de un sistema que permite recopilar información sobre la que los ciudadanos, los organismos de derechos humanos e incluso el poder judicial tiene hoy una opacidad total ya que con el argumento de preservar la seguridad nacional, las distintas dependencias del Estado, según dio cuenta el CELS, se niegan a responder los pedidos de información.

“El avance tecnológico abrió puertas a intervenciones estatales secretas que pueden afectar la vida privada de las personas y sus actividades políticas y sociales. La preocupación por el uso de estas herramientas y sus efectos en los derechos humanos y en la vida democrática es global. En la Argentina, aún falta desarrollar un marco regulatorio y mecanismos de control reales, mientras ya no quedan dudas sobre la existencia de una red extendida de intercambio ilegal de información de inteligencia, extorsiones y espionaje político con fuerte inserción estatal”, reclamó en su informe el CELS.

Stornelli, Montoto, EE.UU. e Israel

De hecho, una de las principales críticas respecto a la implementación del sistema de identificación facial, estuvo relacionada a que no se llevó la discusión al parlamento para elaborar protocolos y mecanismos de protección de los datos. “El sistema de reconocimiento facial es un programa enlatado aprobado por Diego Santilli que salteó todo tipo de controles –sobre todo las evaluaciones de impacto respecto a su uso–. En estos últimos seis meses el software mostró problemas respecto al amplio universo sobre el que opera la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNARC) y su falta de actualización, así como, en la cantidad de falsos positivos que arrojó el programa. Creemos necesario que el Ejecutivo porteño de un debate serio respecto al uso de este tipo de software que avanzan directamente sobre la privacidad y la presunción de inocencia de las personas. En este sentido, este tipo de medidas deben ser acompañadas por estrictas políticas de control y legislaciones que limiten su uso, tal como se hizo en otros países”, expresó la legisladora porteña Andrea Conde.

“El reconocimiento facial utiliza datos biométricos que son datos personales y por lo tanto requieren cuidado y protección en el marco de la legislación. Hay debates en el mundo. Por un lado hay una contradicción con la utilización de estas herramientas en el ámbito privado y en las aplicaciones, pero aparecen derechos vulnerados de las personas en lo que es la protección a la imagen en el espacio público donde las personas tienen una expectativa de anonimato y de circular por el espacio público sin suponerse que todos son sospechosos. Porque estas herramientas de vigilancia masivas de algun modo invierten la presunción de inocencia porque se controla a todos y no sólo a aquellos que de algún modo tienen alguna sospecha”, señaló a Nuestras Voces Julia Giorgelli, directora de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y agregó: “La tecnología facilita algunas cosas, tiene una potencia de penetración superior a la capacidad humana. Frente a estos sistemas se requieren auditorías para evitar intromisiones innecesarias en las vidas de las personas”.

En diálogo con Nuestras Voces, Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, señaló: “Por un lado están los posibles errores técnicos en la carga de datos, pero hay otras consideraciones que tienen que ver con la fragilidad en los sistemas de uso público en la Argentina que hacen que muy probablemente esta información vaya a terminar en las manos incorrectas, por lo menos. Los sistema más críticos del sector público son un colador. Hay cuestiones que tienen que ver con los derechos. No hay que seguir cediendo derechos en nombre de una falsa expectativa de la seguridad. El problema es un problema de derechos. Así como uno no debería ceder su derecho a huelga, a agremiarse o a participar de la vida política no debe ceder su derecho a la intimidad porque es un derecho fundamental. Y cuando te erosionan una cosa, te erosionan otra y después vienen los problemas técnicos. El problema central es de derechos”.

En relación al sistema de identificación facial, según el CELS “la experiencia del uso de esta tecnología en otros territorios no fue exitosa. Por ejemplo, en Gales del Sur hubo hasta un 92 por ciento de falsos positivos en un episodio reciente, según datos de la policía y 0 por ciento de efectividad en Nueva York, según un correo interno de la Autoridad Metropolitana de Transporte al que el Washington Post tuvo acceso. Los falsos positivos no son inocuos: obligan a las personas sospechadas a demostrar su inocencia. En la CABA, el reconocimiento facial masivo no pasó por la Legislatura ni implicó algún tipo de discusión política”. Y más adelante agregó: “La expansión del aparato de seguridad y de inteligencia, así como la lógica del secreto justificado en la seguridad nacional tienen consecuencias bien concretas: restringe derechos y propone un Estado menos democrático”, sostuvo el CELS

El negocio detrás de los parquímetros

Si bien en un artículo publicado a pocos días de implementarse el sistema de identificación facial este medio dio cuenta de diversos casos de detenciones a personas inocentes al día de hoy, fuera de los casos que tomaron estado público en redes sociales o en algunos medios que dieron cuenta de esas historias, no hay un registro oficial de las detenciones o demoras efectuadas por error y que llevó a personas inocentes a estar hasta seis días privadas de su libertad.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad elaboraron un informe en el que señalaron que el “sistema tiene diversas deficiencias en el marco de esta nueva modalidad de identificación, lo que ineludiblemente redunda en detenciones llevadas a cabo por los distintos errores que la base de datos presenta. Estas irregularidades quedan notoriamente de manifiesto cuando se procede a la interceptación de ciudadanos que finalmente no resultan ser las personas requeridas judicialmente”. Esto se debe a que en los juzgados cargan números de documento que no coinciden con las personas que el Poder Judicial requiere y se procede a la detención de las personas cuyo número de DNI efectivamente cargaron o no dan de baja los pedidos de captura de personas que fueron sobreseidas en las causas judiciales por las que se las investigaba.

Leonardo Colombo Vina y Daniel Leonardo Frey, fueron interceptados ante la supuesta orden de detención arrojada por el Sistema de Reconocimiento Facial de prófugos, donde los números de documentos eran erróneos por un error de carga en la sede judicial. Guillermo Federico Ibarrola estuvo detenido durante seis días como consecuencia de un error en los datos comunicados por el Poder Judicial de Bahía Blanca al Registro Nacional de Reincidencia. “La gravedad del caso es que de las denuncias efectuadas se evidencia que la modalidad y la tecnología aplicada para la identificación de prófugos (vinculadas en particular con las bases de datos utilizadas) derivaron en vulneraciones de derechos fundamentales de las personas, como la libertad”, señaló la Defensoría que requirió a los distintos juzgados que depuraran la base de datos.

A partir de aquel pedido y de los casos erróneos que se identificaron, la base de datos del CoNaRC que en abril contenía a 45 mil personas, según datos del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente se redujo casi a la mitad: hoy hay 24 mil personas registradas en el sistema.

De las 1631 personas identificadas desde la implementación del sistema, sólo 329 quedaron detenidas. Las otras 1302 fueron demoradas y en cada caso el juzgado señaló que no debían quedar privadas de la libertad, pero no hay registros de los motivos de esas demoras.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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