La política de ajuste con crueldad mata en la ciudad de Larreta

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Muerto a golpes de guardias de seguridad de Coto por robar un queso, un aceite y dos chocolates en San Telmo. Muerto de una patada policial por obstruir el tránsito en San Cristobal. Muerto de frío por dormir en la calle en Monserrat. Qué dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre las muertes ocurridas en su distrito de las que habla todo el país: nada. En cambio, en un evento oficial de reparto de tablets para jubilados, ayer aseguró: «Vamos a seguir trabajando para que todos vivan mejor en la Ciudad». ¿A quién excluye Larreta cuando dice «todos»?

Foto: Alejandra Iriarte

Dos chocolates, un queso fresco de 500 gramos y una botella de vidrio de aceite de oliva de 500 mililitros. Ese fue el pecado mortal. Dos chocolates, un queso fresco y un aceite de oliva fueron suficientes para que dos guardias de seguridad privada del supermercado Coto del barrio de San Telmo mataran a golpes a Vicente Ferrer «por robar». Y si se suma que el hombre tenía 70 años y demencia senil, el hecho es aún más cruel. Pero Vicente Ferrer no es solo Vicente Ferrer. También son Jorge Martín Gómez, Pablo Kukok y otras tantas víctimas de un sistema político y económico de ajuste y violencia que tienen nombre y apellido y cuyo destino final no es otro que la muerte. En tiempos de gobiernos neoliberales el valor de la vida parece estar absolutamente distorsionado. Y pese al “palazo” —la frase fue utilizada por el propio Presidente— que significó el resultado de las PASO, la represión y el linchamiento por mano propia siguen siendo banderas que levanta el equipo de Cambiemos de cara a ocubre. 

El viernes 16 de agosto, alrededor de las siete de la tarde Ferrer se había llevado esos productos sin pagar. Dos empleados lo corrieron, en el forcejeo lo tiraron al suelo y lo golpearon. 

Nicolás Ramos, vecino del barrio y fotógrafo volvía caminando a su casa con su perro cuando a la altura de la calle Brasil al 500 vio a Ferrer tirado en el piso rodeado de policías. Él fue quien sacó la foto que luego se replicó en las redes sociales y en los medios de comunicación en donde se ve a Vicente tirado rodeado por policías y una estudiante de medicina que intentaba reanimarlo. Según el portal Cosecha Roja “Lo primero que pensó Ramos es que le había pegado la policía. Una mujer que trabaja en la panadería le contó lo que había pasado. ´Me dijo que el señor salió corriendo del Coto y lo persiguieron los de seguridad y un empleado. Al lado de la panadería lo interceptaron, lo tiraron al piso y empezaron a patearlo. Él gritaba que no le pegaran. Logró levantarse y se desvaneció´, dijo Nicolás. Cuarenta y cinco minutos después murió en el Argerich”.

Tres días después de aquel episodio —aunque públicamente se conocieron al revés— se vio un video en el que un policía de la Ciudad mataba de una patada fatal a Jorge Martín Gómez, un hombre que se encontraba en supuesto estado de ebriedad y que caminaba sobre la bicisenda de la calle Carlos Calvo al 2500, entre Saavedra y Alberti en el barrio de San Cristóbal. Las justificaciones de la intervención policial aluden a que el hombre interrumpía el tránsito amenazante con un cuchillo, pero las imágenes, viralizadas en el video contradicen el argumento. Mientras que familiares de la víctima desmintieron la información policial, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, defendió la actuación del uniformado. Por caso, al conocerse la excarcelación del uniformado, también habló la ministra de seguridad, Patricia Bullrich quien no sorprendió con sus declaraciones a favor, por supuesto, del policía: “Cuando un policía termina con una amenaza está haciendo lo correcto —dijo en declaraciones radiales— el policía estaba protegiendo a los ciudadanos de una persona que estaba en una situación amenazante y violenta contra los ciudadanos. Uno no puede ver solo el video, sin entender el contexto de que se trataba de una persona que estaba generando una amenaza”.

En San Cristobal, el 1º de junio pasado, un hombre en situación de calle murió de frio. Lo hallaron en Perú al 400, en Monserrat. Los números inidcan que las personas en sitaución de calle no paran de crecer en la Ciudad mientras los sistemas de contención y pernocte se reducen al ritmo del ajuste.

Mientras tanto, el jefe de gobierno porteño, responsable político de la policía, partícipe del ajuste, sigue manteniendo un llamativo silencio sobre estos temas. Ayer, en cambio, participó de un evento de entrega de tablets para adultos mayores. Y lanzó: «Es importante que las tablets sean una manera de relacionarse y estar en contacto con los otros, por eso vamos a seguir trabajando para que todos vivan mejor en la Ciudad», expresó Rodríguez Larreta. ¿A quién excluye el «todos» de Larreta?

Los “militruchos” de Macri y Larreta

Doctrina Chocobar

El envalentonamiento de la policía, matar literalmente a golpes, no es casual, no es aislado. Desde que el policía Luis Chocobar mató a Pablo Kukoc—un joven de 18 años que le había robado una cámara a un turista en el barrio de La Boca—y fue recibido con honores por el propio Presidente de la Nación se inauguró desde el poder político el aval para que la policía actúe de esta manera. 

Para la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, “el incremento de la violencia va de la mano de lo que sucede cuando se hace de la violencia una política de Estado y eso hizo este gobierno. Utilizó la violencia y trato de revivir en la sociedad las doctrinas de la época de la dictadura. La idea del enemigo interno, el individualismo y las denuncia permanente representado por ejemplo, en promover líneas de teléfono en donde vos podes denunciar a cualquiera, con esta idea de que cualquier ciudadano puede ser un buen policía. Y Nosotros no creemos eso. El único presupuesto que creció en la Ciudad de Buenos Aires es el de la seguridad con más cámaras, drones, camiones inteligentes para que la represión sea más efectiva. Pero a contramano, en la ciudad hay cada vez más robos y más situaciones de violencia”. 

Según explicaron a Nuestras Voces Matías Busso y Natalia D’alessandro de la Asociación contra la Violencia Institucional, “debemos tener en claro que el asesinato a golpes por parte de personal de Seguridad Privada del supermercado COTO tiene responsabilidades políticas. Por empezar, en el Gobierno de la Cuidad donde debería funcionar la Dirección General Seguridad Privada que es quien tiene a su cargo la regulación y el control de la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad privada en el territorio de la Ciudad y que hasta el momento no ha tenido intervención alguna. Pero, además la implementación de un modelo de ajuste que empuja a un gran porcentaje de los habitantes a la indigencia conforman un modelo de hambre estructural”. Y agregan: “Desde el momento en que el Presidente recibe en la Casa Rosada a Chocobar fue tomando fuerza el discurso legitimante de la violencia institucional se transformó en una política de estado y se tomaron medidas institucionales concretas, como por ejemplo el dictado de la Resolución 956/2018 mediante la que se habilita al personal policial, entre otras cosas, a disparar por la espalda. Este discurso por parte del poder político genera un recrudecimiento de la violencia social a nivel general. O sea que, no solo repercute de manera directa en el personal policial y de las fuerzas de seguridad, sino que también tiene consecuencias en la sociedad toda. Se genera un clima en el que cualquier medio es adecuado para defender ´lo nuestro´, un ´vale todo´, se refuerza la idea de los otros como peligrosos, como enemigos”. 

Larreta: nuevos pobres como nunca antes

En ese sentido, la legisladora porteña Andrea Conde también entiende que el accionar policial está respaldado por el poder político: “Rodríguez Larreta no aparece, no da ninguna respuesta, se esconde. Esta intensificación de la violencia es responsabilidad de este gobierno que naturaliza la crueldad, que con sus políticas crea las condiciones para el hambre y después reprime las consecuencias”.

Según un informe que reveló El Destape,  a raíz del procedimiento de flagrancia— Ley que se aprobó en 2016—“llevó a que en lugar de que surjan causas complejas, se judicialice la pobreza, ya que el relevamiento realizado muestra que mientras en 2018 aumentaban los procedimientos sobre personas que se encuentran en situación de marginalidad, en situación de calle este año aumentan los hechos no ya sobre personas en situación marginal, sino aquellos que tienen trabajo en blanco o trabajo”. El informe al que accedieron los periodistas Florencia Alcaraz y Ari Lijalad lo elaboró la fiscal Mónica Cuñarro quien no carga las culpas sobre el personal policial sino sobre las autoridades políticas “la falta de calificación de los sumariantes policiales que se evidencian, y que no es su responsabilidad, sino de quienes creen que cambiando nombres y sacando leyes parches se pasa a tener una buena policía de investigación con capacitación y recursos cero”.

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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