Larreta le dice «chau» al Río y avanza con la privatización de Costanera Norte

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El proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para rezonificar Punta Carrasco y Costa Salguero y permitir la construcción de un muro de cemento junto al Río pasó ayer su primer trámite en la Legislatura. Urbanistas advierten que podría subir la temperatura de la ciudad y complicar las inundaciones, pero los negociados inmobiliarios y la privatización de tierras públicas no tienen freno. La UCR-Evolución y el Socialismo votaron junto a Cambiemos. El Colectivo de Arquitectas advirtió que se viola el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, que indica que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le dio la primera aprobación al proyecto del Poder Ejecutivo que rezonifica los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco y habilita la construcción de viviendas lo que da vía libre para la realización de un barrio náutico. La Ley N° 2094-J-2020 modifica la normativa urbanística y permite un emprendimiento inmobiliario de diez edificios que puede tener alturas entre 12 metros (en el caso de Punta Carrasco) y 29 metros ( en Costa Salguero) en el margen del Río de La Plata. El proyecto obtuvo 35 votos a favor de los bloques  Vamos Juntos, Partido Socialista y UCR-Evolución ( que lidera a nivel nacional Martín Lousteau) y 22 en contra del GEN, Frente de Todos, FIT, PTS, Consenso Federal, AyL y Partido Obrero. Para completar la aprobación se realizará una audiencia pública y un nuevo tratamiento en el recinto para que sea aprobado en segunda lectura. Además, se aprobaron dos convenios urbanísticos que permiten aumentar las alturas de futuras edificaciones en predios de Palermo y Villa Crespo. 

La iniciativa generó un fuerte rechazo de la oposición y también de organizaciones civiles y ambientalistas, que advierten sobre la pérdida definitiva de la mirada al río y la reducción del espacio público.  El legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña afirmó que “se pierde un espacio que no se va a poder recuperar”.  “Al permitir construir edificios de 10 pisos van a hacer una barrera que impedirá el acceso al río. Hoy teníamos  la oportunidad de recuperar ese acceso al río que está concesionado hace 30 años y lo estamos desaprovechando por un negocio inmobiliario en un espacio que después no vamos a poder recuperar”, indicó el diputado a Nuestras Voces en referencia a la concesión que se vence en el 2021.

Larreta y otro «negociado inmobiliario esencial» para Mindlin en Bajo Belgrano

La coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) , María Eva Koutsovitis, advirtió sobre el impacto ambiental que genera este emprendimiento. “La ciudad ahora afronta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor porque está fundada sobre caudalosos arroyos. El Plan 2020 de Adaptación y Mitigación de la Ciudad de Buenos Aires advierte sobre estos dos peligros, por lo tanto es un contrasentido absoluto, en el marco de la agenda climática, que estemos privatizando el borde costero. Debería estar destinado a un espacio verde público que además nos proporcione biodiversidad, que sea de acceso irrestricto para el disfrute del conjunto de las porteñas y los porteños y que, además,  nos permita poder mitigar las olas de calor y las inundaciones”, explicó Koutsovitis a este medio. 

“La venta de este predio además de la pérdida definitiva de la costanera está implicando una densificación poblacional constructiva en todo el eje costero y el Gobierno porteño ya ha anunciado que van a proyectar un colector cloacal norte para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que van a construirse sobre estas tierras públicas vendidas. Mientras tanto, 1 de cada 7 porteñas y porteños que habitan los barrios populares, villas y asentamientos no acceden formalmente a los servicios públicos. Por lo tanto seguimos consolidando una ciudad estructurada en la desigualdad, además de esa desigualdad histórica entre el norte y el sur ahora estamos generando una nueva desigualdad socio-urbana estructurada ahora entre una ciudad ribereña y una mediterránea”, agregó la académica. 

Uno de los argumentos del oficialismo es que la concreción de este proyecto surge de un concurso nacional de ideas en el que  participaron la Sociedad Central de Arquitectos, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires que eligieron la propuesta de  Valeria Frank y Federico Minichetti. Sin embargo, aquí también existen objeciones. El legislador del GEN Sergio Abrevaya indicó que las bases del concurso fueron hechas en base a una normativa inexistente que es la que se busca aprobar ahora. “Se han hecho mal las cosas en relación a los tiempos, porque cuando se votó el año pasado la posibilidad de la venta tenía una norma aplicable de construcción y se hace el concurso meses después con otras normas que no existían, que no las tenían. Se hace con una base como si tuviese otras normas de construcción. Terminan el concurso y como el concurso dice con viviendas, cambiemos las normas. Pero no, está mal hecho el concurso”, explicó Abrevaya en diálogo con este portal en referencia a la ley sancionada en diciembre de 2019 que aprobó la venta del 35% de los terrenos en Punta Carrasco y Costa Salguero en la Costanera Norte.

Abrevaya también resaltó el impacto económico que generará la construcción de viviendas lujosas en esa zona. “Yo no veo mal que haya comercios, eso me parece bien porque le da vida a la Costanera, pero la construcción de viviendas tiene dos impactos. Uno el medioambiental porque estás construyendo eso en el río porque como es una saliente tenés más de 15 metros del Camino de Sirga que dejan libre pero el desagregado está delante de la costa, entonces termina tapando todo. El segundo es el impacto que tiene sobre los precios porque cada vez que construís vivienda cara en la ciudad levanta los precios inmobiliarios. La Capital Federal tiene un serio problema, que es que el 35% de la población alquila y necesita poder acceder a la vivienda de una manera más fácil. Lejos de que eso suceda se lo estamos complicando con Costa Salguero”, indicó Abrevaya en diálogo con este portal. 

El modelo de negociados Larreta no cambió ni por el coronavirus

Desde Vamos Juntos defendieron el proyecto. Durante la exposición, la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, indicó que el proyecto impulsado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larret, permite “revitalizar el Río de la Plata como elemento urbano fundamental y recuperar la relación entre el río y la Ciudad como establece el Plano Urbano Ambiental».  

“Es mentira que nosotros queremos privatizar el acceso a la costa. Lo que queremos es recuperar el acceso de todos los vecinos y todas las vecinas a la Ciudad de Buenos Aires al río. Pero también son los mismos diputados que tampoco permiten el desarrollo urbano, el desarrollo económico y que no quieren que esta Ciudad siga avanzando que siga generando espacios urbanos, áreas urbanas donde se puedan generar comercios, generar infraestructura urbana y desarrollo económico”, indicó.

Sin embargo, desde el Colectivo de Arquitectas presentaron una carta con 342 firmas en la que advierten que esta ley viola el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, que indica que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

Por su parte, el legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución Martín Ocampo defendió la idea de vender  “inmuebles que no tengan ningún tipo de utilidad social”. “El Estado tiene como objeto la realización del bien común y para la realización del bien común tiene que tomar herramientas entre esos la realización de bienes porque con eso va a consumar políticas públicas que van a mejorar la calidad de vida de los argentinos que viven y transitan en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos un rol de Estado activo no un Estado conservador que entienda que se tiene que tener inmuebles por tener inmuebles y que esos inmuebles no tengan ningún tipo de utilidad social”, indicó durante su exposición.

Otros negoociados

También se aprobaron dos convenios urbanísticos sobre los terrenos de la ex sastrería militar del barrio de Palermo (en la zona de Las Cañitas) y un predio en el barrio Villa Crespo, lindero con las vías del Ferrocarril San Martín. Este convenio entre el gobierno porteño y desarrolladores inmobiliarios privados permite elevar las alturas permitidas en los edificios a cambio de dinero.  Como contraprestación, el Estado porteño recibirá, en el primer caso, 2,5 millones de dólares y un millón por el polígono delimitado por las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín, a 37 metros. El diputado Barroetaveña criticó ambos convenios y señaló con especial atención del de la ex sastrería militar “Ellos hacen un convenio para cambiarle la normativa y permitirle construir 45 pisos en lugar de 10 a cambio de que ceda un terreno para una plaza, que era un terreno que era del Estado Nacional. Si era un terreno necesario para una plaza no se entiende porque lo vendieron antes. Como no pueden aprobar más ventas porque no les dan las mayorías, buscan cambiar los convenios sobre los que ya tienen, permitirle construir más metros cuadrados y esa manera obtener mayor ganancia”, afirmó.

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