Los trabajadores precarizados de Larreta

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Los agentes de «prevención» de la ciudad de Buenos Aires son parte de la política de «cercanía» con el vecino de Horacio Rodríguez Larreta. Deben cuidar a los chicos que salen de las escuelas, pero reciben salarios por debajo de la línea de pobreza. No tienen ART. Cada 15 días están obligados a hacer guardias sin horas extras. Ni siquiera les dan dos mudas del uniforme. Y si tienen un accidente laboral, sus supervisores les obligan a firmar un documento «deslindando» responsabilidades del Estado. “Tenemos un uniforme que es igual al de la Policía, pero no tenemos ni herramientas ni capacitación para enfrentar las situaciones difíciles”, explican. Hoy habrá una asamblea. Flexibilización modelo Cambiemos.

Precarizados, maltratados, perseguidos, indefensos y sometidos. En esa situación se encuentran alrededor de mil agentes de prevención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Con salarios por debajo de la línea de pobreza, además de las prestaciones de lunes a viernes los obligan a realizar cada 15 días guardias en eventos los fines de semana. No les pagan viáticos ni horas extras, a pesar que la resolución 34/MJYSGC/19, del 14 de enero de 2019, dispone que por cada hora de servicio discontinuo deben percibir 155 pesos y por cada hora de servicio continuo deber cobrar 120 pesos. Hace dos años y medio no les renuevan el uniforme y tienen que trabajar todos los días con la misma ropa, los que tuvieron suerte de recibir una muda. Tampoco tienen ART y si los supervisores descubren que tuvieron un accidente de trabajo antes que el SAME, los buscan en las camionetas de la dependencia y los obligan a firmar un documento en el que deslindan responsabilidad del gobierno. Pocos días atrás, un trabajador que debió extender su licencia por más de 45 días producto de un accidente que sufrió dirigiéndose al trabajo, fue despedido.

Por temor a perder el trabajo por dar cuenta de las condiciones en la que los obligan a realizar sus tareas y en virtud de la situación de alta vulnerabilidad de sus modalidades de contratación, todas las personas consultadas prefirieron que no se revele su identidad. Con contratos de enero a diciembre, que deben renovarse año a año, los trabajadores deben facturar como monotributistas. Si bien el salario es de 21.750 pesos, muchos de ellos aseguran que a la hora de revisar su resumen de cuenta, se encuentran con descuentos de entre quinientos y mil pesos. Cuando consultan al banco o a la propia dependencia en la que prestan servicio, nadie les da una respuesta del lugar al que fueron a parar esas sumas de dinero. Además entre los gastos de la AFIP y la Agencia de Ingresos Públicos de la Ciudad pierden alrededor de 3000 pesos. Si viven en provincia, por el convenio multilateral que existe con CABA, el impuesto es aún más alto. Si a eso se le suman los viáticos que oscilan entre los 800 pesos mensuales para los que tienen la suerte de tomar un solo transporte y 3000 para los que viven en zonas más alejadas del conurbano, los ingresos son aún menores. Algunos relataron a Nuestras Vocesque deben pagar tres boletos distintos para llegar al trabajo. Además, los cambian de lugar sin considerar dónde viven, el tiempo ni el costo del viaje. Con suerte en mano les quedan entre 15 y 17 mil pesos. El valor de la Canasta Básica hoy es de 32 mil.

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El trabajo consiste en estar durante siete horas cubriendo la entrada y salida de las escuelas y caminando ida y vuelta por un sendero asignado de alrededor de seis cuadras, que está en las inmediaciones de los colegios. Durante las vacaciones los envían a cubrir senderos turísticos. Para ingresar como agentes de prevención deben realizar un curso en el Instituto de Seguridad Pública. “La instrucción que brindan no tiene que ver con lo que uno enfrenta en la calle”, dijo Ayelén, nombre ficticio de una de las trabajadoras del área que dialogó con Nuestras Voces. “Tenemos un uniforme que es igual al de la policía, pero no tenemos ni herramientas ni capacitación para enfrentar las situaciones difíciles”.

Hace unos meses María –otra de las trabajadoras consultadas y cuyo nombre real también es otro— estaba en la calle prestando servicio cuando presenció una salidera bancaria. Una de las motos pasó rozándole el cuerpo. “Creo que tuve la suerte que no me viera. Atiné a meterme en un negocio y me comuniqué con el 911 para avisar del hecho y dar la descripción de los asaltantes. Después fui a socorrer a la víctima que estaba en shock. El color de la campera que usamos es idéntico al de la policía, solo cambia el color de las mangas. El pantalón y las botas son las mismas. La gorra que usamos nosotros dice BA y la de los policías tiene el símbolo de la fuerza. Pero la diferencia es mínima y en nuestro caso no estamos autorizados a intervenir. Si hay un robo o una riña no podemos hacer nada más que avisar por el teléfono que tenemos. Nuestra tarea es mirar a los chicos cuando salen de la escuela y servir de GPS a la gente. Cada tres meses nos capacitan en las normas que rigen la convivencia en la ciudad, entre ellas la que obliga a quienes tienen mascotas a que levanten la caca de la vereda”, detalló. “Yo tengo experiencia en otras fuerzas de seguridad, pero en la instrucción lo único que te enseñan es a cómo caer si te empujan. No te dan herramientas para defenderte. El parecido de los uniformes con la policía nos pone en riesgo, pero es para hacerle creer a la gente que en la calle hay más policías. Cuando nos mandan a eventos deportivos nos exponen muchas veces en la entrada de las canchas. Si a alguno le salta una alerta lo único que podemos hacer es levantar la mano para avisarle a algún policía. En una época me mandaron a Constitución. Recibí amenazas y piedrazos. Cuando le pedí ayuda a los policías que estaban en la zona me preguntaban para qué iba a ese lugar. Me mandaron ahí sola”.

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Al ser monotributistas, los Agentes de Prevención no tienen ni obra social ni ART. Hace pocas semanas Rubén –cuya verdadera identidad es otra pero a pesar de ya estar desvinculado del área tiene temor a que se exponga su nombre– fue despedido después de tres años de prestación de servicios. En diciembre de 2018, cuando iba hacia su trabajo en moto una camioneta lo encerró, chocó y quedó tirado en el piso. Esperó casi una hora la llegada de la ambulancia. Cuando su supervisor comenzó a enviarle mensajes porque no había llegado a su puesto de trabajo en el horario correspondiente, le envió fotos y le explicó la situación que estaba atravesando. “Bueno, recupérate y avísame”, le escribió su jefe mientras todavía esperaba que lleguen a asistirlo. “Casi me tienen que amputar el dedo y me tuvieron que dar puntos en la rodilla”. Al día siguiente volvió al trabajo. “No te podes ni enfermar”, sostuvo. Meses después del accidente los dolores se volvieron insoportables. Se hizo radiografías, resonancias y otros estudios. Los médicos identificaron un problema en su espalda y le indicaron que hiciera reposo y rehabilitación. Por haber tomado más de 45 días de licencia lo convocaron de recursos humanos y lo despidieron. A pesar de haber reportado en su momento el accidente a su supervisor, en el área que maneja el personal no tenía ni registro. Le dieron dos opciones, o reincorporarse a pesar de necesitar reposo o darse de baja para que luego el gobierno de la Ciudad evaluara su reincorporación.

Una compañera de María tuvo un accidente en una vereda que estaba siendo arreglada por el propio gobierno. Llamó al SAME. La ambulancia no quería trasladarla al hospital porque su caso no era de gravedad y le sugirieron que llame a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Estaba con el uniforme y en horario de trabajo. Explicó que no tenía ningún tipo de cobertura. La chica insistió que no se podía mover y rogó para que la llevaran. Cuando la estaban por atender su supervisora llegó al hospital y la recriminó por no haberle avisado. “Unas semanas antes otra agente de prevención se había accidentado y en lugar de llevarla a un centro médico la recogieron con la camioneta de la dependencia y en la oficina le hicieron firmar un papel en el que decía que el gobierno no era responsable. Esta chica conocía ese caso y sabía que si iba al hospital iba a quedar registro. El golpe que se dio al caer fue muy fuerte y le dieron descanso jueves y viernes y le recomendaron que el lunes fuera al médico nuevamente. No se lo dieron por escrito, pero su jefa estaba ahí. A los tres meses la llamaron para decirle que las faltas de esos días no tenían justificación y como constantemente cambian de lugar a los jefes tampoco estaba más esa supervisora. Por suerte tenía el teléfono y de milagro le perdonaron la falta. Pero si no te descuentan el día o te sancionan y a los tres informes que te hacen consideran que tienen motivos para rescindirte el contrato en cualquier momento del año”, explicó María.

“La situación de persecución que vivimos es permanente”, aseguraron los agentes de prevención. Los controlan a través del teléfono que les brindan. “Muchas veces no funcionan bien y nos pasan llegadas tarde o faltas porque los dispositivos fallan. Tampoco podemos intercambiar ningún diálogo con otro compañero. Si ven por la geolocalización que hay dos teléfonos en el mismo lugar, también nos sancionan. Nos siguen a través de los teléfonos, de los domos, de los supervisores y otras veces a través de agentes de civil. No podemos dejar de caminar. Sólo podemos parar un rato cuando salen o ingresan los chicos en la escuela. Después tenemos que estar caminando todo el tiempo, incluso cuando llueve, aunque no tenemos la vestimenta adecuada”, se quejó Ayelén. “Tampoco podemos hablar con los policías, ni siquiera para intercambiar información de algún hecho que haya ocurrido. No nos permiten hablar con comerciantes. Si aceptamos un café, también nos sancionan”, contó María. Un compañero del área fue sancionado una semana antes que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich pidiera bajarle un té al policía de la esquina. Los gestos de buena voluntad que una de las responsables de la doctrina Chocobar reclama a la sociedad no pueden tener como destinatarios a quienes deben cuidar a los niños a la salida de las escuelas.

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Quienes se desempeñan en el sector de Senderos hace más de tres años recibieron al momento del ingreso un solo uniforme compuesto por  una remera, un pantalón, una campera de algodón, una campera de abrigo y la gorra. Todos los días tienen que usar la misma vestimenta. “En invierno por ahí aguanta más, pero en verano con la transpiración es más difícil”, contó María. Cuando despiden a algún compañero, en general le entrega la ropa usada a otro. En la mayoría de los casos está rota, pero entre eso y nada, prefieren usarla. “Este verano una compañera que sólo tenía una campera le cortó las mangas para hacerla chaleco”, relató. ”Los nuevos ingresantes apenas reciben un chaleco. En invierno no tienen ningún abrigo. Si ponen las manos en los bolsillos para protegerse del frío, los sancionan”, contó una de las trabajadoras.

“Te sancionan por cualquier cosa. Por pararte debajo de un techo cuando llueve, a pesar que no tengas la vestimenta adecuada; por mirar la hora en el celular, por comprar un chicle en un kiosco. Si vamos al baño tenemos que pedir permiso. Si por ejemplo entramos a un lugar y tenemos que esperar porque hay otra gente y tardamos mucho, tenemos que avisar. Son sanciones que en realidad no tienen validez porque encima somos monotributistas, pero para ellos son motivo suficiente de desvinculación. Una compañera que vive en el oeste no pudo ir un día a un evento que le habían asignado un fin de semana. El barrio en el que vive estaba inundado, le mandó fotos a la supervisora explicándole que no podía salir de su casa. Como el lunes no llevó un certificado médico la sancionaron. Pero faltó porque no podía salir, no por estar enferma. Todo el año vemos despidos de compañeros”, contó María.

Además del maltrato cotidiano, los trabajadores del área ven su situación agravada por la crisis económica. Ayelén tiene tres hijos, todos menores de edad. Si bien está separada, los padres de los chicos algo ayudan, pero igual no alcanza. Hace pocos días tuvo que elegir entre pagar la matrícula del hijo más grande o arreglar el agua caliente. Optó por lo primero. Se tienen que ir a bañar a otro lugar ya que en pleno invierno en su casa sólo hay agua fría. “Suprimí todo. Estos últimos cuatro años sólo le compré zapatillas dos veces a la más chica. El colegio a los más grandes se los paga el padre, a la tercera la tuve que pasar al colegio municipal. Apenas cobro compro algo de yogurt y carne, lo justo y necesario”.

Comenzó a trabajar en el área hace seis años. Relató que el aumento que recibió año a año apenas permitió cubrir el aumento del pago del monotributo que dispone la Agencia Federal de Ingresos Públicos. La carga horaria es de siete horas de lunes a viernes. Si a eso se suma el tiempo que se demora en ir o volver del trabajo y las guardias que deben hacer cada 15 días en horarios que les comunican apenas 24 o 48 horas antes y que pueden ser de día o de noche y en cualquier lugar de la ciudad, tener otro trabajo no es sencillo. Y eso sin contar el incremento de la desocupación. “Tengo una compañera que tiene dos trabajos, pero con sus hijas solo pueden comer una vez al día. Hay muchos compañeros que viven en habitaciones. Los que tienen un crédito hipotecario no lo pueden pagar. Muchos no llegan a cobrar la asignación familiar porque si no están al día con el monotributo, no se los pagan. Los contratos terminan en diciembre y muchas veces se demoran las renovaciones. En las vacaciones mi hija iba a la heladera, abría y cerraba la puerta, pero no había nada. Es triste, humillante, frustrante. Porque además, no es que uno no trabaja”.

“El sueldo no alcanza. Optamos por comer una vez al día, sólo la cena. A las nenas sí les hacen algo al mediodía. Por suerte tengo la casa de mis papás”, contó María –nombre también ficticio–. Es madre soltera, tiene dos hijos y vive con sus padres que son jubilados. Su hermano está desocupado hace un año. Ella trabaja como agente de prevención hace casi tres años. No es la única de su área que tuvo que suprimir comidas. Otra compañera, que tiene tres horas de viaje, se pasa la noche cosiendo. Tampoco le alcanza para mantener a la familia. Otra trabajadora del área, que es madre, los fines de semana a la noche hace de patovica.

En el distrito más rico del país, los trabajadores que deben velar por la seguridad de los niños en las escuelas, viven precarizados, humillados y hambreados.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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