Política de odio y desidia de Larreta con los sin techo en la Ciudad

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Una mujer en situación de calle fue quemada bajo la autopista en Constitución mientras dormía en una ranchada sobre la calle Virrey Ceballos. Una semana después no se sabe su nombre, ni su edad: no estaba registrada por ningún equipo de asistencia de la Ciudad. Solo queda de ella una mancha negra en la pared de ladrillos a la vista y una causa caratulada como “muerte dudosa”. Las organizaciones de trabajo solidario denuncian las «consecuencias de la política de odio y desidia» de Horacio Rodríguez Larreta, que sigue sumando muertos en situación de calle. 

El sábado 4 de julio a la noche, un vecino vió llamas y se comunicó con los bomberos. Después de apagar el incendio observaron los restos de una persona carbonizada. Intervino la Comisaría Vecinal 1C, que está a tres cuadras del lugar. La muerte tomó estado público luego de que la Asamblea por los Derechos de las Personas en situación de Calle lo denunció en sus redes sociales. El domingo por la mañana, voluntarios de la organización Sopa de Letras, que recorre las calles todos los días, vieron la mancha negra en la pared y restos de cenizas en el lugar donde habitualmente había una ranchada. Les llamó la atención y fueron averiguando datos, como armando un rompecabezas. Empezaron a preguntar a gente del lugar, averiguaron los ingresos y los egresos en los hospitales hasta que finalmente comprobaron que la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 52, a cargo de Romina Monteleone, investigaba la muerte de una persona en situación de calle . Desde la Asamblea lo calificaron como un “crimen de odio” habilitado por los discursos estigmatizantes sobre las personas en situación de calle. 

“No sabemos más que lo podemos ir recopilando. No tenemos datos de la persona, aparentemente fue un vecino del barrio. Creemos que no es una excepción sino que es sistemático. Es una bajada de línea del Gobierno de la Ciudad que reproduce discursos de odio y de hambre a través de sus políticas públicas. Ese discurso habilita otros discursos de odio, de xenofobia, de transfobia y  pone a los compañeros en situación de calle en un lugar de criminalización y de estigmatización. Esto habilita a la sociedad a hacer este tipo de actos y ahí es donde salimos las organizaciones  a exigir que se investigue a los responsables por este tipo de actos con la gente en situación de calle”, afirmó a este medio Mariano Paz, integrante de la Asamblea Popular Plaza Dorrego que es una de las organizaciones que conforman la Asamblea Permanente. 

La mujer quemada

Silvina Alonso de Abrigar Derechos, una agrupación que asiste a personas en situación de calle en cuanto a trámites de documentación y gestiones administrativas, sostuvo que este hecho refleja la violencia permanente a la que está sometida la gente que duerme a la intemperie. “En este contexto de pandemia venimos sufriendo la pérdida de compañeros en situación de calle, en distintas circunstancias y de alguna manera lo que queremos resaltar es que estar en la calle implica un grado de vulnerabilidad muy alto, de desamparo, de desidia y de una falta de respuestas en relación a esta problemática que es creciente.  Por un lado es la violencia que significa estar en esa situación, y después la que se adhiere, la violencia institucional por parte de la policía y de las instituciones. Después la violencia que está vinculada a los discursos que circulan, de criminalización de la pobreza. Mensajes que también son mediáticos y que plantean que las personas eligen estar en situación de calle y que delinquen. Todos esos discursos se instalan y generan reacciones sociales como lo que venimos viendo que tiene que ver con esta modalidad que se empieza a sistematizar de personas que son prendidas fuego vivas en esta circunstancias de total desprotección”, indicó Alonso a Nuestras Voces. 

“Estamos consternadxs, llenxs de bronca y dolor. Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas”, denunciaron en un comunicado desde la Asamblea. Desde que se inició el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, en la Ciudad de Buenos Aires murieron seis personas en situación de calle. En Nuestras Voces contamos los casos de Leonardo Macrino, que murió tras ser desalojado de un hotel a pesar de que el Decreto 320 los prohíbe; el de Sergio, un hombre de 63 años que falleció de frío en una ranchada en México al 2000; y el de Agustín Lara, un adolescente de 16 años al que se le cayó una mampostería encima mientras dormía en el microcentro. A ellos se suman las muerte de Dimitri, una persona de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en el Barrio de Parque Patricios. El 27 de junio  los vecinos llamaron al SAME  que lo trasladó al Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía. Murió en la calle.

Murió otro sin techo: denuncian inacción de Larreta

“Lo que estamos viendo es que muchas familias que estuvieron en situación de calle o no,  pero que estaban con un subsidio habitacional que les resulta insuficiente para pagar una habitación y que pagaban esa diferencia con trabajo informal hoy están sin la posibilidad de estos trabajos. Esto lo que genera es que se produzca un crecimiento muy significativo de la problemática de situación de calle. Muchas familias hoy están desalojadas aún con el decreto que prohíbe desalojos”, indicó Alonso. 

Durante la cuarentena, el  MInisterio de Desarrollo Humano porteño sumó siete paradores abiertos las 24 horas con 780 nuevas plazas. Entre los 32 paradores  suman 2.099 camas, de las cuales 2.023 están ocupadas.  Para las organizaciones sociales, esto demuestras que los números sobre personas en situación de calle que admite el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están muy lejos de la realidad. Según las cifras oficiales, existen 1.146 personas en esta condición (poco más de la mitad de las que hoy ocupan lso paradores) mientras que el Segundo Censo Popular realizado en abril de 2019, indica que hay 7251.  Según el relevamiento hecho por 500 voluntarias y voluntarios de instituciones públicas y organizaciones sociales, el 38,1 % tienen afecciones de salud y más del 50% dificultades respiratorias, lo que los convierte en más vulnerables frente al COVID19. Además, el 10% tiene más de 60 años e integra el grupo de riesgo ante el virus. 

“La forma de manejo de los dispositivos, los que se abrieron para las personas en situación de calle,  responden a que efectivamente los números del censo popular eran fehacientes. Esa es la realidad y no  los números que quería expresar el Gobierno de la Ciudad.  Ellos siempre sostuvieron que los dispositivos abiertos alcanzaban. En una situación como esta tuvieron que abrir cinco refugios más. Nosotros venimos alertando que las políticas públicas son suficientes y negligentes. La cuarentena lo único que hace es agravarlo”, indicó Paz. 

Desde la Asamblea Permanente responsabilizaron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “por cada una de estas muertes, que son consecuencia del abandono, la desidia, la falta de respuestas y de políticas públicas para todas las personas en situación de calle que se encuentran en plena pandemia a la intemperie, sin acceso al agua, sin posibilidades de alimentarse, sin poder controlar su salud y expuestxs a todo tipo de violencias”. 

En ese contexto, la justicia porteña ordenó al gobierno local a proteger a las personas en situación de calle. El 5 de julio, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.º 13, Guillermo Scheibler, declaró el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 5 de junio de 2020 y  le ordenó que “arbitre las medidas necesarias para notificar a cada dispositivo que integra la red de alojamiento del GCBA, en el plazo de cinco (5) días, el Protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19”. Además, el magistrado pidió “documentación que de cuenta de la cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza”. La medida es bajo apercibimiento de aplicar una sanción conminatoria de diez mil pesos  por cada día de demora, que se hará efectiva en la persona del jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel. 

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