Vacantes en CABA: se limita el derecho a la educación en la ciudad más rica del país

Compartir

Dos jueces de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires fallaron en sentido contrario a lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia en el caso de las vacantes. Mientras el abogado querellante apelará ante la Suprema Corte por considerar inconstitucional el fallo, el Frente de Todos y el Frente de Izquierda presentaron un pedido de juicio político en la Legislatura porteña.

Dos jueces de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires fallaron en sentido contrario a lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el caso de las vacantes para jardines maternales. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo de la Ciudad N°24, Daniel Reynoso, y su par del Juzgado N° 2, Andrés Gallardo, dieron lugar a dos amparos y ordenaron al Ministerio de Educación porteño que «arbitre los medios necesarios para otorgar una vacante» a dos niños en el nivel inicial. Las medidas se dieron días después de la decisión del máximo tribunal porteño que revocó dos sentencias de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones a favor de una madre que pedía una vacante para su hijo de dos años. Días antes de fin de año, los jueces Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano junto con las juezas Marcela De Langhe e Inés Weinberg sostuvieron que el Estado «no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite» entre los 45 días hasta los tres años. Además, indicaron que las vacantes deben asignarse con prioridad a las familias en condiciones vulnerables lo que las asociaciones gremiales calificaron como “un certificado de pobreza”.

 

La lucha por una vacante en la escuela pública

 

Rechazo generalizado

La sentencia del TSJ fue repudiada por la comunidad educativa, gremios, legisladores y legisladoras y colectivos de la sociedad civil. El abogado querellante recurrirá a la Corte Suprema de Justicia porque considera que el fallo viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad que establece que se debe “asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos junto al del Frente de Izquierda presentaron un pedido de juicio político a sus integrantes. El proyecto presentado en la Legislatura el 29 de diciembre lleva 20 firmas y sostiene que se deberá establecer “si los jueces han incurrido en alguna de las causales previstas en la Constitución de la Ciudad, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”. Se estima que el tratamiento sea en marzo en la Comisión de Asuntos Constitucionales pero para poder iniciar el proceso de juicio político se deben contar con  40 votos de 60, algo que resulta difícil ante la mayoría de Vamos Juntos y sus aliados de UCR Evolución, espacio liderado por Martín Lousteau a nivel nacional. El legislador del FdT e integrante de la Comisión de Educación, Santiago Roberto, sostuvo que el fallo es “inconstitucional y carece de sustento jurídico”, aunque admitió que no será fácil conseguir los votos. “Estamos tratando de ver las voluntades políticas, se necesita 2 tercios de los diputados. Hoy depende del radicalismo, necesitamos que nos acompañen para iniciar este proceso que no significa que va terminar en una condena. Lo que queremos es que se discuta si cuatro de los cincos jueces han violentado lo que establece el artículo 24, que se abra el proceso y que finalmente haya una resolución en cuanto a si procede el juicio político o no”, le dijo Roberto a Nuestras Voces.

 

Una política anti educación pública

Desde los gremios docentes denunciaron los vínculos del Poder Judicial con el Ejecutivo porteño y pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Soledad Acuña. El secretario general de Ademys, Jorge Adaro, sostuvo que “la medida demuestra la subordinación de la justicia al poder político porque le termina de dar cobertura a una política claramente anti educación pública”. Además, adelantó que trabajan en una campaña de denuncia por los intentos de privatización de la educación. “Vamos a denunciar la ruptura del criterio de universalidad del presupuesto a la educación pública estatal. Efectivamente al tener que presentar un certificado, acreditar la pobreza para poder acceder al nivel inicial, se está incentivando la concurrencia de la familia al costo económico que sea de escuelas privadas”, le dijo el gremialista a este medio. Además, recalcó que Acuña debe renunciar. “Nosotros calificamos su gestión como muy mala. Agotó su permanencia en el Ministerio de Educación con  las declaraciones que ha hecho a  finales del año pasado contra las familias, contra los docentes. Decimos que pedimos la renuncia porque sería un acto simbólico que fortalece a quienes defendemos la escuela pública. Ahora esto no quiere decir que el problema sea Acuña. Ella es la representación o es la ejecutora de una política de privatista de educación pública que va más allá de ella. Que tiene que ver con una concepción de derecha, liberal, conservadora”, describió Adaro.

Este año la Ciudad tampoco resolvió el problema de la falta de vacantes

 

«Insólito e inaudito»

Desde las organizaciones de la sociedad civil también criticaron duramente al TSJ. La asociación Vacantes para Todes lo calificó como “insólito e inaudito”. La referente del espacio, Patricia Pines, comentó que el tribunal establece a la pobreza como el factor determinante para que un niño pueda o no asistir a la escuela pública. “Lo que dice es que solamente van a poder reclamar en la justicia acceso a la escuela pública de aquellas familias que puedan demostrar una cierta condición de vulnerabilidad. Es decir, que las vacantes que hay  disponibles se tienen que repartir según ese criterio. La prioridad ya no sería por cercanía, ni por tener un hermano, ni por ser hijo de un personal de escuela sino que sería la pobreza”, afirmó Pines a este portal. “Otras de las cuestiones que también nos alarma es que una de las juezas habla de la cuestión de la meritocracia y menciona que las vacantes disponibles también podrían obtenerse a partir del orden de mérito que obtengan los estudiantes. Y eso nos alarma porque el fallo habla de educación no obligatoria, pero teniendo en cuenta que el gobierno de la Ciudad está cerrando los  29 institutos de formación docente y abriendo la UNICABA nos parece que también podría llegar a ser utilizado en este sentido”, indicó.

Según estimaciones de Vacantes para Todes, en la Ciudad hay alrededor de 15.000 niños y niñas sin espacio en las escuelas públicas. “En el 2013, el entonces ministro Esteban Bullrich reconoció que entre 7000 y 9000 niños y niñas se quedaban sin vacantes. A lo largo de los años esta cifra fue incrementándose en forma alarmante y en el 2020 se conoció que había alrededor de 15.0000 niños y niñas en lista de espera. Y nosotros decimos que hay alrededor de 15.000 más en los 100 centros de primera infancia que no son escuelas porque no dependen del Ministerio de Educación. Por lo tanto hay alrededor de 30.000 familias afectadas en la Ciudad por la falta de construcción de escuelas. Hemos ido numerosas veces a la Legislatura y al Ministerio, nunca obtuvimos respuestas favorables, no hay proyectos de construcción integrales de escuelas ni presupuesto destinado para eso. Las escuelas prometidas no las construyeron, de las 54 solo inauguraron 9. Un porcentaje estaba en construcción y ya hace varios años que están  excedidos de los plazos de obra”, describió Pines.

 

La mentira de las vacantes

 

En una nota replicada en Nuestras Voces, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex-miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, alertó que con este fallo también se pone en riesgo la exigibilidad jurisdiccional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). “Los derechos se lesionan por acción y también por omisión y, cuando ante las omisiones de los gobiernos, los tribunales no verifican estos recaudos que garantizan la “realización progresiva”, los DESCA devienen letra muerta. Por esa razón, el problema que plantea la mayoría del TSJ es mucho más amplio que el del derecho a la educación, pues se trata nada menos que de la vigencia efectiva de todos los DESCA de quienes vivimos en la Ciudad”, opinó el magistrado.

En ese sentido se expresó también Patricia Pines. “Esta política sistemática y sostenida lleva a la privatización de la educación. Obviamente las familias necesitan trabajar no tienen muchas alternativas: o perdés el trabajo o matriculás en una escuela privada si tenés la posibilidad. Esa es la política que están desarrollando y que no es un error sino que está muy bien planificada. Todos los años hacemos un relevamiento de las familias que llegan al grupo con la problemática, tenemos alrededor de 400 casos relevados de los cuales un 30% son familias monoparentales, que en general están a cargo de la mamá. Dentro de ese 30%, la mayoría de esas madres no tienen un empleo registrado o son desempleadas porque al no tener dónde dejar a sus hijos e hijas es imposible trabajar. El fallo del juez Reynoso tiene en cuenta eso y dice que la imposibilidad de acceder a una vacante en realidad implica la imposibilidad de acceder a un empleo, de acceder a una vivienda digna. Tenemos un  porcentaje también bastante alto de mamás que sufrieron o están sufriendo violencia doméstica y que están atadas a esa situación porque no tienen muchas alternativas. Una mujer que no puede trabajar, que no puede garantizarse sus propios ingresos, no tiene muchas posibilidades”, explicó.

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones
Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 27/01/2021 - Todos los derechos reservados
Contacto