No vendan la Costanera: los negociados de Cambiemos al desnudo

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En doce años de gestión PRO-Cambiemos se privatizaron -entre ventas concesiones y permisos- 473 hectáreas de tierras, un equivalente a 236 Plazas de Mayo. La Audiencia Pública que comenzó el viernes para frenar el intento de privatización de la costa del Río tuvo un récord de público. Allí se desnudaron los negociados inmobiliarios de Horacio Rodríguez Larreta con la tierra pública. Crisis habitacional, escasez de espacios verdes y falta de acceso al río son parte de los argumentos.El masivo rechazo a las ventas de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco y consiguiente privatización de la costa del Río expuso el mecanismo de negociados inmobiliarios que el Pro implementó en la Ciudad desde el 2007, con el primer gobierno de Mauricio Macri, y que Horacio Rodríguez Larreta profundizó. Es un mecanismo que habilitó un negocio millonario para grandes desarrolladores inmobiliarios privados que tomaron las porciones más rentables del suelo porteño a su gusto.

Según un relevamiento realizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) el año pasado, en doce años de gestión macrista se privatizaron -entre ventas concesiones y permisos- 473 hectáreas de tierras, un equivalente a 236 Plazas de Mayo.

La ejecución de tierras de la Ciudad tuvo un crecimiento exponencial durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Durante su primera gestión se privatizaron 267 hectáreas, prácticamente la misma cantidad que durante los dos gobiernos de Macri (205,8 hectáreas). Entre las empresas que adquirieron terrenos están: IRSA y el Banco Hipotecario, de Eduardo Elsztain; Consultatio, de Eduardo Costantini; el Grupo Inversa, TGLT y Techint, a través de Santa María SAIF.  

Para Larreta el negocio inmobiliario con tierras públicas no es un tema menor, prueba de ello es que tras su victoria en las últimas elecciones de 2019, ordenó al bloque oficialista el armado de una nueva ley para que se flexibilicen los mecanismos de venta y concesión de las mismas.

En la misma línea, el 5 de diciembre de 2019, durante la última sesión del año y última en la que el Pro gozó de quórum propio, la legislatura aprobó la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco para construir allí un barrio náutico. Ese mismo día votaron además la privatización de otros 60 terrenos. El oficialismo logró que se trate sobre tablas, es decir, sin tratamiento previo en comisiones y sin la convocatoria a audiencias públicas gracias a un informe incorporado en el último minuto que le quitaba el carácter de “dominio público” a las tierras. Éste fue firmado por una funcionaria del propio Gobierno porteño.

Pero la ley también estableció que no podía efectuarse la venta hasta que se dictara una nueva normativa urbanística. El Gobierno de la Ciudad presentó el proyecto de rezonificación del predio y fue aprobado en una primera lectura en octubre. El proyecto, enmarcado en una “doble lectura”, debe pasar por una Audiencia Pública y luego regresará al recinto de la Legislatura y recibirán la sanción definitiva.

Lo que no esperaba Larreta fue que esa audiencia pública, que comenzó este viernes, tenga tanta convocatoria. Fueron inscriptas más de 7 mil personas, entre vecinos, especialistas y organizaciones que rechazan la privatización y calculan que ésta se desarrollará en al menos 29 días. Así, la Legislatura no podrá consagrar la ley antes de fin de año, como esperaba el gobierno. Es la primera vez en la historia que una audiencia pública de la Ciudad despierta tanta participación y se convierte en un obstáculo al avance privatizador macrista.

A río privatizado, ganancia de unos pocos

La historia de la privatización de las 35 hectáreas que ocupan Punta Carrasco y Costa Salguero en la Costanera Norte de la Ciudad se remonta a 1992.  Ese año, el presidente Carlos Menem las concedió, con un canon extremadamente bajo a empresas privadas. Conserva hoy la concesión Telematrix S.A., presidida por Fernando Polledo, esposo de Carmen Polledo, diputada nacional del PRO por la Ciudad.

Ante el inminente vencimiento del contrato, en 2021, el gobierno porteño pretende venderlas para la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. La iniciativa habilita concesiones con usos amplios, con construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto en las 14 hectáreas donde está Punta Carrasco. Se calcula que esos terrenos tienen un valor de entre 10 mil y 12 mil dólares el metro cuadrado.

Desde el oficialismo argumentan que el proyecto “tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados».

Durante su intervención en la audiencia pública, Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC, dijo: «El proyecto es bastante simple, consiste en construir una muralla de torres en la Costanera autorizando la venta de la totalidad de la superficie del predio de Costa Salguero. Este delirio urbanístico sólo se le puede ocurrir y atreverse a llevar adelante al peor gobierno de la historia democrática de la ciudad».

Entre críticas al proyecto oficial está que profundiza el proceso de gentrificación que y la crisis habitacional que padece el distrito más rico del país. Según la organización Inquilinos Agrupados, el 40% de los hogares porteños se componen de familias que alquilan. La construcción de viviendas VIP que promueve el gobierno, modelo que se repite otros puntos de la ciudad como Puerto Madero, no está pensada para esta población que se ve cada vez más lejos de tener una casa propia.  

La arquitecta María José Leveratto, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, dijo a Página12 que «no estamos de acuerdo con este proyecto que privatiza, parcela y vende estas tierras en la costa del Río de la Plata porque es tierra pública, que es un bien irrecuperable”, y agregó se trata de  “un lugar privilegiado que está a 300 metros de la autopista que te lleva al aeropuerto de Ezeiza o a la zona Norte, donde podés poner tu velero en la puerta, y tenés a cinco minutos Aeroparque. Es una tierra muy interesante para los negocios inmobiliarios, pero no es lo que necesita la Ciudad».

En septiembre, el Colectivo envió una carta a la legislatura, que llevaba la firma de más de 300 profesionales, en la que adviertieron el peligro de que «no se contemple la necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público para futuras generaciones». 

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco dijo que “en la Ciudad tenemos problemas de densificación poblacional y constructiva, que privilegia el negocio inmobiliario y un proceso de gentrificación que expulsa a los sectores humildes y medios”.

Un parque costero público 

La historia de la Ciudad revela que las Costaneras Sur y Norte fueron diagramadas como paseos públicos. El artículo 8º de la Constitución de la ciudad establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. De la misma manera, el Plan Urbano Ambiental establece en su artículo 9 que se debe¨destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas¨.

Como alternativa a la propuesta del Ejecutivo porteño, la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, integrada por decenas de colectivos porteños, presentaron en la Legislatura, junto a representantes del Frente de Todos, una iniciativa para para crear el “Parque Costero del Río de la Plata”, de uso público en su totalidad. El proyecto propone derogar la Ley 6.289 -que autoriza la venta de las tierras- y crear un espacio de “recuperación del borde costero para el disfrute público” para desarrollar un parque nativo urbano y cultural. 

Entre sus fundamentos, el texto dice que “hace treinta años que la ciudadanía lucha para que la Ciudad recupere su cultura ribereña y el disfrute de la Costanera sin restricciones privatistas”, y también señala la vigencia del artículo 8 de la Constitución porteña.

Entre las intervenciones de la audiencia pública más cuestionadas estuvo la del Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Juan José Méndez, quien está en contra de crear un gran parque público. “Muchas veces los parques aislados que solo tienen la función ambiental de un parque concentran su demanda los sábados y los domingos, en algún momento diurno durante la semana, pero después quedan vacíos”, aseguró y apuntó a la inseguridad que eso genera para los que viven o transitan por la zona.

Desde las organizaciones sociales alertaron del desconocimiento del funcionario de los servicios ambientales que tienen las áreas verdes en la mejora de la calidad de vida en la ciudad y el intento de instalar que están vacíos cuando no hay personas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta. dijo en la audiencia que buscaban «convertir un espacio que hoy es privado en un gran parque público», pero que «para que las personas usen un espacio público tiene que haber movimiento y ser seguro, y así va a ser el Parque Salguero, que tendrá un 74% de espacio verde y 26% de locales comerciales y viviendas».

El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, apuntó contra los argumentos de los funcionarios marcistas y dijo que «la seguridad la tiene que dar el Estado». Se manifestó en cambio a favor de un parque «público, abierto y democrático» y opinó que las intervenciones urbanas deben ser «pensadas por el conjunto de la sociedad».

En tanto, la legisladora Velasco dijo que “falsamente desde una mirada de perspectiva de género se planteaba el problema de la seguridad. No se trata de seguir reproduciendo el consumo y la privatización de los espacios públicos, sino de desarrollar allí actividades que sean llevadas desde las políticas públicas”.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos con menor cantidad de espacios verdes comparado con las principales urbes de la región, e inclusive del mundo. Cuenta con 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, mientras la Organización de las Naciones Unidas recomienda 16 metros cuadrados.

Si se sanciona la ley quedará clausurada para siempre la posibilidad de que la rambla sea parte de un gran parque público, y la ciudad una vez más le dará la espada al río de La Plata.

La audiencia pública, que será la más larga de la historia de la Ciudad, continuará las próximas semanas de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Entre los participantes habrá vecinos de los barrios aledaños al río, profesionales de distintas disciplinas, comuneros, referentes de organizaciones ambientales y figuras académicas que se oponen a la rezonificación y venta de Costa Salguero. Se extenderán hasta el 27 de enero del año próximo, y se desarrollarán de manera presencial y virtual.

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