Lacrimósfera, el clima político de Chile

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Crónica social y política de un Chile convulsionado y con elecciones constituyentes a punto de aplazarse. Una profesora que se manifestaba pacíficamente vio cómo un carabinero le apuntaba directo a su rostro. Fue lo último que vio con ese ojo. “Esto nunca ha parado desde el 18 de octubre de 2019”, asegura Nicole. Minentras estudiantes que marchaban pacíficamente son acusados de robo en banda con penas de hasta 29 años, luego de haber sido torturados en la cárcel y, en muchos casos, violadas las mujeres. Miles de detenidos y decenas de muertos fracturan al país vecino.

No hace falta demasiada fuerza. Un golpe seco con el pie en el piso es suficiente para sacudirle el polvo a la vereda y desatar la lágrima: la pátina de gas lacrimógeno se levanta como si fuese tierra en un animal que se despereza. Ocurre en la Plaza de la Dignidad –ex Baquedano–, de Santiago, y en la Aníbal Pinto, de Valparaíso. Seguramente, también, en cualquier otra zona cero de protesta a lo largo del territorio chileno. De octubre de 2019 hasta ahora, son contados los días en que la nube metálica de las Fuerzas Especiales de Carabineros no flota por estos espacios, atravesada por el verde relámpago de la sirenas. A 17 meses de iniciada la revuelta y con una pandemia de por medio, la ciudad en disputa sigue marcada por las cicatrices del estallido social y por las demandas inconclusas. Las elecciones constituyentes del 11 de abril, mientras tanto, están a punto de aplazarse luego deque el senado aceptara pasarlas a mayo y falte aún el voto de diputados.

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«Me gusta cuando te blindas, porque estás como ausente», el Neruda encapuchado tatúa su verso sobre las placas metálicas bajo las que se esconde una sucursal de Banco Estado. En los epicentros de las manifestaciones, al gris de los blindajes lo cruzan las pintadas: ya universal, el ACAB –siglas en inglés para “todos los policías son bastardos”— es seguido en masividad por los grafitis que piden por los presos y procesados en causas vinculadas al estallido. Los números entregados por Carabineros sugieren más de 25 mil detenidos hasta marzo de 2020, y según la Sala de Prensa de la Fiscalía de Chile, hasta octubre de ese año, la Justicia había formalizado a 5.084 personas, de las cuales 648 se encontraban en prisión preventiva. El Ministerio Público busca para algunos imputados condenas de hasta 29 años.

Constanza Valdebenito, estudiante de Biología Marina en la Universidad de Concepción, dice que el mes y dos días que pasó en la cárcel El Manzano fue “demasiado hasta para un libro”. Estresante, agotador, deprimente, insalubre, inhabitable; los epítetos se amontonan sobre su estadía en prisión tras ser detenida mientras se manifestaba “en contra del gobierno y del Estado”.

“Andábamos con tres amigas más. Dos se fueron y me quedé sólo con una. En un momento vemos una multitud correr. Nosotras también corrimos porque venían los carabineros. Estaban haciendo una encerrona por las diferentes salidas que tenía ese lugar. Corrimos en una dirección equivocada. Mi amiga alcanzó a correr y no la agarraron. Pero a mí me tomaron detenida”, relata la joven.

La Fiscalía la imputó por robo en lugar no habitado. Procesaron a todos los detenidos atrapados en la encerrona como a una “banda” que contaba con sierras eléctricas y herramientas de oxicorte para vulnerar los candados y seguros de los negocios. A ninguno de los imputados se les encontró herramienta alguna. 

A Constanza, durante su detención, le rompieron los ligamentos. Futbolista y buzo, la joven aún espera su juicio y su operación en libertad. “La salud pública aquí en Chile es súper mala y pueden pasar años. La gente muere esperando, lamentablemente”, detalla acerca de una de las demandas que la llevó a la calle ese 22 de noviembre.

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Hasta principios de este mes, en el centro de Plaza Baquedano, la estatua del general homónimo descansaba su –últimamente turbulento—sueño pétreo junto a un cordón de también inmóviles carabineros. La coordenada, en torno a la cual orbita la congregación de manifestantes, era celosamente custodiada por los agentes. Desde la madrugada del viernes 12 de marzo, la cadena de carabineros rodea un pedestal vacío; decapitada, la base sostendrá el aire hasta que el homenaje sea restaurado. El gobierno tomó la decisión de descabalgar la estatua luego de que se mantuviera ardiendo alrededor de 25 minutos, tras ser incendiada por manifestantes semanas atrás.  

Pintada, adornada, montada y hasta mutilada, en contra de su deseado destino inalterable, la figura era constantemente intervenida. El amanecer, sin embargo, solía encontrarla recompuesta; de un marrón brillante equivalente a un lienzo en blanco para futuras manifestaciones.  

A modo de bastilla contemporánea, la estatua fue un elemento más de una contienda que se dirimió alterando la geografía de la ciudad: barricadas, avenidas anegadas, quema de edificios e infraestructura, grafiti y saqueos, fueron todas maniobras con un fuerte componente material sobre la arquitectura urbana.

En ese sentido, las tácticas tanto de las fuerzas estatales como de los manifestantes fueron transformándose a medida que avanzaba el conflicto y acapararon diferentes áreas del mapa santiaguino. Durante los fogosos días que siguieron al 18-O, el eje de las movilizaciones gravitaba en torno a la aún Plaza Italia. Luego, con la intención de hacer llegar las demandas a quienes los manifestantes entendían responsables de su incumplimiento, las marchas apuntaron su derrotero hacia las zonas más acaudaladas de Santiago. El 6 de noviembre de 2019 la multitud se abalanzó sobre el Costanera Center, el centro comercial más grande de Latinoamérica y encarnación edilicia del neoliberalismo en el país.

Más tarde, la mira del descontento puso en foco a La Moneda, sede del presidente Sebastián Piñera, que veía desde las ventanas del Palacio el avance del “enemigo poderoso e implacable” a quién le había declarado la guerra semanas antes. 

Para marzo de 2020  –un mes históricamente combativo en Chile– circulaba en las redes una abultada agenda de protestas. A las icónicas 8M y Día del Joven Combatiente (que conmemora la muerte de dos hermanos asesinados por Carabineros durante la dictadura), se sumaron protestas contra el aniversario de la asunción de Piñera, por los cinco meses de revuelta y contra los fondos previsionales. Además, del regreso a las calles del sector que con saltos masivos en los molinetes del metro había encendido la mecha del estallido: los estudiantes.

El Estado chileno reforzó la flota antidisturbios. Aún durante los primeros días del mes, nadie esperaba que un movimiento que había sabido persistir a lo largo de casi medio año tropezase con las restricciones de movilidad que el gobierno tomó para paliar la pandemia. 

La crisis sanitaria fue motivo para restablecer el estado de emergencia y desplegar las Fuerzas Armadas nuevamente sobre las ciudades. Con menor virulencia, las manifestaciones continuaron a pesar de las medidas de distanciamiento y persisten hasta la fecha. La chispa del estallido de octubre encontró leña en las “Protestas del Hambre”, en las que pobladores de las comunas más pobres de Santiago tomaron las calles durante la fase uno de la cuarentena para reclamar por la miseria económica a la que el confinamiento los arrastraba. 

El plebiscito agendado para abril se concretó recién el 25 de octubre del año pasado con una amplia aprobación para la reforma constituyente. Las limitaciones cada vez más rígidas para evitar contagios fueron soltando uno por uno los dedos con los que el pueblo agarraba la calle de forma masiva. Desprendidas las masas de esa arena tangible y carnal sobre la que se libraban sus batallas, el invierno pandémico apocó las llamas de las manifestaciones pero no las extinguió. Las protestas continúan casi a diario hasta hoy y se acaudalan los viernes y durante las fechas conmemorativas.  

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Al recorrer las calles de las ciudades más grandes de Chile uno se siente observado. No es el cotidiano vistazo del resto de las personas. Una mirada más anónima y ubicua se derrama desde las construcciones quemadas, pulula como un hongo por entre paredes húmedas o espía desde el vértigo de algún inalcanzable edificio. 

Ojos. Miles: grandes, achinados, tristes, apagados, mapuches; diversos. Ojos pintados por doquier.

El sanguinario símbolo de una bandada represiva que batió récords de traumas oculares en zonas de conflicto. Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros, sumaron 300 heridos oculares a lo largo de 27 años, mientras que Chile alcanzó la mitad de ese número en dos semanas, según informó la Sociedad de Oftalmología del país.

“Caí al piso. No me podía parar. Me estaba ahogando; sentía que me iba a morir. Era terrible. Siempre con negación, diciendo ‘ojalá que haya sido la boca, la frente’. Hasta que me toqué el ojo y me di cuenta de que tenía sangre y que no lo podía abrir.” Nicole Kramm caminaba con  un grupo de reporteros por la Alameda, a la altura del Monumento a los Mártires de Carabineros de Chile. Eran las últimas 11 de la noche del ajetreado 2019. A pesar de ser año nuevo, el grupo iba a hacer una cobertura a Plaza Dignidad. El balín llegó directo al ojo izquierdo. En el piso, mientras esperaba que los rescatistas llegasen a ayudarla, sentía los perdigones golpear en el cuerpo de sus compañeros que la intentaban proteger. La agresión la cegó de un ojo de por vida. Habla de suerte cuando cuenta que su globo ocular no estalló, como muchos otros: “Pude salvar el ojo, pero no la visión”.

Nicole cubrió el Estallido desde su génesis. Es documentalista y estudió fotoperiodismo y cine. El 17 de octubre, víspera de las manifestaciones masivas, ya estaba ahí registrando las evasiones al metro. “Siempre mis trabajos intentaron exponer conflictos”, señala, y agrega que para la revuelta todas las demandas se unificaron: “gente empobrecida, explotación, el Wallmapu –territorio ancestral mapuche– militarizado, el sistema de AFP. Todas esas luchas estaban separadas hasta que la gente se dio cuenta de que el enemigo que perpetuaba esa desigualdad era el mismo: el Estado”.

En la medida en que se denunciaban las mutilaciones y heridas oculares, los ojos –esos que Chile parecía haber abierto y que se convirtieron en el blanco predilecto de los fusiles– comenzaron a aparecer en las calles. La rabia se hizo axioma: “cría pacos y te sacarán los ojos” se contagiaba de esquina en esquina. En la que se forma entre la avenida Vicuña Mackenna con la calle Carabineros de Chile, la mirada de Gustavo Gatica se rompió para siempre. Una ráfaga de perdigones, las manos a la cara y alguien que lo ayuda en el piso. La foto del momento es aterradora y recorrió el mundo. Registra al estudiante de Psicología llorando sangre en el piso. 

Apenas advirtió la herida en el ojo, Nicole se acordó de Gustavo. También podría haberse acordado de Fabiola Campillai, la segunda persona que quedó completamente ciega a causa de la represión policial, pero la foto de Gustavo fue icónica y ella está acostumbrada a pensar en imágenes. Nicole asegura que están solos, ellos y sus heridas. “Hemos tenido intentos de suicidio entre nosotros”, advierte, y garantiza que “las víctimas de violencia estatal están abandonadas”.

A pesar del repudio internacional, el terrorismo de Estado sigue apilando nombres a la lista de heridos y mutilados. El pasado 19 de febrero una profesora que se manifestaba pacíficamente vio cómo un carabinero le apuntaba directo a su rostro. Fue lo último que vio con ese ojo. Todavía se desconoce si podrá recuperar la visión. “Esto nunca ha parado desde el 18 de octubre”, asegura Nicole.

Los avances en las investigaciones para encontrar responsables entre los policías se dan con una celeridad inversamente proporcional a la que se aplica en los procesos cuando se trata de juzgar manifestantes. La joven documentalista habla de “colusión entre tribunales, Carabineros y agentes estatales”. Su querella lleva más de un año y todavía no se mueve. Ella está convencida de que si Carabineros actúa con esa desproporción es porque “saben que no les va a pasar nada” y sugiere un “respaldo, un alero” por parte del gobierno.

El precio —36 muertes, más de 400 heridos oculares, varias violaciones, millares de presos a lo largo del territorio y un sin número de lesionados— parece haber sido muy alto para la amarga sensación de que “no se ha conseguido nada”. A pesar del logro que implica la redacción de una nueva constitución que derroque la vigente heredada de la dictadura, el encauce de la pueblada hacia una reforma constitucional es evaluada con cautela desde muchos sectores. “Los mismos que se oponían al plebiscito se están postulando a constituyentes”, previene Nicole con respecto a las elecciones del próximo 11 de abril en las que se votarán a los integrantes de la convención encargada de redactar la nueva Constitución Política de Chile.

“Lamentablemente no hemos ganado nada”, observa. Para ella, lo que le pasó durante el estallido fue “lo más fuerte y doloroso” que vivió. La experiencia, al igual que a muchos, la quebró emocional y físicamente. Hoy su activismo se redobla y no piensa soltar la calle.

Muy cerca de donde le dispararon a Nicole, unos turistas frenan y sacan fotos a una esquina. Algunas flores se marchitan y otras relucen, tiradas junto a cartuchos de lacrimógena, monedas y capuchas descartadas. Mauricio Fredes murió ahí mientras se manifestaba y un mural convirtió la esquina en monumento. El obturador ataca y captura un homenaje que mañana tal vez no esté. La vigilancia de los manifestantes no es tan rigurosa como antes y el gobierno lo tapa. Del otro lado de la calle, una valla armada con una hilera irregular de bloques de hormigón —algunos están tumbados—  intenta cubrir la entrada a las oficinas de Carabineros. El aire tiene ese sabor metálico que ya es parte del ecosistema del lugar; uno de los turistas tose y el resto se refriega los ojos. Todos caminan. 

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