Para el Correo sí, para las mujeres no

Compartir

Mientras Macri se autoperdonaba 70 mil millones de pesos el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, decidió recortar 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. En Argentina la crueldad avanza sobre los cuerpos de las mujeres al ritmo de un femicidio cada 18 horas y el Estado es responsable.

Foto: Joaquín Salguero

Las organizaciones Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI) y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia contenciosa administrativa Federal para que se declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que invocando facultades extrordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género.

Esta medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”, señalan las seis organizaciones en un comunicado conjunto.

Esta “reasignación presupuestaria” elimina una partida de 47 millones de pesos para el Plan Nacional y 20 millones de pesos para el Consejo Nacional de las Mujeres, a cargo de Fabiana Túñez y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “El Plan en estos términos es una teoría incapaz de ser aplicada”, dijo Mabel Bianco, directora de FEIM.

Esta “reasignación presupuestaria” elimina una partida de 47 millones de pesos para el Plan Nacional y 20 millones de pesos para el Consejo Nacional de las Mujeres.

A través de Twitter, Tuñez dijo que se trató de un “error” en el Boletín Oficial que será saldado. Natalia Gherardi, directora de ELA, dijo a Nuestras Voces: “Si la eliminación estos fondos en la decisión administrativa determina las partidas para la ejecución del gasto, fue producto de un error, ese error debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas. Es decir, con una nueva decisión administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial. Al día de hoy y habiendo transcurrido un mes desde la publicación de esa Decisión Administrativa, eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados”.

El recorte lleva la firma del jefe de gabinete Marcos Peña. El 11 de enero pasado en la Decisión Administrativa 12/2017 distribuyó los créditos presupuestarios. Esta decisión dejó sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional, en noviembre pasado después del paro de mujeres del 19 de octubre y tras el pedido de distintos organismos ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de aumentar el presupuesto para combatir las distintas formas de violencia machista.

Ese presupuesto votado por el Congreso la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales: se aprobó una asignación adicional de 20 millones de pesos al CNM (pasando de 96.500.250 de pesos a 116.500.250 de pesos). En segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una línea específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de 47 millones de pesos. Con el recorte de 67 millones de pesos, hoy el Estado nacional destinaría 4,43 pesos, de valor nominal, por mujer. Se trata de un presupuesto anual un 8 por ciento menor al del año pasado.

Con el recorte de 67 millones de pesos, hoy el Estado nacional destinaría 4,43 pesos, de valor nominal, por mujer. Se trata de un presupuesto anual un 8 por ciento menor al del año pasado.

El amparo presentado por las organizaciones reclama que los fondos sean restituidos de conformidad con la asignación establecida por el Congreso, que con dicho monto se constituya una partida con afectación específica, y que se establezca un mecanismo que permita monitorear su efectiva utilización durante el ciclo 2017. Además, exige que se establezcan mecanismos periódicos de monitoreo de la asignación y  ejecución de las partidas presupuestarias reasignadas.

Cuando todavía era candidato a presidente, Mauricio Macri, firmó un compromiso con el colectivo Ni Una Menos con cinco puntos. El primer punto del compromiso era “implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contras las Mujeres”, tal como lo estipula la Ley 26.485, sancionada en 2009. En julio de este año fue presentado en un acto al que no faltó nadie: el mismo presidente, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, María Eugenia Vidal y Tuñez. Hoy ese compromiso está incumplido.

@florencialcaraz

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones