La espalda de Vidal

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El Código Penal autoriza el aborto en caso de violación o peligro de salud para la madre. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires falló que no hace falta autorización judicial para practicarlos. Pero en la provincia de Buenos Aires alguien no autoriza a Vidal a publicar la aceptación del Protocolo de abortos no punibles en el boletín oficial y la norma está en el limbo pese al anuncio oficial de su aceptación.

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Foto: Joaquín Salguero

A Micaela un tío la violó y embarazó en 2006. En ese momento tenía 19 años y atravesaba un retraso madurativo. Durante 37 días, su mamá Vicenta y su hermana Verónica recorrieron hospitales y despachos judiciales de La Plata para que pueda acceder a un aborto legal. No lo lograron. El primer obstáculo lo encontraron en el Hospital San Martín, de La Plata, cuando el embarazo tenía 14 semanas de gestación; y el segundo puso la jueza de Menores, Inés Siro, que intervino y prohibió la interrupción. Vicenta, que no sabía leer ni escribir y trabajaba en una casa particular, pidió ayuda a las organizaciones de mujeres. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, empezó a acompañarla y el caso llegó a la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo, y aclaró que no era necesaria la autorización judicial. El Estado argentino recibió una condena internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a Micaela. Hace dos años, representantes del Estado Nacional y provincial le pidieron perdón en un acto por haber obstruido la garantía de un derecho vigente en el Código Penal desde 1921. Fue la primera vez que en el país se hizo un acto de reparación simbólica por una violación de los derechos sexuales y reproductivos.

Cuando hablamos de interrupción legal del embarazo y las sombras de un sistema de salud que no garantiza su acceso, hablamos de Micaela y de muchísimas otras que se encuentran desamparadas en el ejercicio de un derecho de ya tiene casi cien años. Desde 1921 las mujeres, niñas y adolescentes argentinas tenemos derecho a interrumpir nuestros embarazos de acuerdo con las tres causales que figuran en el Código Penal: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; o si el embarazo proviene de una violación. No garantizarlo es empujar a las víctimas de violación y embarazos no deseados a maternidades forzadas y convertir a las mujeres en rehenes de sus propios úteros.

Volver al pasado

En 2016 parece absurdo volver sobre los pasos que ya hemos avanzado, pero aquí estamos. Como en el juego de escaleras y toboganes, el movimiento de mujeres tiene que estar alerta a diario para que los derechos conquistados no caigan en una rampa. La metáfora es bonita pero lamentablemente el acceso a la salud no es un giro literario.

La semana pasada la Ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, por medio de la resolución 2095, adoptó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación del año 2015. Era un pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estaba pendiente desde 2012. “Por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria”, es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios, aclara la resolución. La noticia fue bien recibida por el movimiento de mujeres, excepto por un detalle: no había sido publicada en el Boletín Oficial. La nueva resolución reemplazó la que estaba vigente hasta ese momento, la 3146/2012.

Entre ayer y hoy, la noticia de que había sido suspendida recorrió los portales periodísticos: “la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dio marcha atrás al protocolo”. Algunos columnistas apuntaron a que el freno lo había puesto el secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, un conocido abogado católico. “No depende de mí la publicación en el Boletín Oficial, sino del ministro de gobierno”, respondió ante la consulta hecha por Nuestras Voces. Otros apuntaban a “presiones eclesiásticas”.

Las presiones son evidentes, claras e históricas. Dar marcha atrás con esta resolución representa darle la espalda al actor político más convocante de los últimos años: el feminismo organizado que salió a las calles el 3 de junio para gritar “Ni Una Menos, Vivas nos queremos”, y que también convocó a una huelga de mujeres hace una semana. Ese movimiento está pidiendo aborto legal, seguro y gratuito. Está exigiendo una respuesta a las mujeres que mueren por abortos clandestinos y a las que se les obstruye ese derecho.

La realidad es que el protocolo es una necesidad en tanto no deja lugar a interpretaciones y ofrece certezas a la comunidad médica, pero la legalidad de los abortos por causales no está en discusión. Hoy, la única manera de clausurar discusiones estériles que nos arrastran al siglo pasado es que el Congreso, de una vez por todas, debata y aprueba el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con esa posibilidad de elegir nos volveremos realmente soberanas de nuestros cuerpos, menos imantadas a la función reproductiva como mandato preestablecido.

Cuando decimos “Vivas nos queremos”, estamos apelando a formas de vidas menos precarias. Dejar a las niñas, adolescentes y mujeres sin el resguardo de una resolución que brinde directivas claras sobre el acceso a la salud es precarizar, aún más, nuestras vidas.

 

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