Macri en deuda con las mujeres

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El año que pasó dejó un feminismo robustecido pero en términos de políticas públicas la deuda del gobierno con las mujeres sigue siendo gigante, tal como lo señala un informe de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). Cuando Mauricio Macri era candidato a presidente firmó un compromiso de cinco puntos con el colectivo Ni Una Menos pero no cumplió los acuerdos. Despenalización del aborto, paridad, acceso a la justicia y educación integral en las escuelas, son algunas de las demandas pendientes.

Las exigencias que se escucharon con la potencia de un tsunami en la primera movilización Ni Una Menos y que se repitieron aún con más fuerza en el paro de mujeres del último 19 de octubre, están casi intactas a un año de gobierno de la Alianza Cambiemos.

Las expertas que trabajan en organismos de Derechos Humanos especializados coinciden en que el principal avance fue la presentación del Plan de acción para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y asistencia a las víctimas que se pondrá en marcha este año. Sin embargo, en la mayoría de las áreas identifican estancamientos y retrocesos. Las carencias en materia de políticas públicas para hacer frente a las distintas formas de violencias contra las mujeres quedaron evidenciadas en el último informe del comité de especialistas de la ONU que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) que caracterizó de “limitados” los recursos para el área y exigió más presupuesto.

2016 será recordado como el año de las mujeres por las movilizaciones masivas que se repitieron in crescendo: el primer aniversario de Ni Una Menos, la marcha enorme del 31 Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y los paraguas infinitos en la Plaza de Mayo en #NosotrasParamos. También es el año en el que el movimiento de mujeres logró revertir el encierro de Belén, presa en Tucumán por un aborto espontáneo y condenada a ocho años de prisión. Ella todavía espera que el Superior Tribunal de Justicia local la absuelva y así retomar la vida que tenía antes de llegar en busca de ayuda al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda. Y, además, el año en el que se logró la liberación de Reina Maraz, migrante y quechua parlante, condenada a perpetua en 2014 de manera injusta por la muerte de su pareja.

2016 fue el año en el que el movimiento de mujeres logró revertir el encierro de Belén, presa en Tucumán por un aborto espontáneo y condenada a ocho años de prisión.

Se dan dos movimientos en ritmos contrapuestos: el feminismo robustecido y caminando hacia un paro internacional de mujeres anunciado para el próximo 8 de marzo; y el gobierno en ralentí con respuestas que parecen no estar a la altura de las circunstancias.

Los femicidios no mermaron. La crueldad que se imprimió en el cuerpo de las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres fue cada vez más feroz. A los 16 años Lucía Pérez murió empalada en Mar del Plata en la antesala al paro. Dos meses después, Irma Ferreyra Da Rocha, de 47 años, también murió después de que un varón la empalara con la rama de un árbol en la localidad misionera de Garupá. Según la Casa del Encuentro, entre enero y octubre de este año, los femicidios llegaron a 230 en la Argentina: uno cada 30 horas.

Un balance del año con la mirada puesta en los feminismos y las políticas públicas para que las mujeres y los cuerpos feminizados vivamos con goce nuestros derechos y vidas libres de violencias.

Aborto penado hasta cuando es legal

Otro año más en el debe. En 2016 se presentó por sexta vez en el Congreso el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para la interrupción voluntaria del embarazo. Por sexta vez no llegó a debatirse en el Congreso. En su informe, CEDAW pidió “acelar la adopción del proyecto de ley” e informó que hará un seguimiento de las medidas que se tomen. En varias entrevistas Macri ratificó que no está a favor de una ley de despenalización y legalización.

El Código Penal autoriza el aborto en caso de violación o peligro de salud para la madre. Pero esta interrupción legal del embarazo no se cumple. La gobernadora de la provincia más populosa del país, María Eugenia Vidal, dio marcha atrás a una iniciativa para que Buenos Aires tenga un protocolo de interrupción legal del embarazo actualizado. Hoy sólo 9 provincias tienen protocolos, mientras que otras 7 elaboraron instrumentos restrictivos. Hace cuatro años que Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán no elaboran sus protocolos.

“Nos preocupan las dificultades para garantizar el acceso al aborto en los casos en que es legal, la persecución judicial de las jóvenes y mujeres en situación de aborto que generalmente son pobres, las limitaciones para la interpretación de ley vigente, y las enormes resistencias para considerar el proyecto de reforma del Código Penal para modificar la regulación actual del aborto, que busca pasar de un sistema de causales a un sistema que incluya la despenalización dentro de cierto plazo de tiempo”, dijo a Nuestras Voces Natalia Gherardi, directora ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Desempleo

En el año del ajuste la pobreza tiene rostro femenino. Los datos oficiales son irrefutables. El desempleo promedio en Argentina llegó al 9,3 por ciento, pero si ese número se desglosa en términos de género la situación es bien distinta. Para las mujeres el desempleo promedio es del 10,5 por ciento, mientras que para los varones la tasa de desocupación es de 8,5 por ciento según la Encuesta Permanente de Hogares, del segundo trimestre del 2016.

Para las mujeres el desempleo promedio es del 10,5 por ciento, mientras que para los varones la tasa de desocupación es de 8,5 por ciento según la Encuesta Permanente de Hogares, del segundo trimestre del 2016.

“Es sumamente preocupante el efecto de la crisis económica en las mujeres, particularmente en un contexto de escasas políticas públicas de cuidado, que dificultan la situación de empleo de las mujeres”, expresó Gherardi.

Paridad

La paridad de género en las listas electorales nacionales y de partidos políticos estuvo a punto de convertirse en ley nacional en 2016. Para Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), “no se logró incorporar la paridad porque quedó atada a la reforma del sistema electoral que no fue aprobada”.

Gherardi destacó que se haya instalado el tema en la agenda y la discusión pública. Con la vista fija en el vaso lleno, la presidenta de ELA señaló que de veintitrés provincias, siete legislaturas provinciales votaron estar conformadas por mujeres y varones en partes iguales.

Compromiso incumplido

Cuando todavía era candidato a presidente, Mauricio Macri, firmó un compromiso con el colectivo Ni Una Menos con cinco puntos. El primer punto del compromiso era “implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contras las Mujeres”, tal como lo estipula la Ley 26.485, sancionada en 2009. En julio de este año fue presentado en un acto al que no faltó nadie: el mismo presidente, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, María Eugenia Vidal y la directora del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) Fabiana Tuñez.

Vanina Escales, integrante del colectivo Ni Una Menos, puntualizó sobre las limitaciones del Plan: “Tiene su eje principal en la violencia doméstica y tiene recursos limitados para llevarlo adelante. Como señaló el comité CEDAW, falta coordinación entre las distintas esferas del Estado, desde el nacional hasta los provinciales y municipales. De los refugios que existen, muchos están en una situación desastrosa de habitabilidad y los que se están construyendo son apenas siete”. Para ella los cinco puntos del compromiso que firmó no es cierto que se hayan cumplidos, en contraposición a lo dicho por la titular del CNM, Fabiana Tuñez, en Ginebra ante el comité de expertas.

Como señaló el comité CEDAW, falta coordinación entre las distintas esferas del Estado, desde el nacional hasta los provinciales y municipales.

La puesta en marcha del Plan está pensada para el período 2017-2019 y tiene asignado un presupuesto de 750 millones de pesos. “Contar con un Plan nos permitió pelear por su incorporación expresa en el presupuesto nacional”, explicó Gherardi. En noviembre, gracias a la presión de las organizaciones, se logró en la Cámara de Diputados el aumento del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres. Para 2017 será de 116. 500.000 de pesos. Así, el presupuesto que se destinará para cada mujer sube de 4,45 pesos a 5,8 pesos A esto se suma una línea presupuestaria específica para el Plan Nacional de Acción, 47 millones de pesos. Este último número no tiene en cuenta la construcción o remodelación de los hogares de protección integral. “Un trabajo para el próximo año será monitorear la ejecución de este presupuesto”, dijo la titular de ELA.

Acceso a la justicia

El acceso a la justicia fue el segundo eje del compromiso que firmó Macri cuando todavía era candidato a presidente. En este punto estaba expresada la necesidad de personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias, la propuesta de que las causas de los fueros Civil y Penal se unifiquen y el patrocinio jurídico gratuito para las sobrevivientes durante todo el proceso.

En noviembre de 2015 el Congreso aprobó la ley 27.210, una iniciativa del senador Juan Manuel Abal Medina que propone la creación de un cuerpo de abogadxs especializadxs para brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia machista. A un año de su sanción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación todavía no la puso en marcha.

En el plan Justicia 2020 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, hay una propuesta de Modelo de Atención Integral (MAI) de cara a un fuero y operadores judiciales especializados en violencia machista. Más allá del anuncio, aún no es una realidad.

Sin Educación Sexual Integral, no hay Ni Una Menos

El tercer punto del compromiso se centraba en la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. La ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, fue creada hace diez años. Sin embargo, su cumplimiento no es igual en todo el país. La carencia de esta legislación clave para la prevención empujó a la creación del Frente por la ESI, integrado por docentes y activistas, que hizo clasazos para visibilizar la importancia de esta política pública.

Para Mabel Bianco, sin decisión política sobre la concreción de la ESI, la ley se vuelve un “adorno de anaquel de biblioteca”. “Falta una política clara para que se instale la Educación Sexual Integral en las escuelas, como plantea la ley. Antes, con la otra gestión, tampoco se logró esto porque si bien se prepararon materiales y se capacitó docentes no se logró un acuerdo político con los Ministros de Educación de las provincias para implementarla”, dijo la directora de FEIM.

Con el cambio de gobierno el Programa sufrió un desmantelamiento en distintos frentes. Se desfinanció: recibió el mismo presupuesto del año anterior. Sin contar la inflación, significa casi un 50 por ciento menos. Se desjerarquizó: antes dependía de una Subsecretaría y ahora de una Dirección. Además, entre los despidos que hubo en Educación durante el año, cinco fueron en esta área específica. Se logró la reincorporación de tres personas, pero dos despedidxs nunca fueron reemplazados.

El acceso a folletería y material está totalmente obstaculizado. “Los materiales ya no se mandan desde el Ministerio a las escuelas porque hay menos presupuesto para el correo entonces se mandan solo a las direcciones de las provincias y ellos no distribuyen porque tampoco tienen plata”, describen referentes provinciales.

El esqueleto de la ESI son las instancias de formación docente para que ellxs puedan tranvsersalizar los contenidos en las aulas. Este año la subvención decretada por el Ministerio de Educación para los cursos virtuales de formación docente bajó un 62 por ciento con respecto a 2015, es decir que se pasó de 13.000 cursos propuestos para capacitación a menos de 5000. Además, según dieron a conocer desde el Frente por la ESI, el dinero para la compra de materiales llegó a las provincias recién en septiembre, por lo que no se pudo ejecutar casi nada.

Actualmente, los trabajadores del Instituto Nacional de Formación Docente y lxs tutorxs virtuales que capacitaron a cientos de miles de docentes están exigiendo la continuidad de los puestos laborales frente al anuncio del cierre de los Cursos y los Postítulos Nacionales. El cierre significa un desmantelamiento definitivo al Programa Nacional de Formación permanente “Nuestra Escuela”.

Estos retrocesos también se reflejaron en el Ministerio de Salud: a la falta de formación e implementación de políticas de prevención se sumó el déficit en insumos básicos. En la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Mendoza faltaron preservativos, anticonceptivos hormonales combinados y anticoncepción de emergencia. “En el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable hubo demora en la compra de insumos, debido a que la gestión anterior inició la licitación y no sabemos porque la interrumpió”, explicó Bianco y desarrolló: “Esta nueva gestión demoró en retomarla o reiniciarla y por eso estamos con provisión pero no fluida. Esto provocó que se gaste menos de los presupuestado, porque se comprometieron compras pero no se recibieron los productos por lo tanto no se pagó”.

Estadísticas sobre femicidios

Otra de las exigencias puntuales del colectivo Ni Una Menos fue la demanda por números oficiales para poder intervenir en la problemática: “Elaborar un Registro Oficial Único de víctimas de la violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios”. En 2014 la Corte Suprema publicó el Primer Registro de Femicidios de la Justicia Argentina. Ese reporte ya tuvo dos ediciones, sin embargo, sus resultados son limitados porque dependen de las voluntades de las justicias provinciales de enviar la información. En el Registro de 2015 Catamarca, Chubut, Río Negro y San Juan no aportaron datos sobre femicidios.

Después de la primera movilización masiva Ni Una Menos el gobierno anterior anunció la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género, a través de la Resolución Nº1449, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este espacio no llegó a difundir información. A través Portal de Datos de Justicia de la República Argentina, la nueva gestión difundió la cifra de 177 crímenes de este tipo en lo que va de este año. Sin embargo, se desconoce el método de sistematización de este registro.

Por otra parte, según una nota de la periodista Estefanía Pozzo, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) trabaja actualmente en la confección de una nueva encuesta para medir cuántas mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. Además, en términos de cifras existe el Registro Único de Casos de Violencia Contra las Mujeres (RUCVM) desde 2012.

Protección de las sobrevivientes

El quinto ítem del compromiso estaba enfocado en la protección de las sobrevivientes que denuncian situaciones de violencia. Una de las propuestas del colectivo Ni Una Menos fue la implementación del monitoreo electrónico de victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia. Según un relevamiento hecho para esta nota, la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación está implementando una prueba piloto de estas pulseras electrónicas con sistema de geolocalización en Córdoba, Salta, Chubut, Buenos Aires y Mendoza.

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