Putas hostigadas

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En un reciente informe elaborado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-CTA) se difundió que las trabajadoras sexuales de nuestro país son hostigadas por policías mientras trabajan: les roban sus pertenencias, les cobran coimas, las persiguen, las insultan, les inventan infracciones y las detienen arbitrariamente. Denuncian que la Ley de Trata las dejó desamparadas en las calles y reclaman la regulación de la actividad.

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Fotos: Ammar

 La policía les roba sus teléfonos celulares o la plata del alquiler durante los allanamientos en departamentos privados. A muchas les elaboran una, dos, tres veces la misma acta contravencional. Mujeres a las que obligan a desnudarse ante requisas vejatorias. Insultos, maltratos y pedidos de coimas a cambio de tranquilidad.

 La investigación “El trabajo sexual y la violencia institucional. Vulneración de derechos y abuso de poder”, presentada la semana pasada en el Congreso por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR CTA), reúne relatos de trabajadoras sexuales que narran las formas de hostigamiento cotidiano que reciben por parte de las fuerzas de seguridad y los funcionarios del sistema de administración de justicia. Se trata de una iniciativa de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe.

No son los clientes

La policía es la institución que más violenta a las trabajadoras sexuales. “Me mandaba mensajes, me quería cobrar 4000 pesos de arreglo. Varias veces le pagamos, 2000 era pasable pero después 4000 más los 4000 por semana del alquiler. A la policía le pagas pero no sabes para qué carajo les pagas a ellos. Esa es la pura verdad”, explica una de las mujeres que aportó su testimonio para la investigación, que estuvo a cargo de las antropólogas Cecilia Varela y Deborah Daich (UBA/CONICET). Ambas estuvieron en la presentación del informe junto con Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR nacional; Christian Gruenberg, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Buenos Aires; Alberto Stella, titular de ONUSIDA y María Rigat, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert.

En los relatos se repiten las escenas de allanamientos violentos por parte de la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería que irrumpen con un “uso desproporcionado de la fuerza”.

“Es muy importante contar con este informe para dar cuenta del hostigamiento que sufrimos. Y que el Estado revise las normativas vigentes que criminalizan a este colectivo”, dijo Orellano a Nuestras Voces. Este vínculo de abuso no es nuevo ni aislado. El informe, que recopila entrevistas hechas entre junio y agosto de este año, problematiza la situación tras la sanción de la Ley de Trata en 2008 y su modificación en 2012. “Lo que cambió es que esta Ley de Trata y todas las leyes que hicieron nos perjudicaron tremendamente, nos dejó a todas trabajando en la calle”, dice una de las entrevistadas.

En los relatos se repiten las escenas de allanamientos violentos por parte de la Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería que irrumpen con un “uso desproporcionado de la fuerza”.  “Las han tirado al piso, así con itacas, ametralladoras, un momento terrible”, relatan.

Políticas públicas

Reglamentarismo, regulacionismo, abolicionismo: la realidad de violencia institucional rutinaria desborda los márgenes de este debate histórico de los feminismos y hace foco en una problemática sobre la cuál intervenir. La investigación, sintetizada en un documento de 28 páginas, registra las prácticas para trazar políticas públicas que eviten estas formas de discriminación y vulneración de derechos. A su vez, la publicación da voz a las trabajadoras sexuales como colectivo político organizado y empuja su necesidad de regular el trabajo sexual. 

Las violencias estatales se expresan en distintas intensidades sobre los cuerpos de estas mujeres. En los últimos 20 años, AMMAR contó 46 femicidios de trabajadoras sexuales. El crimen de Sandra Cabrera es uno de los más emblemáticos. Era dirigente de AMMAR Rosario y fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un balazo en la nuca, luego de denunciar el uso policial de los códigos de faltas, las coimas que debían pagar a la policía. Su muerte está impune.

En los últimos 20 años, AMMAR contó 46 femicidios de trabajadoras sexuales. El crimen de Sandra Cabrera es uno de los más emblemáticos. Era dirigente de AMMAR Rosario y fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un balazo en la nuca.

En Argentina la prostitución no es delito pero no está regulada. Lo que sí está penado es el proxenetismo, es decir, que un tercero lucre por el servicio sexual que ofrezca una persona. En otras palabras: el trabajo sexual no se encuentra criminalizado pero los lugares donde se lo puede ejercer sí lo están. A su vez, en 18 provincias siguen en vigencia códigos contravencionales que sancionan con arresto y multa este ejercicio. Las mujeres pueden llegar a estar encerradas hasta 20 días.

En la Ciudad de Buenos Aires la oferta de servicios sexuales de manera voluntaria y autónoma es legal, pero el Código Contravencional a través del artículo 81 regula la forma

de ejercerla en el espacio público. Este artículo es la puerta de entrada a la arbitrariedad policial. “En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”, dice la norma. Sin embargo, no se cumple. La policía actúa en la mayoría de los casos en base a la apariencia, vestimenta o modales, usando perfiles discriminatorios basados en la raza, la etnia o la identidad de género.

“Hay una práctica sistemática que aplica la policía hacia las trabajadoras que ejercen en la vía pública”, dijo Christian Gruenberg, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Buenos Aires a Nuestras Voces. Gruenberg analizó, de manera longitudinal, números oficiales del Ministerio Público Fiscal: 29.936 casos de infracción al artículo 81 desde 2007 hasta 2015, en varias ocasiones a las mismas personas. “Hay personas que tienen tres o cuatros actas por artículo 81 durante el año. Cuando eso sucede, quiere decir que fue parada y hostigada todos los días en la calle”, explicó.

En un informe complementario “Violencia institucional y la oferta y demanda de sexo en el espacio público: Entre los datos y los estereotipos”, Gruenberg plantea que “no se trata de una práctica policial arbitraria, aislada, ni casual sino de un conjunto de reglas y procesos estables en el tiempo que generan un patrón institucional de abuso policial rutinario y sistemático contra las trabajadoras sexuales”.

Además de hostigamiento, detrás de estas actas hay un componente racial, transfóbico y discriminatorio: la mayoría son contra travestis y peruanas.

Además de hostigamiento, detrás de estas actas hay un componente racial, transfóbico y discriminatorio: la mayoría son contra travestis y peruanas. “Nunca hay personal femenino para las requisas. A las compañeras trans las revisan varones y las ponen en comisarías con otros hombres”, contó la presidenta de AMMAR.

Estas actas tienen un alto porcentaje de archivo: el 95% de ellas son investigaciones judiciales que van a parar a un cajón. Gruenberg, basado en los propios datos oficiales, dice que el MPF no cumple la obligación de controlar la discrecionalidad de la policía en la aplicación del artículo 81.

Para intervenir sobre el hostigamiento, desde el Ministerio Público de la Defensa habilitaron una línea de Whatsapp para que las víctimas puedan hacer denuncias de violencia institucional en tiempo real.

Ni chorras, ni asesinas

“No somos chorras, no somos asesinas. Son nuestros cuerpos y una decide qué hace y qué no hace con su cuerpo”, sintetiza una de las mujeres que dio su testimonio para el informe. Las investigadoras entrevistaron a dos grupos. Por un lado, 14 mujeres que ejercen la prostitución en las calles de Constitución, en San Telmo, Flores, Pompeya, Parque Patricios y Pilar. La amplia mayoría es sostén de hogar y tienen entre 27 y 59 años. Se trató de mujeres argentina y también migrantes de Perú, Paraguay y República Dominicana. Por otro lado, participaron 9 mujeres tanto argentinas como migrantes paraguayas que trabajan en espacios cerrados. También la mayoría es sostén de hogar y tiene hijos a cargo. Sus edades van desde los 23 y los 48 años.

Desde AMMAR propusieron una ley para acceder a derechos laborales como cualquier trabajadorx registradx en el país. La posibilidad de que sea reconocido el trabajo sexual autónomo para ellas significa acceso a una obra social, aportes jubilatorios, créditos, entre otros derechos.

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