Regulación del uso de celulares en las escuelas secundarias bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires, se aprobó una nueva legislación que limita la utilización de teléfonos móviles en colegios secundarios, tanto en el ámbito público como privado. Esta normativa establece la restricción de dispositivos tecnológicos durante las clases “mientras se lleva a cabo el proceso educativo”. Sin embargo, se contemplan excepciones bajo circunstancias específicas definidas por autoridades educativas, docentes o si se trata de parte de los programas académicos.
Controversias y desafíos de implementación
El proyecto obtuvo la aprobación del Senado provincial luego de ser debatido en la Cámara de Diputados. Aunque ha sido un tema polémico entre educadores y la comunidad en general, la implementación tiene que superar un obstáculo adicional: la administración de Axel Kicillof no apoya tales restricciones y se opone a regular estas leyes.
Un precedente ocurrió en diciembre pasado con la firma de una normativa similar para la educación primaria, pero aún no vigente en las instituciones educativas. Esto ha provocado tensiones políticas internas.
Hace unas semanas, el senador Emmanuel González Santalla, perteneciente al espacio de La Cámpora, instó públicamente tanto al gobernador como a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, a que pongan en marcha la normativa sancionada por unanimidad hace casi un año.
El Poder Ejecutivo ahora enfrenta el desafío de formular dos reglamentaciones: una para educación primaria y jardines de infantes, que abarca a más de dos millones de alumnos en aproximadamente 10,400 escuelas, y otra para secundaria, con un total de 1.4 millones de estudiantes en 4,040 instituciones.
Diferencias internas y regulaciones a nivel nacional
El autor de la iniciativa, Martín Rozas, diputado de Unión y Libertad, extendió al nivel secundario la medida ya aceptada para primaria, basada en la Ley N°15.534. Esta ley aboga por un “uso responsable” de dispositivos, requiriendo que se mantengan apagados durante las clases, salvo que sean necesarios para tareas educativas.
El secretario de AIEPA, Martín Zriita, expresó a un medio nacional la necesidad de que las instituciones educativas sean autónomas para gestionar el uso de celulares, pero contando con un respaldo legal y herramientas efectivas para cumplir con sus políticas.
El mandato establece que las autoridades pertinentes deben desarrollar protocolos claros y recomendaciones para garantizar el cumplimiento eficaz de esta legislación. Aunque la publicación en el Boletín Oficial aún está pendiente, el debate continúa sobre la aplicabilidad de la normativa.
En otras jurisdicciones del país también se observan normativas similares. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prohíbe el uso de celulares en las aulas de secundaria durante las clases, otras provincias como Catamarca, Salta, Neuquén, Tucumán y La Pampa poseen leyes que regulan o limitan el uso de estos dispositivos en entornos escolares según el nivel educativo, similar a lo que ocurre en Formosa, Mendoza y Misiones.