El saqueo energético de Aranguren

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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió esta semana que el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, figura como director en dos sociedades propiedad de la Royal Dutch Shell. El año pasado, ambas fueron agraciadas con más de una decena de contratos de abastecimiento de gasoil a CAMMESA por cerca de 240 millones de dólares. Es necesaria una acción legislativa y jurídica genuinamente popular contra la política energética de Macri y Aranguren.

Que Juan José Aranguren, en calidad de ministro haga negocios para la firma anglo-holandesa no debería sorprender a esta altura del partido. Y si bien es un motivo más para pedir su renuncia, de ninguna manera es el más importante. Tampoco puede desconocerse el origen de la información difundida esta semana que lo vincula a dos sociedades offshore: los medios oficialistas integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dueños y señores de la base de datos de los Panamá Papers (y ahora de los Paradise Papers) publicaron una lista en la que figura como director de Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados y Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa.

Repasemos el largo prontuario del CEO-ministro, responsable junto al presidente Mauricio Macri, de una estafa energética contra el pueblo argentino de proporciones inéditas en la historia nacional y los puntos cruciales –y sus argumentaciones– que sugerimos formen parte, no ya de un simple pedido de renuncia de Aranguren sino más bien de una genuina e integral acción legislativa y jurídica que termine con el estafador y con la política de desregulación, privatización y extranjerización de la energía que tiene al tarifazo como su máxima síntesis. Acción legislativa y jurídica que deberá incluir una indemnización a la Nación y a su ciudadanía.

1. Aranguren sigue siendo accionista de Shell. Desde diciembre de 2015 y hasta el mes de septiembre de 2016, mantuvo un paquete de acciones de la Royal Dutch Shell. Dice haberlas vendido. Se desconoce a quién. Sucede, no obstante, que conocer el destinatario de la transferencia carece de importancia mientras no presente, con sello de la Oficina Anticorrupción, una declaración firmada de puño y letra en la cual se comprometa a no recomprarlas una vez finalizada su gestión.

La oposición debería formar una comitiva de legisladores nacionales y organizar un viaje al Reino Unido para conocer qué sucede allí en estos casos, difundiendo la cuestión Aranguren entre el periodismo local y europeo. Asimismo, debería convocarlo nuevamente al Congreso de la Nación para su segunda interpelación. Igual para la titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Mientras el CEO-ministro no presente formalmente el documento descripto en el párrafo precedente, traducido luego a resolución ministerial publicada en el Boletín Oficial, de ninguna manera podrá aceptarse su desprendimiento accionario.

Alonso no detectó un solo conflicto de interés

2. Sigue interviniendo (diseñando) y firmando todas y cada una de las medidas que ejecuta el Ministerio de Energía, violando sistemáticamente la Ley de Ética Pública. El presidente Macri, a través del Decreto 1006 de septiembre de 2016, aceptó la excusación del señor Aranguren de abstenerse de “… intervenir durante su gestión, en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA y/o con las empresas vinculadas a ésta, en las que pudiera corresponder su intervención en ejercicio de las competencias propias de dicho Ministerio”. El decreto en cuestión no sólo acepta la excusación presentada por Aranguren (Resolución 158/2016) para tomar decisiones en las que pueda verse involucrada la compañía de la cual formó parte durante más de treinta años, sino que delega tales atributos en el titular del Ministerio de Producción, Francisco Cabrera.

¿Se abstuvo de intervenir antes y después del decreto presidencial? De ninguna manera. Las resoluciones, por ejemplo, en materia de los nuevos cuadros tarifarios y del precio del gas en el PIST son firmadas por Aranguren. El CEO-ministro asegura que todo lo que hace se ajusta a su excusación (Resolución 158/2016), así como al decreto 1006. Preguntamos entonces, ¿cuáles son las actividades que el Grupo Shell realiza en la Argentina? El Grupo Shell actúa en los siguientes niveles del sector energético nacional: 1) producción de energía primaria (petróleo y gas natural); 2) oferta interna de energía primaria (importación de gas) para consumo final; 3) producción de energía secundaria (gas por red, gas licuado y combustibles líquidos derivados del petróleo); y 4) oferta interna de energía secundaria (importación de gas por red, comercialización de gas licuado y combustibles líquidos derivados del petróleo) para consumo final. El gas natural es, a su vez, insumo principal de la generación térmica al participar con el 82% del combustible utilizado, siendo que la termoelectricidad representó el 66% de la generación total de electricidad (febrero de 2017).

La empresa de la que Aranguren fue CEO durante una década (renunció el 30 de julio de 2015) y de la que continúa siendo su accionista (hasta tanto no asegure oficialmente no recomprará las acciones una vez concluido su mandato), participa en absolutamente todos los niveles del mercado ampliado de la energía, sea directa como indirectamente.

Debería realizarse un monitoreo permanente de las normativas firmadas por Aranguren, destacando siempre los ostensibles “conflictos de interés”, esto es, la sistemática violación a la Ley de Ética Pública 25.188 (artículo 15, inciso b).

3. Los nuevos cuadros tarifarios del gas, los incrementos en los precios del gas en el PIST, así como la política de supuesta progresiva eliminación de subsidios demuestra, a dos años de su ejecución, su absoluto fracaso. Para ampliar sobre este tema recomendamos ver los informes del OETEC. Ahora bien, no debe tratarse pura y exclusivamente como una cuestión de eficacia (cumplimiento de los objetivos propuestos). El tarifazo ha provocado un daño inconmensurable a la seguridad jurídica de la ciudadanía, su bienestar y calidad de vida; ha provocado masiva precarización e incertidumbre en la población; ha dejado miles de PyMEs al borde de la quiebra y quebrado otras tantas miles; ha generado, finalmente, un profundo daño a la seguridad económica del país y, sobre todo, a las economías de las provincias productoras de hidrocarburos.

La oposición debería formar una Comisión Bicameral de seguimiento de la política energética nacional en el marco del tarifazo y los objetivos propuestos por la administración Macri plasmados en las distintas resoluciones emitidas con posterioridad a las audiencias públicas (hasta el momento, la 212 y la 74).

4. La caída del gas en 2017 benefició a Shell en casi 400 millones de dólares en ocho meses. El OETEC demostró una semana atrás que, como consecuencia de no haber mantenido las tasas de crecimiento del 2016 (lo mínimo esperable del tarifazo y los nuevos precios del gas en boca de pozo), el gas “no producido” entre enero y agosto de 2017 fue importado en un 95% de Shell (vía Chile y a través de 22 embarques de GNL contratados a la empresa). En otras palabras, prácticamente la misma cantidad de gas que no se produjo el Estado lo compró a la empresa de la que el ministro fue CEO y accionista (durante buena parte del año pasado). El monto involucrado: cerca de 400 millones de dólares en apenas ocho meses.

Shell se convirtió en el mayor proveedor de gas licuado de Argentina

El juez Luis Rodríguez –el mismo que decidió privar de la libertad al diputado nacional Julio De Vido y al ex funcionario Roberto Baratta–, lleva la causa 5.611/2016 contra Juan José Aranguren en la que se lo acusa (e investiga) de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por dicha causa, originada en la denuncia de los diputados del FpV, Doñate y Tailhade, el CEO-ministro fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en junio del año pasado. Esta iniciativa penal fue ampliada en 2016 por la compra de gas a Chile. Debería ampliarse nuevamente en función de lo aquí expuesto.

5. Shell cuadruplicó sus ventas de GNL a la Argentina entre este año y el anterior. Sus cargamentos pasaron de 8 a 22 y los montos involucrados de 77 millones de dólares a 310 millones. Semejantes cambios en el contexto de un ministro que fue CEO de la empresa durante una década y su accionista incluso siendo funcionario público al menos durante diez meses en 2016, no es ninguna casualidad.

Debería ampliarse igualmente la denuncia penal de los diputados Doñate y Tailhade en función de lo aquí expuesto.

6. Sabotaje de Shell al sistema gasífero argentino: 7.463 millones de pesos en importaciones de gas que podrían haberse evitado (entre enero y agosto). Debe recordase, en primer lugar, que entre enero y septiembre las importaciones de gas natural ascendieron un 6,3% (y 5,9% en relación a 2015). En otras palabras, se importa cada vez más; y en segundo lugar, el desastre que la gestión de Aranguren está provocando en Neuquén, primera productora de gas. Para tomar noción, el gas neuquino no producido en 2017 como consecuencia de la fortísima e insólita desaceleración de su producción equivale a más del 100% de las importaciones chilenas de gas desde la asunción de Macri. A pesar del tarifazo y los precios del gas en boca de pozo más caros del mundo, la producción de Neuquén no para de desacelerarse desde la asunción de Macri. El volumen no producido supera en un 5% el total del volumen importado del país vecino.

La oposición debería formar una Comisión Bicameral de seguimiento de la política hidrocarburífera, con eje en las primeras productoras, tanto de gas como de petróleo. Debe estudiar y revertir las normativas vinculadas a la desregulación de las importaciones. Igual para el petróleo.

7. Estafa exportadora de gas. A través de insalvables justificaciones técnicas, se puso en marcha el mecanismo de swaps con el país trasandino. Dicho mecanismo consiste en entregar una cantidad determinada de gas en un punto del sistema y recibir la misma cantidad en otro punto del sistema. Desde la Argentina, la empresa que exporta a Chile es ENARSA. ¿Qué puede exportar ENARSA si no es productora? Exporta lo que importa en GNL (el 33% del total comprado al exterior proviene de Shell). ¿Quién compra en Chile la venta de ENARSA? ENAP, la petrolera estatal chilena. Y es esta misma empresa la encargada de vendernos luego (exportarnos) igual volumen de gas. ¿Qué nos puede mandar ENAP si no es productora (Chile no tiene gas)? Nos vende el GNL que le compra a Shell (que Chile importa de Shell). Pero acá no termina el engendro, porque si se conoce el precio de venta a Chile se desconoce el de compra (el cartel ministerial no lo informó).

Las mentiras de Aranguren

El sabotaje a la producción de gas en Neuquén, primera provincia productora, fue deliberado y la coartada perfecta para la reactivación de las exportaciones a Chile en 2018 bajo esquema de swaps. Según confirmó el propio gobernador, serán aportadas en gran medida por Neuquén. La oposición debería formar una Comisión Bicameral a los efectos de trabajar, desde ahora mismo y antes que sea demasiado tarde, para frenar las exportaciones. Aranguren debe ser convocado al Congreso Nacional para que dé respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se explica que el transporte esté saturado –y por ende haya que exportar– si la producción local es cada vez menor? ¿Cómo se explica que el transporte esté saturado si la demanda está estancada y la incorporación de nuevos usuarios se desploma? ¿Por qué si hay supuestos excedentes aumentan las importaciones? ¿Cuál es el precio de importación? ¿Cuánto GNL de más en volumen y dinero se compró para auxiliar a Shell y al sistema gasífero chileno?

8. Destrucción de YPF y supremacía Shell en el sector de los combustibles. Entre el año y medio último del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el año y medio de Mauricio Macri, la empresa Shell se expandió un 17,4% en su cuota de mercado sobre las restantes cuatro grandes empresas en ventas al público de naftas y gasoil. YPF cayó un 5,2%. Shell absorbió la cuota de YPF. Semejante coincidencia no puede pasar desapercibida y debe ser llevada al Congreso Nacional e iniciada una investigación en el marco del Poder Judicial. Igual para analizar los desplazamientos de YPF de los principales yacimientos en Vaca Muerta.

El hallazgo, gracias al bloque La Nación y Clarín, de dos sociedades propiedad de la Royal Dutch Shell de las que Aranguren fue director e involucradas en las compras de gasoil por parte de CAMMESA, es apenas un motivo más para pedir su renuncia. De hecho, son estos mismos medios los que indirecta y sutilmente ya lo están haciendo. En este sentido, no puede desconocerse la puja de intereses entre Shell, las petroleras privadas nacionales y las energéticas en manos de socios y parientes del mismísimo presidente de la Nación.

Y es por esta razón que cualquier iniciativa de pedido de renuncia basada en los intereses populares y en la recuperación de una Argentina soberana y autosuficiente, debe partir de una genuina e integral acción legislativa y jurídica que termine con semejante estafador y, a la vez, con su peor engendro: la política de desregulación, privatización y extranjerización de la energía que tiene al tarifazo como su máxima síntesis.

En otras palabras, acción legislativa y jurídica dirigida más que a su ejecutor a destruir desde sus cimientos la política energética neoliberal de Macri –base de la futura reconstrucción de una energía para y por el pueblo argentino–, y que deberá incluir una obligada indemnización a la Nación y a su ciudadanía por todas las desgracias padecidas.

@FBernalH

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