Aporte de los millonarios: financiar la pandemia sin inflación, deuda ni baja del consumo

Compartir

La nueva Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a afrontar los efectos del Covid-19 no golpea el bolsillo de los asalariados ni la inversión productiva. Su recaudación se utilizará para afrontar los costos de la pandemia y alcanza únicamente a las 12.000 personas más ricas del país.

Tras meses de debate en la opinión pública, el Senado aprobó la iniciativa de gravar, por única vez, a las grandes fortunas en nuestro país. Este proyecto encuentra su justificación en el brusco salto de las necesidades fiscales, en un año en que el Estado debió asistir a familias y empresas cuyos ingresos se derrumbaron con la propagación del virus y la profundización de la recesión económica. Las distintas iniciativas tomadas por el Gobierno Nacional en relación al Covid-19 tuvieron un costo de más de $1.500.000 millones, de acuerdo con información difundida por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entre ellas, podemos enumerar el Ingreso Familiar de Emergencia y otros bonos y planes creados para apuntalar la demanda, así como también el ATP, junto con diversos subsidios para asistir a la oferta. Estos surgieron en respuesta a una crisis que afectó tanto a consumidores como a productores. También, se dieron asistencias a provincias y municipios, se realizaron inversiones para reforzar el sistema sanitario y se tomaron medidas de administración tributaria que redujeron la recaudación. Este combo de políticas tuvo un costo de cerca de 6% del PBI, un monto muy elevado en una situación sumamente atípica. 

Es relevante mencionar que todos los países del mundo realizaron medidas de este tipo para alivianar los efectos de la pandemia y de las restricciones a la movilidad. Incluso, muchos de ellos llevaron a cabo paquetes fiscales más cuantiosos. Sin embargo, no todos pudieron financiarlos de la misma manera. Existen tres formas para un Estado de obtener recursos, cada una con costos y beneficios económicos asociados: endeudarse, emitir dinero o aumentar los impuestos. 

La mayor parte de las naciones utilizó la primera de estas alternativas. Aprovechando la baja tasa de interés internacional y la buena predisposición de los Organismos Internacionales de crédito para prestar, tomaron deuda en los mercados internos y externos para pagar los gastos efectuados por la pandemia. 

Para Argentina, en cambio, esta alternativa estuvo vedada. Debido al default de la deuda recibido por el Gobierno actual, nuestro país no tuvo acceso a los mercados de crédito a lo largo del año. Incluso después del canje de títulos concretado por el equipo de Martín Guzmán en septiembre -que nos sacó de la situación de incumplimiento de contratos de deuda-, las tasas a las que consigue endeudarse el Tesoro son prohibitivas para mantener la solvencia fiscal. 

Por este motivo, la opción con la que se financió mayoritariamente el desbalance fiscal en 2020 fue la emisión monetaria. La impresión de pesos permitió hacer frente al saldo negativo preexistente (incluso antes de la llegada del virus a nuestro país, se esperaba un resultado financiero deficitario por parte del sector público) y a las nuevas necesidades de gasto. Pero esta opción se vio limitada cuando la elevada liquidez en pesos generó tensiones monetarias y cambiarias. De esta forma, la escalada de los dólares paralelos y la pérdida de reservas internacionales -a pesar de las restricciones a la compra de divisas- le pusieron un techo a la asistencia del Banco Central al fisco. 

El aporte de los ricos como homenaje a Maradona

En este contexto, la alternativa restante es incrementar los impuestos. Con pocas cartas en la mano, el Ministerio de Economía eligió hacerlo por la vía de un aporte por parte de las 12.000 personas más ricas de nuestro país, aquellas que tienen activos declarados por más de $200.000 millones. Este gravamen tiene la ventaja de que, al caer sobre un sector de la población que no gasta todos sus ingresos, afecta poco al alicaído consumo de las familias. De esta forma, a diferencia de un incremento impositivo que abarcara también a la clase media, este aporte tendrá un efecto pequeño sobre la demanda agregada y la actividad económica. 

Por otra parte, al tratarse de un gravamen a las personas y no uno sobre las empresas, no es trasladable a los consumidores. A modo de ejemplo, un aumento en el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas podría buscar compensarse con una suba del precio de los artículos vendidos por dichas compañías, haciendo que el costo impositivo terminara siendo afrontado por sus compradores. Esto no es posible cuando el tributo recae sobre personas humanas, es decir, los dueños de esas empresas. 

¡No nos toquen!

También podemos destacar el componente progresivo del aporte a las grandes fortunas. Mientras que impuestos como el IVA o Ingresos Brutos son pagados de igual manera por toda la sociedad, afectando en mayor medida a los que menos tienen, los Impuestos Inmobiliarios, a las Ganancias y a los Bienes Personales tienen un peso creciente sobre los segmentos de mayor poder adquisitivo. El aporte de las grandes fortunas se inserta en este último grupo, contribuyendo a la equidad del sistema tributario. En este sentido, este régimen fue aprobado con una tabla de alícuotas progresiva, que va del 2% al 5,25%. Esto significa que dentro del reducido grupo que pagará el impuesto, quienes tengan más bienes afrontarán una tasa más elevada. También tendrán una carga mayor quienes tengan sus activos situados en el exterior, a modo de incentivo para repatriar los ahorros. 

Como aspectos negativos del nuevo impuesto, se mencionó que podría reducir la inversión, ya que la masa de ahorros del sector privado se utiliza para capitalizar empresas y financiar nuevos proyectos. Sin embargo, el sector público también usará parcialmente estos recursos para realizar inversiones, como la construcción de hospitales o la exploración de gas natural. Por otra parte, un impuesto de estas características podría fomentar la informalidad, ya que los contribuyentes afectados podrían no declarar sus patrimonios para evadir el pago del tributo. De cualquier manera, este argumento pierde peso frente a un impuesto que se cobraría por única vez este año (a pesar de que muchos regímenes transitorios terminan convirtiéndose en permanentes en nuestro país, como los impuestos al cheque o a las Ganancias). También se hace alusión a la elevada presión tributaria existente en nuestro país, aunque la mayor parte de la recaudación no está focalizada en impuestos al patrimonio, progresivos por definición. Por último, este tributo tiene una asignación específica, lo que implica que los recursos que recaude se destinarán a fines predeterminados -un 20% para equipamiento médico, 20% para subsidios a PyMEs, 20% para Progresar, 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana y 25% para proyectos energéticos-. En la práctica, esto significa que estos recursos no se coparticiparán con las Provincias, que podrían solicitar una porción, dado que los impuestos patrimoniales son, en principio, de su competencia. 

De esta manera, el aporte a las grandes fortunas se ubica junto a otras iniciativas del Gobierno por hacer más justo al sistema tributario local, algo enfatizado por el FMI y otros Organismos Internacionales como mecanismo virtuoso para financiar el aumento del gasto público en la actual recesión. En el último año se aumentó el Impuesto a los Bienes Personales, se gravó el ahorro en moneda extranjera (Impuesto PAIS) y se elevó el peso de los impuestos patrimoniales en algunas provincias. 

En conclusión, este aporte permitirá obtener recursos para financiar los gastos asociados a la pandemia sin afectar al mercado cambiario, a la sostenibilidad de la deuda ni a los ingresos de los sectores más afectados por la misma. Así, es un paso en la dirección de un Estado presente y solvente. 

Comentarios

Comentarios

Joaquín Waldman

Economista y maestrando en economía (UBA), Analista en Ecolatina.

Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 27/05/2022 - Todos los derechos reservados
Contacto