Bloqueado

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Macri intentó reasignar fondos del Plan Belgrano para sus amigos y socios. Lo hizo ocultando la reasignación de partidas en el DNU de pago a los jubilados. Pero el intento no pasó la comisión bicameral del Congreso, donde el massismo y el FPV se aliaron. Bloqueó este cambio que perjudicaba al norte argentino en beneficio del área metropolitana y llevaba dinero directo a los bolsillos de Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra.

La polémica reasignación de fondos que intentó hacer Mauricio Macri por decreto fue frenada por el Congreso. El decreto que beneficia a IECSA, la empresa del primo del Presidente Angelo Calcaterra, y la de su amigo Nicolás Caputo, encontró su obstáculo en la comisión bicameral.

Para beneficiar a estas empresas, Macri había reasignado fondos del Plan Belgrano, el punto de inicio de la obra pública prometido en campaña. La oposición advirtió que la reasignación de partidas fue en desmedro de las obras en el NOA y NEA y el cimbronazo fue tal que José Cano, el radical que quedó a cargo del Plan Belgrano tuvo que salir a mostrarse con el Presidente, para desmentir que se estuvieran vaciando los fondos para el norte argentino.

El decreto frenado reasignaba más 60 mil millones de pesos para planes de transporte en la Ciudad de Buenos Aires y el Plan Belgrano quedaba como partida para el Presupuesto 2017.

La reasignación venía “oculta” dentro del decreto 797 destinado al pago de los juicios a los jubilados. Para presionar a la Corte Suprema, antes del fallo que anuló parte los aumentos de tarifas, el macrismo había dicho que sacrificaría la obra pública para paliar el costo fiscal, pero el intento de cambio de destino de fondos no tuvo nada que ver con la decisión del Máximo Tribunal.

Una de las principales partidas reasignadas era para el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra en la que IECSA (de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente) tiene el 30%. Se trata de una inversión millonaria, que está pautada en 45 mil millones de pesos y que para este año el macrismo había reasignado 300 millones.

IECSA es una de las principales contratistas del Estado argentino y durante los últimos años trabajó en conjunto y hasta subcontrató a Austral Construcciones, de Lázaro Baez, para hacer diferentes ejecuciones o ingresar a licitaciones.

El otro gran desembolso era para el “Subtrenmetrocleta”, ese curioso proyecto anunciado en campaña que se llevó la atención de las redes sociales. La obra demandaba unos 3.000 millones de pesos (inicialmente) y detrás del negocio está el grupo Roggio. El plan es conectar las líneas de ferrocarriles del Gran Buenos Aires en el centro de la Ciudad, abajo del obelisco; aunque inicialmente se va a comenzar con la construcción de una “estación subterránea” en Constitución.

Para la oposición, las reasignaciones de las partidas iban en desmedro del dinero que debía girarse para empezar a poner en práctica el Plan Belgrano. En Salta,  los intendentes locales afirman que aún no hay ni una obra en ejecución, en tanto que desde el entorno del radical Cano confiesan que la puesta en práctica será recién en el ejercicio próximo.

De los casi 100 mil millones que Macri intentaba redireccionar en el Decreto 797, el 70% iba para obras en el área metropolitana. Pero el DNU no pasó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en la que el Cambiemos está obligado a acordar con la oposición para obtener un resultado positivo. Pero el FPV en contra y el massismo, en este caso representado por el diputado Raúl Pérez, no dieron el visto bueno.

El intento de Macri, muestra cuál es su interés al favorecer ciertas obras: otras de las que ahora deberán buscar fondos en otra parte son el desarrollo de nuevos Metrobus y bicisendas, la “puesta en valor” de la estación de micros de Retiro, la construcción de una estación subterránea en Once para los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, y distintos tramos de rutas nacionales. Algunos de los contratos referidos al Metrobus durante los últimos años habían quedado en manos de la constructora de Nicolás Caputo, el empresario amigo del presidente Macri.

Caputo además es contratista y miembro dilecto de la “mesa política chica” del presidente Macri. Entre 2004 y 2015 facturó obras al Gobierno de la Ciudad por un total 1.384 millones de pesos, convirtiéndose en el mayor contratista.

Las inversiones que intentó pasar en el decreto 797 estaban planeadas para ejecutarse hasta el año 2018 (salvo excepciones, como el soterramiento del Sarmiento). De los casi 100 mil millones, poco más de 3.513 millones de pesos correspondían a trabajos para realizar durante este año, otros 31.072 millones se emplearían en 2017 y 24.028 millones en 2018.

La ejecución de obras en el macrismo son fruto de una interna severa adentro de Cambiemos, entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Daniel Chaín, secretario de Obras Públicas. Desde el entorno de Frigerio dejaron trascender más de una vez que Chaín demoraba el movimiento de la obra pública para desgastar su figura. Chaín, por su parte, sueña con algún día coronarse como cabeza de un ministerio de infraestructura que le prometieron allá por noviembre del año pasado.

@alegiuffrida

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