Fanáticos de la impunidad

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«No sé si hubo 30 mil desaparecidos, no tengo idea». Los dichos del Presidente Macri distan de ser inocentes. La puesta en duda de la cifra de desaparecidos es el primer paso para instalar un debate que dé origen a un nuevo marco simbólico que exponga lo que hasta ahora el macrismo realiza tras las sombras: retroceder en las políticas de DD.HH. mediante la dilatación de los juicios o el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas.

Los grupos de “memoria completa” sobre la década del ’70 se revitalizaron con la llegada del macrismo al poder. Reuniones sin difusión con funcionarios y reclamos para evitar la cárcel por delitos de lesa humanidad.

El pedido de “sanar las heridas” entre los argentinos llegó ayer a la Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa por los policías que murieron en el atentado a la sede de Coordinación Federal del 2 de julio de 1976. La llegada de grupos que pregonan la “memoria completa” de lo ocurrido durante los años ‘70 a la principal iglesia del país coincide con las reuniones que sus principales referentes -como Cecilia Pando- han venido sosteniendo con el ministro de Justicia, Germán Garavano en las últimas semanas.

“¿Por qué aplauden?”, preguntaba poco después del mediodía  la mujer que atiende el negocio de souvenirs ubicado dentro de la Catedral. “No es común que se aplauda aquí dentro”, explicaba mientras los feligreses empezaban a dejar el templo. Lo que la mujer no sabía es que la misa había sido convocada por el Colectivo de Personas Privadas de Libertad y de Acceso a la Justicia, un grupo creado para denunciar la supuesta ilegalidad de los procesos por delitos de lesa humanidad que devolvieron a los represores a la cárcel después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El Colectivo de Personas Privadas de Libertad y Acceso a la Justicia es el que viene motorizando el pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las condiciones de detención de imputados y condenados por desapariciones, secuestros y robo de bebés durante el terrorismo de Estado. Pese a que el plazo ya está vencido, el gobierno argentino sigue demorando una respuesta al organismo internacional, encendiendo la alarma entre organismos de derechos humanos y creando expectativas a los grupos de “memoria completa”.

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La frase que arrancó los aplausos de quienes llenaban los bancos de la Catedral fue pronunciada por Alejandro Russo, el sacerdote que ofició la misa. “Pedimos para que la herida pueda sanarse”, dijo el religioso que es definido como un estrecho colaborador de Jorge Bergoglio por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

Russo ofició una misa aséptica, haciendo una única referencia al “cruento atentado”. También les dijo a los feligreses que lo acompañaban en la catedral: “Decimos en voz baja los nombres de los que han caído y son familiares de cada uno”. Al finalizar la misa, llamó a encender velas debajo del Cristo de Buenos Aires, que se ubica en el rincón derecho del altar. Dijo que esa misma liturgia se seguía en las misas por los pibes de Cromañón y por los muertos de Once. Hacia ese rincón donde colgaba el Cristo doliente, partieron hombres y mujeres mientras entonaban una canción que rezaba: “Salva al pueblo argentino”.

Actos

En la nochecita del viernes 1 de julio, unas 30 personas empezaron a amontonarse sobre Moreno al 1400, frente al edificio donde en 1976 funcionaba “Coordinación Federal”. El 2 de julio la organización Montoneros detonó una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal — como se llamaba entonces. Murieron más de 20 uniformados y una civil.

El atentado en Coordinación Federal desencadenó una serie de represalias por parte de las fuerzas represivas. El 3 de julio, los diarios informaron que habían aparecido ocho cadáveres en un estacionamiento de San Telmo, no muy lejos del edificio del atentado. Un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada -como señalaron sobrevivientes e investiga el juez Sergio Torres- irrumpió en la casa parroquial de la iglesia San Patricio del barrio de Belgrano. Allí se encontraban tres sacerdotes y dos seminaristas. Fueron masacrados. Quedó una inscripción: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”. En la madrugada del 20 de agosto, un grupo de 30 personas secuestradas en la Superintendencia fue sacado del lugar y llevado hasta la localidad de Fátima en Pilar. Los asesinaron y dinamitaron sus cuerpos. En 2008, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a dos ex-comisarios de la Policía Federal por la llamada masacre de Fátima.

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El acto del viernes había sido convocado por la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia y había adherido la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina (AFAVITA), fundada en 2006, casualmente cuando se reiniciaron los procesos contra los responsables de delitos de lesa humanidad en el país.

“Que no mientan más. Es venganza política y son presos políticos”, dijo Andrés Fernández Cendoya, dirigente de Afavita. Fernández Cendoya fue pasado a disponibilidad por Néstor Kirchner en 2006 después de que asistiera a un acto en el Círculo Militar donde se cuestionaba la política de derechos humanos del gobierno.

En 2006, se celebraron dos juicios: uno contra Julio Simón en Capital Federal -que fue la causa que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que dictó la Corte Suprema en 2005- y otro contra Miguel Etchecolatz. La reacción contra el proceso de revisión de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad llevó a los grupos pro-militares a las calles con importantes movilizaciones en la plaza San Martín. El 18 de septiembre de 2006 fue desaparecido Jorge Julio López, testigo y querellante contra Miguel Etchecolatz. A casi diez años de su desaparición, la justicia mostró nulos avances.

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En simultáneo con la misa en la catedral, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó en el acto por los caídos de la Policía Federal, que se realiza anualmente y al que asistían funcionarios de la anterior gestión en Palermo. Este año también fueron invitados al homenaje los integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la agrupación que en enero visitó la Secretaría de Derechos Humanos que funciona dentro de la ex-ESMA para reunirse con Claudio Avruj. Según contó el funcionario, los integrantes de la agrupación también creada en 2006 no pidieron acciones concretas sino reconocimiento e hicieron referencia a una mesa que compartieron con Graciela Fernández Meijide y Elisa Carrió en el instituto Hannah Arendt que fundó la socia de Macri en la coalición gobernante Cambiemos.

Con ímpetu renovado

La reunión de Avruj con los referentes del Celtyv marcó la apertura del gobierno de Macri a los grupos que reclaman impunidad, que venían ganando mayor protagonismo en la agenda pública desde agosto del año pasado, cuando la Universidad Católica Argentina (UCA) convocó a una mesa pro-reconciliación, que fue motorizada por el obispo emérito Jorge Casaretto. El religioso insistía que había que dejar pasar la campaña y reforzar el pedido por el fin de los juicios.

La postura de Casaretto llevó a un grupo de organismos de derechos humanos -entre los que se encontraban el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo- a reclamar explicaciones por parte de José María Arancedo, el titular de la Conferencia Episcopal quien dijo, al igual que en 2012, que la iglesia mantenía su apoyo al proceso de verdad y justicia. En 2012, la iglesia dio a conocer el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, después de que el dictador Jorge Rafael Videla dijera que las desapariciones habían tenido el visto bueno eclesiástico.

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Página/12 reveló que Garavano se reunió en abril con Pando, quien saltó a la fama en 2005 tras salir en defensa del entonces obispo castrense Antonio Baseotto, cuya remoción había sido solicitada por Kirchner al Vaticano después de que el sacerdote sugiriera que “a quienes escandalicen a los niños deberían atarles una piedra al cuello y arrojarlos al mar” por la política de repartir preservativos propuesta por el entonces ministro Ginés González García. La cartera que dirige Garavano obvió difundir el encuentro con la dirigente de la  Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. En el mismo olvido había incurrido la Secretaría de Derechos Humanos tras el encuentro con el Celtyv, que sí difundió en redes una foto con Avruj el mismo 14 de abril.

Como no hay dos sin tres, el ministerio de Justicia tampoco informó el encuentro que mantuvo Garavano con los referentes de Justicia y Concordia. «Hablamos sobre los presos políticos y pedimos (que se les conceda) la prisión domiciliaria. Pedimos que se cumplan con las garantías que la Constitución prevé para todos los habitantes de la República Argentina», le confió el abogado Alberto Solanet a El Destape. Hubo dos reuniones: una el 12 y otra el 19 de mayo. Solanet fue acompañado por Ricardo Saint Jean, abogado e hijo de Ibérico, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. A ellos se sumó el abogado Gerardo Palacios Hardy.

Todos ellos habían celebrado un encuentro el 10 de noviembre del año pasado, a días de la segunda vuelta entre Macri y Daniel Scioli, que se avizoraba vientos de cambio en la asamblea anual de Justicia y Concordia.

Solanet y Pando no divulgaron mayores detalles de su reunión con Garavano, que supo integrar el selecto Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), de aceitados vínculos con los dictadores aun cuando habían dejado el poder.  Avruj, por su parte, ya en marzo se pronunció a favor de la domiciliaria para mayores de 70, dando a entender que ese beneficio no es concedido por presiones políticas. Sin embargo, la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad a cargo de Jorge Auat y Carolina Varsky informó que de de los 1070 detenidos, 574 están en la cárcel y 467 en arresto domiciliario.

De regreso

Para Paula Canelo, autora de La Política Secreta de la Última Dictadura Argentina, las asociaciones de memoria completa han tenido una presencia irregular desde la transición a la democracia. Hubo tiempos en los que tuvieron un rol central y otros en los que cayeron en una posición residual. “Puede afirmarse que durante las últimas décadas han tenido una baja legitimidad social”, explica.

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“Históricamente, tuvieron una fuerte presencia durante los años ‘80, sobre todo en la figura de la agrupación Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS). Entonces, su fuerte accionar público respondía a que todavía no estaba saldada la lucha de memorias antagónicas sobre la represión dictatorial y la violación de los DDHH.  Esa lucha de memorias antagónicas los transformaba en voceros útiles de sectores muy poderosos”, explica Canelo. FAMUS intervenía con misas para honrar a sus héroes, una práctica rescatada ayer en la Catedral. Aunque en esta oportunidad no se habló de héroes sino de víctimas, como explica Valentina Salvi, autora de De Vencedores a Víctimas – Memorias Militares sobre el pasado reciente en la Argentina.

“Su presencia residual fue, de todas formas, amplificada por actores políticos centrales, como el diario La Nación, donde, por ejemplo, tenían presencia recurrente asociaciones procesistas como el Foro De Generales Retirados o el Grupo de Almirantes. Las consignas de Memoria Completa también fueron centrales en los conflictos por el liderazgo dentro del Ejército, entre las figuras de los generales Martín Balza y Ricardo Brinzoni,” agrega Canelo. Para la socióloga, durante el kirchnerismo perdieron visibilidad pero recibieron un nuevo envión para ocupar la escena pública.

“El fortalecimiento de las consignas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lejos de debilitarlas, las fortaleció, tal vez porque el carácter de estas agrupaciones es esencialmente reactivo”.

Las reuniones con funcionarios macristas, el apoyo de los editorialistas de La Nación y la apertura a memorias antagónicas le ofrecieron un escenario más favorable. “Tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri, estas agrupaciones gozaron de un inesperado e inédito reconocimiento. De actores residuales de la escena pública, fueron impulsados a escenarios mucho más visibles”, explica Canelo.

@lucianabertoia

 

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Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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