Jubilaciones y pensiones, la variable de ajuste

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La tríada de reformas impulsadas por el gobierno genera un “agujero” fiscal cuya variable de ajuste es la recaudación de la ANSES. La reforma tributaria y laboral  suponen una merma importante en el financiamiento de pensiones y jubilaciones, por lo cual la reforma previsional aparece para garantizar el llamado “ahorro necesario” a través del recorte a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y perceptores de asignaciones familiares. El informe “ANSES, el botín de las reformas», del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza en detalle estos elementos y estima el monto del desfinanciamiento de la entidad, por los diferentes conceptos implicados en las reformas.

En cuanto a la reforma tributaria, existen dos elementos que introducen importantes alteraciones que afectan a la recaudación de las provincias. Por un lado, la reducción del impuesto a los ingresos brutos y por el otro, el reclamo en torno al Fondo del Conurbano que realiza la gobernadora Vidal para eliminar el “tope” que puede percibir la Provincia bajo ese concepto y cuyo excedente, hasta el momento, se distribuía entre el resto de las provincias que no son Buenos Aires.

Como “medida compensatoria” de la baja en la recaudación de las provincias, el gobierno propone que se coparticipe el 100% del impuesto a las ganancias, lo que implicaría en los hechos una merma de los recursos de las ANSES, dado que actualmente una porción de sus ingresos dependen del 20% del impuesto a las ganancias. Por este concepto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que ANSES perderá $ 111 mil millones por este concepto.

Pero este no es el único elemento que ajusta sobre la recaudación de la ANSES: también la reducción de las contribuciones patronales, a partir del establecimiento de un mínimo no imponible por trabajador y que irá creciendo progresivamente año a año. Este elemento central de la reforma laboral, según las estimaciones de CEPA, supone una pérdida en la recaudación de la caja previsional de 42 mil millones de pesos en 2018.

Ahora bien, tanto la compensación a la recaudación de las provincias vía coparticipación del 100% del impuesto a las ganancias, como la reducción de las contribuciones patronales, solo son viables en términos fiscales a partir de la aplicación de la tercera reforma en cuestión: la reforma previsional. La misma, supone un ajuste sobre los haberes percibidos por jubilados y perceptores de asignaciones que “financiaría” las modificaciones antes mencionadas.

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Concretamente, la reforma previsional implica una modificación de la Ley de Movilidad de 2009, según la cuál los haberes jubilatorios y asignaciones se actualizan bianualmente mediante una fórmula compuesta por la recaudación y los aumentos negociados por los asalariados activos a través de las paritarias. De aprobarse la reforma propuesta por el gobierno, los haberes jubilatorios se ajustarían por inflación lo que implica la imposibilidad de ganar poder adquisitivo, posibilitando solamente “no perder” frente a la inflación. CEPA estima el ahorro fiscal que supone este recorte sobre los jubilados, rondando los 100 mil millones de pesos.

Así, se constata que elementos centrales de las reformas propuestas por Cambiemos se financian con los fondos de la ANSES, ajustando sobre jubilados, beneficiarios de AUH y asignaciones familiares.

La maldita tríada de reformas

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Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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