La vuelta del FMI

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El libro Plan Macri -compilado por Ari Lijalad- atraviesa cada aspecto significativo del Gobierno de Cambiemos. Los CEO al poder, el camino al default que está trazando y la falta de transparencia, entra otros aspectos. Aquí, el capítulo referido al regreso del FMI al control de las cuentas públicas nacionales. El reingreso al mercado de capitales, el hiperendeudamiento, la recesión autoinflingida y otras delicias del gobierno de Macri.

“Hay hombres que de su ciencia

Tienen la cabeza llena

Hay sabios de todas menas,

Más digo sin ser muy ducho:

Es mejor que aprender mucho

El aprender cosas buenas.”

José Hernández,

La vuelta de Martín Fierro

Después de diez años de ausencia, el Fondo Monetario Internacional está de vuelta en la Argentina. ¿Cuál es el problema? Ninguno, contesta el Gobierno de Mauricio Macri que le extendió la invitación. Su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, resume la postura oficial en dos frases escuetas, masculladas con el desgano de quien se ve obligado a explicar una obviedad: “En estos momentos tenemos una misión del Fondo Monetario que lo único que está haciendo es analizando la situación de Argentina. Nosotros no tenemos por qué hacerle caso al Fondo Monetario, pero tampoco tenemos por qué ocultar nuestros números, ni al FMI ni a nadie, porque no tenemos nada que ocultar”.

Cuesta reprimir la tentación de replicar el argumento del ministro con nuestra propia obviedad: el Gobierno que no tiene “nada que ocultar ni al FMI ni a nadie” es el mismo que impuso un apagón estadístico durante los primeros cinco meses de su gestión para ocultar los números —“nuestros números”— que, de haber sido revelados, hubieran expuesto crudamente y en tiempo real las consecuencias calamitosas de su política económica.

Yendo un poco más allá, es verdad que la revisión contemplada en el artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI se limita, en lo formal, a sugerir medidas económicas sin imponer las “condicionalidades” características de los acuerdos de stand-by y demás programas de asistencia financiera del organismo. Pero también es cierto que el límite entre las sugerencias y las condiciones se desdibuja a medida que crece la deuda de un país con el mercado internacional de capitales. Por eso, el problema principal no es el FMI sino el Gobierno de Macri, porque el ritmo al que nos está endeudando justifica que nos preguntemos cuánto tiempo falta para que de nuevo tengamos que “hacerle caso al Fondo Monetario”.

El Gobierno pretende tranquilizarnos explicando que esta vez es diferente porque no está en sus planes pedirle prestado al FMI, ya que le alcanza con el financiamiento que obtiene en el mercado de capitales. El romance del Gobierno con el mercado ha sido tapa de todas las publicaciones financieras y, a juzgar por la frecuencia de sus encuentros (una cita por semana en los meses de septiembre y octubre), la aventura de verano promovida por el celestino Griesa ya es un noviazgo maduro que no necesita chaperón. Entre abril y octubre de 2016, el Gobierno emitió bonos denominados en moneda extranjera por 22.000 millones de dólares que ha utilizado para satisfacer el reclamo extorsivo de los fondos buitre, financiar la fuga de capitales facilitada por la eliminación de los controles de cambio y emparchar el aumento del déficit fiscal generado por la caída de la recaudación impositiva producto de la recesión autoinfligida y la rebaja de las retenciones al campo y las mineras. Una cifra que trepa hasta los 40.000 millones de dólares si se le suman las emisiones de bonos en pesos, la mayoría de los cuales fueron suscriptos desde el exterior por inversores golondrina, deseosos de aprovechar el diferencial de cambio disponible mientras sigan conviviendo tasas en peso positivas y dólar “barato”, pero listos para alzar vuelo apenas baje la tasa o suba el dólar. ¿Resultado? A octubre de 2016, la deuda pública argentina, que representaba el 43 % del Producto Bruto Interno al final del mandato de Cristina Kirchner, ya llegó al 52 % del PBI después de que rompió en nuestra costa el tsunami de deuda potenciado por la devaluación con la que el Gobierno procura saciar la sed por la sequía de inversiones. Sin contar los 6250 millones de dólares colocados en tropel por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Neuquén, Mendoza, Salta, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 672.000 millones de pesos en letras del Banco Central de corto plazo que ya suman el doble del monto de esos instrumentos que había en circulación a fines de 2015.

Dado que los nueve puntos adicionales de deuda están en manos de acreedores privados que, en su mayoría, no residen en la Argentina, su eventual refinanciación queda sujeta a los rigores y vaivenes de los mercados internacionales de crédito. El Gobierno justifica las ventajas de su estrategia financiera celebrando que “la Argentina está colocando bonos a la tasa más baja de su historia” gracias a que el mundo ahora confía en el país. Prat-Gay explica que desde que él está al mando de la economía el costo financiero en dólares de la Argentina descendió de aproximadamente 8 a 6,3 %, pero omite que la rebaja no se debe a la pericia de su equipo de exbanqueros, sino a la caída generalizada de las tasas de deuda soberana de todos los países durante 2016. Por eso, el “riesgo país” de la Argentina, que mide la diferencia entre la tasa que el mercado exige por un bono argentino y la tasa de un bono de los Estados Unidos con un plazo similar, es apenas más bajo en octubre de 2016 que en diciembre de 2015 (480 puntos básicos el 10 de diciembre de 2015 y 447 el 25 de octubre de 2016). Los inversores internacionales le exigen los mismos cuatro puntos y pico porcentuales de prima a la Argentina del confiable Macri que a la Argentina de la incorregible Cristina.

Semejante dimensión y velocidad de endeudamiento no es sostenible en el mediano plazo, quizás ni siquiera en el corto. Los mercados son codiciosos pero no zonzos y ya no silencian sus advertencias sobre cuál es el camino que la Argentina debería recorrer más temprano que tarde para que el auxilio financiero no se encarezca de nuevo o, simplemente, cese por completo. Por ejemplo, Walter Molano, el jefe de análisis económico del banco de inversión estadounidense BCP Securities, alerta que “lo bueno [de Brasil] es que está tomando medidas concretas en lugar de tapar sus problemas con una orgía de bonos, como lo hace su vecino”. Las medidas concretas brasileñas elogiadas por Molano incluyen un proyecto de reforma constitucional que congelaría el gasto público durante veinte años. La similitud de esa medida con la ley de déficit cero impulsada por Domingo Cavallo y bendecida por el FMI en el crepúsculo de 2001 no es mera coincidencia.

Los analistas ingratos han descontado el esfuerzo desplegado por Macri en los primeros seis meses de su gobierno para acatar las recomendaciones del FMI aun antes de que su misión aterrizara formalmente en Buenos Aires en el mes de septiembre para iniciar la revisión estipulada en el artículo IV de su Convenio Constitutivo. Previsor, el FMI ya había detallado su programa para la Argentina en el documento que publicó en vísperas de nuestras elecciones presidenciales, Perspectivas económicas: Las Américas ajustando bajo presión (octubre 2015), cuyo contenido no le va en zaga a la honestidad brutal de su título:

“Para reactivar el crecimiento, Argentina debe eliminar las distorsiones microeconómicas, las cuales hacen todavía más necesario un ajuste macroeconómico. En particular, los controles cambiarios distorsionaron los precios relativos, generaron un mercado paralelo de divisas y erosionaron la competitividad. Se han congelado los precios de los servicios públicos, lo que ha abierto una brecha entre los precios minoristas y la recuperación de costos, mientras que los acuerdos de precios han contenido de manera temporal las fuertes presiones inflacionarias. La corrección de esas distorsiones es crucial para una mejor asignación de recursos y un mayor crecimiento luego de los ajustes de precios. Se necesitará un ajuste fiscal y una orientación monetaria más restrictiva para contener los efectos de la inflación y limitar las presiones de depreciación sobre el peso argentino. A su vez, la eliminación de los subsidios distorsivos y la reducción de la inflación allanarán el camino para alcanzar un crecimiento más equitativo”.

Después de leer ese párrafo se entiende mejor lo que quiso decir Prat-Gay. No vamos a tener que hacerle caso al FMI porque ya le hicimos caso antes de que llegara su misión. La única duda es si el FMI le dictó su programa de ajuste a Macri o si Macri le sopló el suyo al FMI antes de las elecciones. Lamentablemente, los resultados son menos obedientes que los funcionarios. Ni el “ajuste fiscal” ni la “orientación monetaria más restrictiva” han servido para “contener los efectos de la inflación” (en 2016 rondará 40 %, casi el doble del 23,9 % registrado en los últimos doce meses del gobierno anterior según la medición de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires) o “alcanzar un crecimiento más equitativo” (en 2016 la actividad caerá aproximadamente 2 % mientras que en 2015 creció 2,4 %, según el cálculo publicado por el nuevo INDEC).

Un año más tarde, en la actualización del citado documento del FMI publicada el 7 de octubre de 2016, el organismo califica con un felicitado el cuaderno de deberes de Macri por haber puesto “en marcha las reformas orientadas a corregir los persistentes desequilibrios macroeconómicos y las distorsiones microeconómicas que se heredaron del gobierno anterior” y destaca que “se ha avanzado mucho desde que el nuevo gobierno entró en funciones”. Resalta entre la lista de logros “la unificación del tipo de cambio, la normalización de las relaciones con los acreedores, la realineación de los precios de los servicios públicos…, la eliminación de las distorsiones relacionadas con los impuestos sobre las exportaciones y los controles de capital”, no sin dejar de reconocer que “la transición ha resultado más costosa de lo previsto en 2016”, lo cual no debería alarmarnos demasiado porque “las perspectivas de crecimiento a mediano plazo han mejorado considerablemente”, si bien para que ese crecimiento sea “fuerte, sostenible y equitativo” la Argentina no debe dejar de “reducir los desbalances fiscales y enfocar la política monetaria hacia una caída sostenida de la inflación”, ya que la “profundización de las reformas estructurales” crearán “un ambiente más receptivo para la inversión”.

El mismo espíritu anima el comunicado de prensa del FMI que informa las conclusiones preliminares del equipo que se instaló en Buenos Aires entre el 19 y el 29 de septiembre para realizar la primera revisión del artículo IV en diez años. Las políticas económicas del Gobierno son “ambiciosas” y “muy necesarias” aunque “inevitablemente” hayan tenido un “impacto adverso en lo inmediato”. El FMI elogia al Gobierno por “comprometerse claramente a bajar la inflación” (a pesar de que se duplicó) y “reducir el déficit fiscal” (a pesar de que el déficit aumentó 52 % en nueve meses). Y menciona como al pasar que “el arreglo con los acreedores ha permitido el retorno a los mercados de capitales internacionales”, pero sin agregar una palabra sobre los riesgos que entraña el aumento de la deuda pública (a pesar de que el propio manual del FMI califica a los países cuya deuda pública excede el 50 % de su PBI como merecedores de un “escrutinio superior”).

No hace falta esperar hasta que el FMI publique el informe final del artículo IV argentino para conocer cuáles son, concretamente, esas reformas estructurales que necesitaremos profundizar para que los inversores se sientan bienvenidos, pues han variado muy poco desde la última vez que nos visitó. Esa es la conclusión general que surge de dos estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2012 y por el Center for Economic and Policy Research en 2013, que analizaron, respectivamente, los informes bajo el artículo IV de cincuenta países de medianos y bajos ingresos (OIT) y de veintisiete países de la Unión Europea (CEPR).

Por ejemplo, en cuarenta y ocho de los cincuenta países analizados por la OIT y en los veintisiete países analizados por el CEPR, el informe del artículo IV recomendó un ajuste fiscal, y, en general, el método preferido para concretar ese ajuste fue el recorte del gasto público en lugar del aumento de impuestos. Las mismas medidas específicas se repiten una y otra vez: bajar las jubilaciones estatales y extender la edad jubilatoria, descentralizar las convenciones colectivas, reducir las indemnizaciones laborales. Ni siquiera los países europeos más desarrollados se salvan de la receta única: el artículo IV de Francia señala que “las rigideces del mercado laboral probablemente sean el principal obstáculo que impide el crecimiento económico y el aumento del empleo”, y el de Alemania le aconseja “incrementar la flexibilidad del mercado laboral mediante la reducción de las protecciones laborales jurídicas y judiciales”. El estudio del CEPR concluye que las recomendaciones incluidas en los artículos IV influyen sobre los mercados y pueden afectar el costo de financiamiento de un país porque la existencia de “reformas estructurales pendientes” sirve de excusa para que los inversores exijan una tasa mayor.

El ministro Prat-Gay sí acierta en una cosa: los argentinos no tenemos por qué hacerle caso al Fondo Monetario Internacional. Para eso tenemos que empezar por no hacerle caso a él. Y decírselo con la elocuencia necesaria cuando volvamos a votar en 2017.

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Sebastián Soler es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Miembro del Consejo Administrativo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Plan Macri, Argentina gobernada por las corporaciones se presenta el lunes 19,  a las 19hs, en el Hotel Bauen (Callao 360) con la presencia de su compilador Ari Lijalad, Eduardo Rinesi, Graciana Peñafort y Pablo Llonto.

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