No fue un milagro

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Cómo se gestó la detención política de Milagro Sala en Jujuy. El rol de Morales, el poder de los Blaquier y la declaración forzada que desvió la causa hacia las valijas.

De Santa Cruz a Jujuy, la justicia parece ser cuestión de valijas. Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero por encabezar una protesta contra el gobierno provincial, podría ver cómo se empeora su situación legal por el hallazgo de 30 bolsos en su casa, que tendrían “olor a dinero,” según dijo el fiscal de Estado Mariano Miranda horas después de los procedimientos.

Mientras la atención de los medios de comunicación está centrada en los allanamientos que condujo durante los últimos días el fiscal federal Guillermo Marijuán en Santa Cruz en propiedades de Lázaro Báez, en Jujuy, la justicia también sigue una estrategia similar con la líder de la Túpac Amaru, aunque sin cámaras.

Rompiendo las rejas, la policía se abrió paso en la casa de Sala el viernes 29 de abril, mientras la Ciudad de Buenos Aires asistía a la movilización de trabajadores agrupados en las centrales sindicales CGT y en la CTA, una comunión que parecía imposible durante el gobierno kirchnerista. Los abogados de Sala recibieron la notificación de los operativos que se sucedieron después de que la legisladora provincial Mabel Balconte dijera que su otrora jefa política llevaba bolsos con dinero desde Jujuy hasta la residencia de Olivos para ser entregados a Máximo Kirchner, actual diputado del Frente para la Victoria (FpV).

Balconte hizo esas declaraciones durante su indagatoria en la causa en la que la tiene imputada, al igual que a Sala, por supuestamente desviar fondos para la construcción de viviendas. Esa denuncia fue motorizada por el titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) Walter Morales, hermano del gobernador.

“Dictador”, gritaba Balconte frente a las cámaras el 16 de enero tras la detención de Sala por encabezar un acampe en Jujuy. Se refería a Gerardo Morales. Sin embargo, algo se modificó desde entonces hasta su aparición en La Cornisa, el programa de Luis Majul. “La justicia cambió”, explicó ella el pasado 24 de abril.

La justicia según Morales

Los días de Miranda como fiscal de Estado fueron ajetreados en estos últimos cinco meses. Nadie podría decir que tuvo minutos libres para dedicarse a las redes sociales. En Twitter, tuvo una treintena de intervenciones desde que creó la cuenta. Sin embargo, casi la mitad de ellos tuvieron un denominador común: Milagro Sala.

La campaña de Morales, que consiguió el apoyo tanto de Sergio Massa como de Mauricio Macri para disputar la gobernación, también tuvo a la líder de la Túpac Amaru como su principal blanco. Según consignaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes en una presentación hecha ante las Naciones Unidas, las denuncias de Morales indicando que Sala había edificado un Estado paralelo en Jujuy datan, al menos, de 2012.

Morales asumió en la tarde del 10 de diciembre. Un día después ingresó en la Legislatura un proyecto para ampliar el tribunal superior de justicia de cinco a nueve miembros. No hubo mucho tiempo para debate porque la iniciativa se votó cuatro días más tarde. Los radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano se pronunciaron a favor de la reforma y luego renunciaron a sus bancas para integrar el superior de justicia jujeño. La corte provincial tiene otros dos integrantes de filiación radical también, Federico Otaola y Clara Aurora De Langhe de Falcone, quien actualmente preside el tribunal.

Recién asumido, Morales anunció que estaba dispuesto a reempadronar a las cooperativas para transparentar el manejo de los fondos públicos.

La Túpac Amaru junto con la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy pidió una reunión con Morales antes de que se hiciera cargo de la gobernación. Los pedidos se formularon el 24 y el 30 de noviembre del año pasado. Del lado del gobernador, hubo silencio.

Mientras Morales apuraba la reforma de justicia en la Legislatura, la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy se llenó de cooperativistas. Montaron un acampe para pedir la apertura de una mesa de diálogo.

Miranda no estaba dispuesto a tolerarlo y presentó una denuncia contra Sala y otros líderes locales. El fiscal Darío Osinaga Gallacher ordenó desalojar la protesta pero no imputó a nadie. Su estrategia enfureció al gobierno de Morales, que terminó denunciándolo a él. La causa quedó en manos de Liliana Fernández de Montiel, que decidió citar a Sala durante la feria judicial. Se presentó el 11 de enero, designó patrocinante y se notificó que sería indagada el 18 de ese mes. Sin embargo, dos días después, el juez Raúl Gutiérrez ordenó su detención y su traslado al penal de Alto Comedero.

El magistrado solicitó licencia después y Gastón Mercau, ex-yerno de la presidenta del tribunal superior de Jujuy, fue designado para intervenir en la causa. El 29 de enero, Mercau le concedió la libertad a Sala en la causa por el acampe. Sin embargo, tres días antes, ya había firmado la orden de detención en la investigación en torno al IVUJ. Ese mismo 29 se conoció que Sala era liberada por una causa pero seguía presa por otra.

Valijas

En la causa por el presunto desvío de fondos para viviendas sociales es que declaró Balconte y contradijo lo que había venido sosteniendo hasta entonces. Allí habló de valijas que viajaban desde Jujuy hasta Olivos para ser entregadas al “principito”, refiriéndose a Máximo Kirchner.

“Lo de Balconte fue producto de un apriete”, dijo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que representa a la líder de la Túpac Amaru. Un secretario de la diputada provincial, Santiago Hamud, salió a denunciar que Balconte estaba amenazada, que ella lloraba porque le habían hecho saber que si no involucraba a Sala iba a terminar presa ella y dos de sus hijos – también involucrados en el supuesto desvío de fondos. Gómez Alcorta dijo, concretamente, que Balconte había sido subida a una camioneta por la fuerza y coaccionada.

Dos días antes de la irrupción televisiva de Balconte, Miranda dio a conocer una carta abierta a Máximo Kirchner después de que el diputado dijera que quería saber por qué estaba presa Sala.

“Vaya preparando las valijas, usted que conoce de eso, pero esta vez con ropa para quedarse unos días en Jujuy”, escribió el abogado – haciendo referencia a los “bolsos”, que desde 2013 dominan la discusión política y judicial en la Argentina.

En respuesta, el FpV denunció a Miranda por entender que su carta abierta era, en realidad, una amenaza. La causa estará en manos de María Romilda Servini de Cubría si el fiscal Patricio Evers da impulso a la investigación. Miembros del Comité de Apoyo a la Liberación de Milagro Sala dijeron que estaban evaluando presentar una denuncia contra Morales por la supuesta extorsión a Balconte.

La judicialización de la política se muestra en su máximo esplendor en Jujuy y sus efectos se irradian hacia el resto del país.

Violencia institucional

Gómez Alcorta junto a Pablo Llonto y Damián Loreti denunciaron como ilegal la detención de Sala por considerar que contaba con fueros tras ser elegida representante del Parlasur. Miguel Palazzani, titular de la Procuradoría de Violencia Institucional (Procuvin), sostuvo que Sala gozaba de inmunidad de arresto y que el Estado argentino podría ser llevado frente a tribunales internacionales por la violación de garantías. Dijo, además, que la parlamentaria era víctima de la peor violencia, la institucional, y dictaminó que debía impulsarse la acción penal contra los jueces Gutiérrez y Mercau así como contra Fernández de Montiel, quien fue designada por el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para intervenir en todas las causas que tramitaban contra la dirigente kirchnerista y todas aquellas que podrían originarse. Un fuero personal para Milagro Sala.

Días atrás, el juez Fernando Poviña se declaró incompetente para decidir sobre el planteo de Gómez Alcorta, Llonto y Loreti y giró la causa a la Cámara de Apelaciones de Salta, que probablemente se tome un tiempo para analizar el expediente.

Los patrocinantes de Sala se quejan que se enteran de las decisiones de los operadores judiciales por los medios. Todavía, por ejemplo, no habían sido notificados de la prisión preventiva dictada por Mercau en la causa por el IVUJ anunciada la semana pasada.

El poder

El CELS, Amnistía internacional y Andhes llevaron el caso de Sala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que solicitaron informes al Estado nacional. El gobierno de Macri hizo suyas las explicaciones de Morales frente a los organismos internacionales, explicaron los denunciantes.

La situación de Sala incomodó a Macri desde el principio. A días de la detención de la dirigente, el presidente abandonó una conferencia de prensa en Davos después de que el periodista Alejandro Bercovich comparara la situación de Sala con la de Leopoldo López, un líder opositor encarcelado en Venezuela tras un proceso denunciado por sus irregularidades por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos  humanos. Venezuela y Leopoldo López — en particular — fueron ejes de la campaña de Cambiemos. En la noche del 22 de noviembre, tras derrotar a Daniel Scioli, Macri se fundió en un abrazo con Lilian Tintori, la esposa de López.

Un rosario enviado a Sala por el Papa Francisco también tensó los humores en el gobierno. El 27 de febrero, Macri visitó al pontífice por primera vez como presidente de la Argentina. Jorge Bergoglio le hizo sentir su incomodidad y le concedió unos fríos 22 minutos. Horacio Verbitsky denunció que la Secretaría de Derechos Humanos – a cargo de Claudio Avruj- envió dos emisarios para sugerirle a Sala que pidiera el arresto domiciliario antes de que Macri partiera hacia Roma. Avruj negó tal insinuación y dijo que estaba preocupado por la situación de la líder tupaquera.

En varias oportunidades, Morales se jactó de contar con el apoyo del presidente. Nadie en la Casa Rosada lo desmintió.

Morales y Sala deberán verse las caras cuando se celebre el juicio por un escrache organizado por la Túpac Amaru contra el dirigente radical en 2009.

El proceso debía comenzar el 29 de abril pero debió postergarse después de que Alberto Bellido, el abogado de Sala, fuera detenido en una causa por encubrimiento.

La realización del juicio fue habilitada el año pasado por la sala IV de la Cámara Federal de Casación, la misma sala que meses antes había beneficiado a Carlos Blaquier, contracara de Sala en Jujuy, por los apagones en 1976 cuando fueron secuestrados trabajadores y vecinos del ingenio Ledesma.

Pese a haber sido el emblema de la ligazón empresarial con el poder dictatorial, Ledesma y sus directivos se mantuvieron fuera del alcance de la justicia hasta 2012, cuando una marcha multitudinaria de los organismos de derechos humanos y de la Túpac Amaru forzó la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor, criticado por el desguace y la parálisis de la investigaciones por crímenes de lesa humanidad y su reemplazo por Poviña, quien ese mismo año procesó a Blaquier y cuyo fallo fue confirmado al año siguiente por la Cámara de Salta.

Según Sala, Blaquier – representante del poder económico local y dueño de uno de los grupos más grandes a nivel nacional – es el hilo que une al ex-gobernador Eduardo Fellner y a su sucesor, Morales. “Son socios”, disparó la líder de la Túpac Amaru un mes antes de su detención. Días antes, los dueños de Ledesma habían llegado hasta el Teatro Colón para estar presentes en la gala que ofreció Macri el 10 de diciembre, unas pocas horas después de desembarcar en Balcarce 50.

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Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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