Sindicato policial de la Bonaerense: ¿es posible?

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La protesta de grupos de la Policía Bonaerense abrió un debate que todavía no se cerró: ¿es posible la sindicalización de los agentes? La experiencia uruguaya, el peligro de la defensa corporativa a la violencia institucional, el fallo en contra de la Corte, el nuevo mapa de los agentes y el desafío a la verticalidad.

Un fallo de la Corte Suprema en 2017 había clausurado el debate sobre si se debía sindicalizar la Policía Bonaerense y desde entonces el tema salió de todas las agendas. Pero las protestas de comienzos de septiembre trajeron de nuevo la discusión a escena. Desde hace años el debate se divide entre los que creen que hay que construir canales de representación dentro de esa granítica verticalidad y los que alertan con darles un instrumento para defensa corporativa de situaciones de violencia institucional.

En medio de las imágenes de Puente 12 y la Quinta de Olivos apareció un petitorio con una larga lista de reclamos, que se apagó con el aumento salarial anunciado. Pero provocó de nuevo poner el foco en cómo debemos pensar a las fuerzas de seguridad: si se los entiende como «trabajadores» y si eso permite que puedan tener organización gremial. 

“La protesta mostró la enorme diferencia que hay entre los sectores bajos del escalafón con la jefatura. Hay decenas de pedidos por condiciones de trabajo. Todas son muy similares a las de cualquier reclamo gremial clásico. Son trabajadores de bajos recursos que les importa cuánto cobran. En esos sectores que hace poco ingresaron no tienen un placer por la mano dura. La sindicalización hay que pensarla como un canal de negociación laboral que no pase por la cadena de mando”, explica el historiador policial y docente de la Universidad Católica de Río de Janeiro, Diego Galeano. 

Los 14 puntos del petitorio que los policías le llevaron a Axel Kicillof planteaban una serie de mejoras respecto de lo que ellos entienden que se debe recomponer. Distintos tipos de aumentos en los subescalafones, de la hora de servicio, de los adicionales, de los retrasos de los pagos, vivienda, provisión del uniforme, obra social, condición de los móviles, de capacitación y asistencia psicológica. Aparece también la idea de democratizar las fuerzas, la necesidad de sindicalización y -en dos puntos a falta de uno- que no haya más represalias. 

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“Se puede ver que hay reclamos propios de la actividad que llevan adelante. Esos reclamos se hacen con sindicato o no. El problema es cómo la estructura resuelve esos reclamos. Se los castiga, les recortan adicionales, los mandan a patrullar zonas peligrosas, los mandan a comisarías lejos de sus casas. De esta manera se permite que los policías estén a merced de los altos mandos, que premian y castigan según se les ocurre. Al permitir el acceso de la sindicalización, cambias la relación de fuerzas y las potestades y los arreglos laborales corruptos”, agrega Galeano. 

Los que analizan la posibilidad de organización gremial también sostienen que no es tan simple llevarla adelante. La Bonaerense se maneja con regímenes de tipo militares que sobrevivieron en el tiempo. Por ejemplo, el concepto de Estado policial, que obliga a los agentes a estar a disposición las 24 horas o la obediencia sin fisuras a la jerarquía ya plantean problemas respecto de cualquier reclamo. ¿Cuándo termina el horario si hay que estar dispuesto todo el tiempo? ¿Un reclamo puede ser entendido como insubordinación entonces? Si se quiere avanzar en ese sentido, primero deberían sancionarse leyes que modifiquen esos reglamentos, como la Ley orgánica de la Policía Bonaerense y establecer si los policías serán sujetos de derechos, como son los demás trabajadores. Y determinar cuáles son esos derechos.   

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“Hoy a los policías les está vedado que tengan una organización como cualquier otro trabajador. Pero nada impide que los legisladores sancionen un proyecto que permita que entre altos mandos y el resto de los escalafones se discutan las condiciones de trabajo. No estamos hablando del derecho de huelga”, explica Nicolás Rodríguez Games, licenciado en Ciencia Política y autor del libro “¿El gremio de la gorra? Trabajo y sindicalización policial, ejes para una discusión”. 

En abril de 2017, con la firma de los jueces Lorenzetti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, la Corte decidió que las fuerzas policiales no tenían derecho colectivo a sindicalizarse. La Corte examinó los tratados internacionales que les otorgan ese derecho, pero que también permiten que las leyes de cada país lo restrinjan o prohíban. Además señaló que la Provincia ya había prohibido de manera expresa -por medio de una ley y su decreto reglamentario- la sindicalización de la Policía. En el mismo fallo, la Corte confirmó la decisión del Ministerio de Trabajo de Nación de denegar el pedido de inscripción del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) en el Registro de la Ley de Asociaciones Sindicales.

“El fallo de la Corte hizo lo que muchas veces hace la opinión pública, que es igualar sindicalización con derecho a huelga. Hay sindicatos, como el de los controladores aéreos, que existen pero no pueden hacer huelga porque una medida de fuerza pone en riesgo a personas. Si ellos no trabajan los aviones se pueden caer. Pero nadie les discute que tengan una organización para poder discutir los planteos” detalla Rodríguez Games. “El planteo del Ministerio, al que adhirió la Corte, decía que con la sindicalización se ponía en riesgo la cadena de mando. Lo mismo se podría plantear en la estructura jerárquica de cualquier empresa”, completa.

El SIPOBA nació por los reclamos salariales ante la hiperinflación de 1989. Esos primeros años sus impulsores denunciaron castigos por esos intentos de sindicalizarse y el espionaje sobre sus actividades por parte de la cúpula policial. Su personería les fue negada en todas las instancias en las que la reclamaron. A pesar de eso el gremio contaba con varios miles de agentes registrados y aparecía cercano a las centrales sindicales nacionales. Hoy sus tareas son de representación velada, manteniendo la comunicación entre los distintos sectores y ejerciendo, desde su figura de asociación civil, tareas de mutual.  

Las experiencias de sindicalización en la región tienen a Uruguay como el ejemplo más nítido. Allí, desde 2006, los casi 30.000 miembros de las fuerzas policiales tienen organización gremial legal. Esto implica que sus dos sindicatos integren la central sindical PIT-CNT y ofrezcan asesorías legales, asistencia social y financiera y lleven adelante reclamos de salario y condiciones de trabajo. Aunque no tienen derecho de huelga. En Brasil, la Policía Federal dispone de derechos sindicales. Pero los miembros de su Policía Militar, en cambio, no corren la misma suerte. Igual que los Carabineros chilenos y otras tantas policías sudamericanas. En EE.UU, Reino Unido, Canadá y los países de la Unión Europea también cuentan con sindicatos policiales, con formatos bastante diversos. 

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