Un Consejo para Alberto

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«No quiero tomar  decisiones desde la soledad de un despacho», adelantó el flamante presidente Alberto Fernández. Y para generar consensos y legitimar políticas una de sus primeras medidas será poner en marcha un Consejo Económico Social que será polea de transmisión entre Gobierno, trabajadores, empresas y organizaciones sociales. Comenzará apuntando a frenar la inflación y seguirá focalizado a la producción nacional. Un cambio de época que implica levantar vallas, abrir las puertas y escuchar.

El escenario de polaridad que se presenta en Argentina y se extrapola a gran parte de la región sudamericana obligó a repensar la política y la economía más allá de los libros y las ideologías. Desde aquel sábado de mayo en que Alberto y Cristina Fernández lanzaron su candidatura, la estrategia del presidente electo para conseguir legitimidad fue evitar la polarización. Los medios iban a llamarlo descristinización, mensaje conciliador, consenso. La conformación de un Consejo Económico Social con representación de movimientos sociales, empresarios y trabajadores marca ese camino y será una de las primeras medidas que tome, impulsando una ley específica. 

“Cuando hablo de la necesidad de crear el Consejo Económico Social estoy proponiendo pasar de la política que impone medidas a la política que busca consenso”. Alberto Fernández lo explica de forma directa y simple: “No quiero tomar decisiones desde la soledad de un despacho, quiero que lo hagamos en una mesa conjunta, firmando un nuevo contrato social. Armar un lugar donde discutir las políticas de desarrollo del futuro”. 

La forma que el famoso pacto social tome para el gobierno entrante presenta más dudas que certezas. Entre los nombres, objetivos y formas que circulan hay una definición: Gustavo Beliz, futuro secretario de Asuntos Estratégicos, será el encargado de preparar el proyecto de ley. De las reuniones iniciales para la conformación, participaron representantes de la UIA y de la CGT como Héctor Daer y Carlos Acuña. Otros nombres: Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Viviani (taxistas), Víctor Santa María (encargados de edificios), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Sergio Romero (docentes de UDA), Roberto Fernández (colectiveros, UTA), Jorge Molina de UPCN Santa Fe y Daniel Funes de Rioja (COPAL).  

El Consejo sería un órgano de autonomía propia que, en una primera etapa, se focalizaría en controlar el espiral inflacionario en el que entró el país y se profundizó hace unos años. La prioridad y urgencia en el armado de esta entidad es cortar el circuito de aumentos de precios y salarios, y evitar la suba de precios ante eventuales devaluaciones. Sería de carácter meramente consultivo, pero de referencia para la firma de los diferentes convenios sectoriales. Una suerte de paritaria, pero con el plus de que la mediatice un tercero “objetivo” con conocimientos técnicos para los distintos tipos de negociaciones.

En una segunda etapa, más consolidada, la participación del Consejo Económico y Social podría ampliarse a cooperar en el funcionamiento de algunas políticas de Estado, como el aumento de tarifas, subsidios y las problemáticas que puedan resultar de la puja distributiva a futuro. Lo que sea necesario para poder volver a producir. Alberto Fernández apuesta a que la entidad sea transversal a Ministerios, y pueda intervenir en los mismos. 

Como resulta difícil pensar en un pacto social que funcione hoy en este escenario de polarización, Nuestras Voces consultó al economista y director ejecutivo de FAIMA, Leandro Mora Alfonsín: “El acuerdo económico y social desde el cual tripartitamente se piensen medidas conciliadoras es posible. Es difícil de mantener, pero es posible. Es en el seno de estas mesas que surgen las verdaderas demandas impositivas y laborales para mejorar la competitividad de segmentos sin perjudicar derechos de trabajadores y asegurando rentabilidad para que las empresas inviertan. Ese equilibrio se logra únicamente desde el diálogo y el liderazgo político”. Y agrega: “Las partes que se sienten en una mesa van a tener no que pedir sino ceder cosas”

El equipo de Alberto Fernández estudió varios modelos a nivel mundial para el armado del modelo argentino: el holandés, el sueco, el francés. De este lado del charco existe el modelo uruguayo. La crisis chilena también abrió la necesidad de demanda para la conformación de un Consejo con características similares al que enviaría el presidente al Congreso en sus primeros días de gobierno. El presidente electo hizo público su favoritismo por el holandés. ¿Por qué?  Fue el responsable de resolver una de las huelgas de trabajadores industriales más importantes de Holanda, en 1982. Gracias al acuerdo de Wassenaar logró mantener los aumentos salariales bajo control a cambio de una reducción del tiempo de trabajo. El modelo Polder de Holanda se instaló en 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, para sacar al país de una estanflación de la posguerra, y hoy se lo sostiene para controlar el nivel de inflación. Está formado por 33 miembros: 11 representantes sindicales, 11 representantes de empresas de todo tipo y 11 “expertos” del gobierno, ONG y profesionales técnicos. 

En Argentina también tuvimos nuestros casos aunque la mayoría con poco éxito: el Congreso de la Productividad en 1955, la creación de la Comisión Nacional de Precios y Salarios durante la segunda presidencia de Perón, el Pacto Social de 1973. Luego, la democracia llegó con aires de consenso: en 1984 se gestó la Conferencia Económica y Social con participación del gobierno (Ministerios de Economía y Trabajo), empresarios (UIA) y trabajadores (CGT).

Quizás el caso más exitoso de consenso social por lo sostenido en el tiempo, es el espacio de concertación de paritarias que se abrió en 2003 y dio lugar a los convenios colectivos de trabajo y el Consejo del Salario Mínimo. Los acuerdos sectoriales que se fueron llevando a cabo desde aquel entonces no se formalizaron como pactos sociales, pero en los hechos las mesas estaban concertadas por los principales representantes de los trabajadores (CGT/CTA) y de los empleadores (UIA/CAC/etc) gracias a la convocatoria anual del gobierno.

El politólogo Sebastián Echemendy reflexionaba acerca del éxito de esta medida en una columna de opinión en Página/12 en el año 2013: “Las precondiciones para que el Diálogo Social haya funcionado por diez años en Argentina (mientras se cae a pedazos en su vieja cuna europea) son las mismas que en cualquier lugar del mundo: un gobierno de base popular comprometido en promoverlo, una política económica que empuja la demanda agregada, y un movimiento sindical que recobró fuerza después del neoliberalismo. Es claro que ante la ausencia de estas tres condiciones, el poder económico preferiría volver a los años ’90 del salario mínimo clavado en 200 pesos y ninguna forma colectiva de determinación salarial efectiva en los hechos”. En esa misma columna, señala que durante el gobierno de Menem hubo una sola reunión del Consejo del Salario Mínimo. 

En efecto, si bien durante la gestión macrista, el espacio de paritarias sectoriales siguió funcionando con la misma modalidad que tuvo en sus inicios durante la gestión kirchnerista , “el pacto social se rompió en el Salario Mínimo, que dejó de establecerse por consenso, sino por decisión unilateral del gobierno, la cual siempre estuvo más cerca de la postura empresaria que del lado sindical”, amplía David Trajtemberg, Licenciado en Economía (UBA) y Profesor Adjunto de Teoría de las Remuneraciones (UNLaM). Las consecuencias son las que ya conocemos: el salario mínimo sufrió una enorme reducción de su capacidad de compra en todo este período y además se lo utilizó como referencia de algunas paritarias que, en consecuencia, sufrieron también una caída real. 

La lectura económica demuestra el cambio de paradigma que estamos viviendo: acudir a un pacto social para acordar precios habla de una concepción de la causa de la inflación totalmente distinta a la que se manejaba estos últimos años (la inflación causada por la emisión de dinero) cuyos resultados negativos quedaron expuestos con el aumento de precios por encima del 50% en 2019. La lectura política da por hecho que lograr un buen funcionamiento de este pacto social será tan importante como renegociar la deuda. El desafío será el largo plazo, ya que en nuestro país la puja distributiva no permite en general sostener los pactos sociales en el tiempo.  

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