Carolina «Manos de Tijera» Stanley

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En lo que va de 2017, hubo un récord de suspensiones y bajas en las pensiones no contributivas decretadas por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Son pensiones para quienes no cuentan con recursos necesarios para su subsistencia. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su informe “PROpensión: los pensionados, ajustados”,  detalla que se produjeron 5.713 bajas y 5.714 suspensiones en pensiones para madres de 7 hijos. Asimismo, hubo 19.215 bajas y 52.491 suspensiones en pensiones por invalidez que se agregan a las del mismo tipo. En total, son 83.133 casos entre bajas y suspensiones. Para el recorte, la ministra desempolvó un decreto de Menem que restringía este beneficio.

Las pensiones no contributivas (a la vejez, por invalidez y para madre de 7 hijos o más) fueron gestionadas desde su creación por la Comisión Nacional de Pensiones en carácter de derecho. Son para las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos (o que, teniéndolos se encuentren impedidos de poder hacerlo). A partir 2003, se entregaron más de un millón y medio de pensiones no contributivas. Eran 1.610.615 hacia fines de 2014.

Sin embargo, en el marco de la actual gestión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, las pensiones no contributivas han dejado de considerarse un instrumento de Seguridad Social. Se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa que a la fecha representan más de 83.000 casos. La mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso, situación que expuso a los titulares a la imposibilidad de cobrar el haber directamente frente al cajero o la ventanilla del banco. Efectivamente se trató de una decisión unilateral en la suspensión de un derecho.

Esta decisión, formó parte de una política deliberada en el Presupuesto 2017. Tal como se observa en el cuadro a continuación, la reducción prevista entre 2015 y 2017 en pensiones por vejez es de casi 55%; mientras que en lo referido a pensiones de madres de 7 o más hijos la reducción alcanza el 13%.

Entre las causas alegadas para el recorte, radican la tenencia de un automóvil en propiedad (desconociendo las dificultades potenciales de movilidad de las personas con discapacidad), la existencia de un cónyuge que perciba una beneficio previsional, la percepción de ingresos propios y una detallada auditoría de no alcanzan el porcentaje previsional del 76%.

En un intento por aducir causas técnicas al ajuste, el ministerio de Desarrollo Social comunicó ayer que “las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”. Allí reconocen que, además en 2016 dieron de baja 90.000 pensiones. Muchas de las bajas están basadas en un decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem que limitaba este derecho.

Si bien las leyes por la cuales se otorgan las pensiones no han cambiado, sí se ha modificado el paradigma con que se establecen los criterios. Durante la gestión anterior, se hablaba de una invalidez que incapacita y de un sujeto que por diversas circunstancias económico – sociales ha quedado fuera del mercado laboral, sin tener una discapacidad. Este enfoque que privilegiaba la inclusión de estos sujetos de derecho, ha sido reemplazado por la gestión actual, que enfatiza la necesidad de “controlar” el gasto por encima de las necesidades sociales. Después de haber favorecido con innumerables medidas a los sectores más concentrados de la economía, la actual gestión económica pretende recortar el galopante déficit fiscal por el eslabón más débil.

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Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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