Caso Maldonado: recule en chancletas del Gobierno

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El presidente Macri y su ministra Bullrich pasaron de negar la posible participación de Gendarmería y plantar hipótesis sobre el destino de Santiago Maldonado a comenzar a instalar la idea de que pudieron ser uno o dos gendarmes solitarios los involucrados. Fue luego de las declaraciones de cuatro testigos en la causa. Los llamados del móvil del funcionario Noceti que el juez Otranto se niega a investigar.

Cómo si Jack el Destripador expresara indignación por la violencia de género, a Mauricio Macri se le oyó decir: “¿Cómo se le puede mentir al juez y que no pase nada?” Quienes difundieron esa frase –vertida en la reunión de gabinete previa al recibimiento del premier israelí Benjamín Netanyahu– aseguran que se refería a “múltiples operaciones” atribuidas a la procuradora Alejandra Gils Carbó para desviar la investigación del caso de Santiago Maldonado.

Desde su inicio, la postura oficial frente al hecho en cuestión –a cargo de Patricia Bullrich, con las bendiciones sucesivas de Claudio Avruj, Germán Garavano, Marcos Peña Braun y el propio Macri– tuvo tres ejes: la defensa de la Gendarmería, la instalación de rumores falsos al por mayor y la obstinada negativa a considerar lo ocurrido como una desaparición forzada.

Lo cierto es que los dichos en sede judicial de cuatro testigos mapuches dejaron tal estrategia al borde del precipicio. Un contratiempo potenciado por el estrepitoso desplome de la hipótesis del puestero que habría apuñalado al joven artesano antes del ataque represivo en la Lof de Cushamen, comandado por el funcionario civil Pablo Noceti. Ambas circunstancias llevaron al Poder Ejecutivo hacia un retroceso en chancletas. Y con una primera escala en la teoría del gendarme solitario que se “excedió” en el ejercicio de la paliza para así correr del universo de los culpables a ese sinuoso abogado de genocidas y apologista de la última dictadura. Sin embargo, el resultado negativo de las pruebas genéticas en los vehículos de la Gendarmería –debidamente lavados durante los primeros diez días de inacción judicial– infundió un nuevo brío al gobierno macrista, propiciando así el regreso a su tesitura original.

En ese preciso momento la señora Bullrich, exultante y más luminosa que de costumbre, soltó a los cuatro vientos: “Esto despeja muy fuertemente las acusaciones de una desaparición forzada”. La Gendarmería –de acuerdo a sus íntimas convicciones– había quedado fuera de toda sospecha. Y aquello hasta incluía la patrulla perdida de siete uniformados que el informe de su Ministerio señalaba como posible responsable de lo ocurrido. ¿Acaso entonces el “aporte” acercado por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, al juzgado del doctor Guido Otranto quedaba pedaleando en el limbo? Claro que por ahora ninguna voz oficial se pronunció al respecto. De modo que la ansiedad casi canina de las máximas autoridades por “apoyar” el esclarecimiento de asunto no hace más que poner en evidencia su actitud encubridora.

“¿Cómo se le puede mentir al juez y que no pase nada?”, repitió Macri a sus funcionarios durante la tarde del martes.

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Dar la nota

Si alguna vez en la Justicia existiera la voluntad de dar por acreditado el papel del doctor Noceti en la desaparición de Santiago, quedaría al descubierto su carácter de criminal amateur. Porque ya el año pasado, al asistir de incógnito al juicio por la extradición del líder mapuche, Facundo Jones Huala, tal osadía lo llevó al ridículo a raíz de ser detectada su presencia por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel que lo retrató acurrucado en un rincón de la sala. Sin embargo eso fue una nimiedad en comparación con la bravuconada en que incurrió durante el mediodía del 1º de agosto –una hora después de iniciada la acción represiva que aún hoy sacude al macrismo– al detenerse en un tramo de la ruta 40 para patotear a la vocera mapuche Soraya Malcoño, “demorada” allí junto a dos acompañantes por un retén de Gendarmería; semejante acto puso en evidencia su ubicación en la Lof de Cushamen en el momento del ataque de los uniformados. Como si tal torpeza fuera insuficiente, insistió al atardecer en regresar otra vez al mismo sitio para ser fotografiado por alguien a hurtadillas; ya se sabe que tal imagen lo convirtió en una celebridad. No contento con ello, en la mañana siguiente se dio dique por radio con una evaluación triunfalista del operativo. Un caso típico de malicia sin amor propio.

El Presidente, como si habitara en un mundo paralelo, no se pronunció por más de cuatro semanas sobre lo sucedido durante ese fatídico martes en la lejana Chubut. Mientras su repercusión mundial se extendía como una mancha venenosa, él se hacía ver en una competencia de Turismo de Carretera, posaba para las cámaras con la pequeña Antonia y se permitía unos días de descanso en Villa La Angostura. Es notable que haya tomado consciencia de su impacto a través de las encuestas y los Focus Groups. Recién entonces decidió apartar a Bullrich de su exposición mediática, la probable antesala de su eyección definitiva.

Ese gesto fue acompañado por otro: la filtración pública de los papeles entregados al juez Otranto con interrogatorios a los gendarmes –realizados por psicólogos del Ministerio de Seguridad– que determinaron que no hubo ni un ápice de violencia institucional, aunque deslizaban la ya difundida sospecha sobre la patrulla perdida en una orilla del río Chubut. Lo escandaloso fue que aquellas actuaciones internas estaban ya en manos de la ministra cuando el 16 de agosto se presentó en el Senado. Una grave muestra del nivel especulativo del Poder Ejecutivo con los tiempos de la investigación.

Pero es posible que el magistrado no se haya enfadado mucho por ello. De hecho, su actuación en el expediente registra hitos a tener en cuanta.

Por ejemplo, al día siguiente de que el diario Tiempo Argentino revelara la existencia de una base logística de Gendarmería en la Estancia Leleque (del grupo Benetton), la fiscal Silvina Ávila elevó –por orden de la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin) – un pedido de allanamiento en ese lugar. A tal efecto adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada sería parte de un «territorio sagrado». De modo que se negó a realizar aquella diligencia con el argumento de que «la información periodística resulta insuficiente» para acreditar la existencia de dicha unidad operativa.

Pero 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de muy mal talante por el recelo que le dispensaban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento justamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida.

Otranto –amparado en el secreto sumarial– también se negó a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con oficiales de todos los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa: “Al doctor no se lo vincula con la investigación”. ¿Acaso temía que tal pericia pudiera detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de la desaparición de Santiago? El magistrado además se abrazó a la “presunción de inocencia” durante la tarde del domingo 10 de septiembre. Fue en la puerta del juzgado al atender por primera vez a la prensa. “Creo que Noceti no dirigió el operativo”, fueron sus exactas palabras.

Gendarmería cada vez más complicada

Los elegidos

El siguiente capítulo trajo consigo el regreso victorioso de la ministra Bullrich a raíz de la falta de coincidencia entre las muestras de ADN levantadas en las camionetas de Gendarmería y el perfil genético de los Maldonado. Tal fracaso causó en ella una incontenible algarabía. Y a pesar de saberse que aquellos vehículos habían sido cambiados, lavados y manipulados.

El juez, en tanto, se concentraba al desfile de gendarmes mencionados en el informe ministerial como presuntos sospechosos.

Eran, por cierto, los que habían llegado al río, una posición –según las declaraciones del comandante Pablo Escola al diario Clarín– inalcanzado por la tropa. Como telón de fondo, la “prensa amiga” promocionaba al efectivo raso Neri Robledo y al subalférez Emmanuel Echazú para la candidatura al procesamiento. Uno por admitir en el sumario interno haber arrojado una piedra a una silueta que huía; el otro, por haber sido herido en la mandíbula y, por lo tanto, tener un motivo para la venganza. No obstante Matías Santana, el testigo mapuche que pudo observar desde la otra orilla del río la captura de Santiago, desmintió a Robledo. Nadie de nosotros –dijo– recibió un piedrazo”.

¿Por qué entonces se autoincrimina ese sujeto? ¿Qué dirá al respecto en su indagatoria? ¿Y Echazú? ¿Acaso ambos aceptarán a pies juntillas su rol de chivos expiatorios? Esas son ahora las preguntas claves de esta historia. Y sus respuestas, impredecibles.

@Ragendorfer

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Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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