El negocio joven de Larreta

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Una vez más, Cambiemos continúa convirtiendo espacios públicos en sus negocios inmobiliarios. Este jueves es el turno del proyecto Distrito Joven, la excusa para privatizar parte de la Costanera Norte. De aprobarse la Ley, una de las beneficiarias será Telemetrix, empresa involucrada en la tragedia de Time Warp y dirigida por el marido de la diputada nacional de Cambiemos Carmen Polledo. Desde que Cambiemos gobierna la Ciudad los vecinos perdieron más de 200 hectáreas de espacios públicos.

“Este proyecto está hecho en su totalidad para legalizar lo ilegal”, dijo a Nuestras Voces Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y agregó: “Incluye toda la Costanera Norte, desde Costa Salguero hasta donde termina la Ciudad y va de la mano del proyecto privatizador que Cambiemos lleva adelante a nivel nacional. Una ciudad manejada en articulación con los grandes especuladores inmobiliarios, amigos personales del presidente”.

“Es un camuflaje para que el gobierno vuelva a privatizar todos aquellos terrenos, como se hizo en los noventa”, expresó por su parte Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Las voces en contra del Distrito Joven son numerosas. Sin embargo, Cambiemos logró que la legislatura porteña lo apruebe en primera lectura. El proyecto se encuentra en comisiones y el oficialismo espera conseguir los votos cuando vuelva a tratarse.

Desde que Cambiemos gobierna la Ciudad, los vecinos perdieron 200 hectáreas, que dejaron de ser espacios públicos para formar parte del boom del negocio inmobiliario.

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El Proyecto

Desde el gobierno aseguran que Distrito Joven – Costanera Norte servirá como “una unidad de esparcimiento, polo gastronómico y turístico, con espacios verdes de uso público, de valor histórico-tradicional y ambiental”. Sin embargo, el proyecto no hace más que autorizarlos a privatizar los espacios públicos. Lo escriben explícitamente en su artículo Nº 7: “Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión o adjudicación de permisos de ocupación, uso y explotación sectores de los espacios de dominio público ubicados en el polígono indicado en el Plano Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley, por un plazo de hasta diez (10) años)”.

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Los terrenos que indican como “Plano Anexo I” abarcan parte de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria – Costanera Norte, la totalidad del Parque de las Américas, Parque de la Memoria, Parque Saint Tropez, Parque Deportivo Costanera Norte, Punta Carrasco y Costa Salguero.

En caso de que el proyecto se apruebe, en estos espacios que son públicos de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad, se podrán instalar boliches, restaurantes, bares, locales de cultura y deportivos. Algo que la propia Constitución de la Ciudad prohíbe en su artículo Nº 8, en donde establece que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Su privatización prohibiría el acceso, que quedaría mediado por la capacidad económica de los ciudadanos.

El proyecto ya fue aprobado en primera lectura por la Legislatura Porteña, cuando el pasado diciembre el oficialismo logró juntar los 40 votos positivos.

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Hecha la Ley, hecha la trampa

El documento presentado por Cambiemos menciona que sólo se podrá privatizar el 35 por ciento de la superficie total del Distrito. Sin embargo, la normativa porteña indica que toda la Costanera debería ser un gran corredor verde. El derecho de los ciudadanos se encuentra vedado desde las privatizaciones de los noventa, en donde predios como los de Costa Salguero y Punta Carrasco fueron rifados.

Cambiemos no hizo más que potenciar estas políticas. “Las concesiones del menemismo se fueron venciendo y Macri, como Jefe de Gobierno porteño, fue prorrogándolas a través de distintas metodologías jurídicas y algunas veces ilegales, en vez de destinarlos como indica el Código de Planeamiento Urbano a parques públicos”, explicó Baldiviezo y agregó: “La concesión de Punta Carrasco se venció en el año 2012 y el Pro lo prorrogó hasta 2016. No sabemos si les renovaron un permiso anual o se encuentran completamente ilegales. A la mayoría de los locales comerciales que están pasando el Aeropuerto Jorge Newbery también les finalizó la autorización y el gobierno de la Ciudad fue dando permisos por año. En el caso de Costa Salguero, su concesión se vence a fin de año. Es claro que el Poder Ejecutivo busca una estrategia para continuar permitiendo estos negocios”.

Desde distintas organizaciones medioambientales denuncian que el porcentaje de privatización permitido en el proyecto de Ley es una burla: en el Distrito se encuentran incluidos predios que ya son espacios verdes, como el Parque de la Memoria y la Reserva Costanera Norte. “Lo que hacen es sumar espacios verdes para que les dé el 35 por ciento, que es lo que exige el Código de Planeamiento Urbano”, dijo Viale.

El abogado ambientalista también agregó que “lo que hacen es contar como espacio público las calles, que en verdad son parte del negocio inmobiliario, porque la gente tiene que poder acceder a sus construcciones. Están haciendo lo mismo con Campo de Mayo, hicieron lo mismo con Tiro Federal, todo responde a la implementación de negocios inmobiliarios”.

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Cuidar a los amigos

La preocupación de Cambiemos por aprobar la ley que habilita la creación del Distrito Joven no es casual. A fin de año se vence la concesión de Costa Salguero a Telemetrix, una sociedad anónima íntimamente vinculada al presidente y a su partido. Uno de los dueños de la empresa es Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de la diputada nacional del Pro Carmen Polledo. El Búnker del Pro, las reuniones en plena campaña electoral y hasta el casamiento entre Mauricio Macri y Juliana Awada sucedieron en aquel lugar.

Telemetrix S.A. explota Costa Salguero desde 1991 y le pagaba – a abril de 2016 –  a la Ciudad de Buenos Aires solamente 112.062,55 pesos por mes, por un complejo de 17 hectáreas y un total de veintitrés subconcesionarias, 19 locales, entre los que se cuentan 4 estacionamientos, 2 centros de convenciones, 3 salones de conferencias, un hotel, una cancha de golf y la discoteca Caix, según expone el contrato la información pública enviada por la dirección general de Concesiones de la Ciudad, a raíz de un pedido de informe del ex legislador Facundo di Filippo, según publicó este mismo portal.

Desde el observatorio del Derecho a la Ciudad informaron que en el último año Telemetrix pagó por metro cuadrado 1,50 pesos, mientras que en el mercado el metro cuadrado comercial suele tener un valor de trescientos. “Es una vergüenza. Si nos juntamos diez vecinos que paguen alquiler podríamos pagar lo que pagan ellos por diecisiete manzanas y armamos una mini ciudad”.

Baldiviezo agregó: “Si uno de los directivos de Telemetrix es el esposo de la en su momento legisladora y ahora diputada nacional del Pro, podemos ver porqué hay tanto interés por parte del gobierno de hacer una ley específica para sus empresarios amigos. Es en detrimento de toda la ciudadanía”.

Jonatan hace referencia a Carmen Polledo, quien era vicepresidenta primera de la Legislatura cuando la tragedia de Time Warp sacudió a la ciudad. Cinco jóvenes fallecieron en el predio de Costa Salguero a cargo de su marido durante el desarrollo de una fiesta electrónica habilitada para 13 mil personas que recibió a más de 20.500. Cuando Polledo debió dar explicaciones ante la Legislatura porteña aseguró: «No esperen de mí que baje los brazos, ni que dé un paso al costado».

La integrante de Cambiemos no sólo permaneció en su cargo, sino que en 2017 ingresó como diputada nacional por su partido y desde enero de este año preside la Fundación Pensar, instituto en el que el macrismo forma sus cuadros. Su marido, a pesar de haber sido el dueño del predio en el que sucedió la tragedia, también continúa siendo beneficiado por el gobierno con este proyecto de Ley. “Vuelven a beneficiar a todos los responsables de la Time Warp. Mientras establecían nuevos mecanismos de seguridad, a la empresa que organizaba la fiesta, Dell Producciones, le daban la concesión del boliche Pacha en Costanera Norte. En vez de castigar a la empresa le da otra concesión que, además, también es ilegal porque está sobre Parque de las Américas”, denunció Baldiviezo.

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Justificaciones inconsistentes

Este proyecto va de la mano de otro que se trató en la legislatura semanas atrás y que busca realizar rellenos en la Costanera Norte. “Dicen que va a ser para el Aeroparque, que van a poner espacios verdes y debajo estacionamientos. Imaginamos que serán de explotación privada, porque es como suelen hacer las cosas”, declaró Jonatan.

Las organizaciones en contra de estos proyectos aseguran que el desarrollo de playas de estacionamiento significa una contradicción con la política de transporte de la que la Ciudad se ufana. “Si la idea es desestimular el uso del automóvil, creá transporte público para la Costanera y para el Aeropuerto. Poné subtes. Poné tranvías. No aumentes la costa para crear subsuelos y derivarlo a privados”.

Por otra parte, el gobierno afirma que las modificaciones permitirán ampliar la cantidad de espacios verdes, cuestión desmentida por profesionales en el área: “Para ser un espacio verde tiene que tratarse de un suelo absorbente, que haya vínculos con las napas. Aunque tengas una capa de tierra con un árbol, si hay estacionamientos subterráneos, no van a existir espacios verdes”, dijo Baldiviezo y agregó: “Tampoco es espacio verde lo que está privatizado, tiene que ser verdes, públicos y absorbentes”.

Al margen de las contradicciones políticas, la principal preocupación es en materia ambiental: “Es una falta gravísima, se necesita investigación de impacto ambiental y una visión estratégica que no existe. Se está privatizando el Río de la Plata a través de los rellenos. Todos estos procesos acumulativos tienen consecuencias sobre el río, que es nuestra fuente de agua. Hay mucho desconocimiento en materia ambiental, por lo que dejan ahí el escenario preparado para un desastre ambiental”, aseguraron de la AA de AA y agregaron: “Están haciendo un proceso de privatización ya no de la costa, sino del propio río. Viola el Código Civil. De todos modos, van avanzando y van generando tierra para los especuladores.

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En su segundo intento

La primera vez que el gobierno intentó presentar el proyecto Distrito Joven fue en el año 2016, cuando Mauricio Macri todavía era jefe de gobierno. “Lo presentaron como un proyecto que pretendía generar un polígono orientado a bienes culturales, deportivos y de entretenimiento para la juventud. Pero en verdad es un camuflaje para volver a privatizarlo todo”, dijo Baldiviezo.

Aquel proyecto pretendía legalizar las concesiones sólo de una parte: uncluía el Polo Gastronómico y Bailable, en donde se encuentran los locales de Pacha, Pizza Banana y Siga la Vaca, entre otros. Esos locales fueron montados en forma ilegal: se encuentran sobre terrenos que deberían ser destinados a parques públicos y que, además, no podían ser privatizados. La ordenanza Nº 46.299 lo dice explícitamente en su primer artículo: “A partir de la promulgación de la presente no se podrá otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal”.

 “A nadie se le ocurriría poner un restaurante o un boliche en la Plaza de Mayo o en Parque Lezama. Son predios públicos y nada tiene que privar a los ciudadanos de su libre acceso”, aclaró Baldiviezo. Sin embargo, el proyecto de Cambiemos desafectaba alrededor de cinco hectáreas para destinarlos al nuevo Distrito Joven, autorizando su concesión por un plazo de hasta diez años.

La tragedia de Time Warp y la fuerte oposición de la Universidad de Buenos Aires hicieron que el proyecto se paralizara. El año pasado el gobierno de la Ciudad volvió a intentarlo pero incluyendo los predios de sus empresarios amigos como Costa Salguero y Punta Carrasco, permitiendo la privatización de gran parte de de la Costanera Norte. En diciembre de 2017 se aprobó en primera lectura y ahora, luego de una audiencia pública repleta de voces en disidencia, resta ver la decisión que toman en el recinto.

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