La AFI de Macri: el espionaje ilegal a las familias del ARA San Juan vuelve a Dolores

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El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla descubrió 9 bases de la AFI que en vez de cuidar los intereses estratégicos se dedicaron realizar espionaje político y social. Entre los espiados por la AFI de Mauricio Macri estaban las familias de los tripulantes del Ara San Juan, al igual que familiares de tripulantes de los pesqueros hundidos El Repunte y Rigel. Los espiaron desde la base de Mar del Plata. Luego de idas y vueltas la investigación vuelve a Dolores, a cargo del magistrado subrogante Martín Bava.

Por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan y dos pesqueros que se hundieron en el Atlántico Sur pasará al Juzgado Federal de Dolores que estará a cargo del magistrado subrogante Martín Bava.

El fiscal de Mar del Plata Daniel Adler presentó una apelación de 17 carillas muy bien fundada que partía de un criterio lógico: una serie de delitos que violan la Ley de Inteligencia y presuntamente fueron cometidos desde Mar del Plata contra víctimas que en ese momento estaban en esa ciudad, deberían ser  juzgados por funcionarios que funcionan desde Mar del Plata y no en otra parte. Pero sucedió que el juez Martín Inchausti no opinó lo mismo y la Alzada lo avaló.

Un poco de historia

Meses antes, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a todos los involucrados en la causa de las bases AMBA –el programa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista que plagó de espías el territorio provincial en el apogeo de los sótanos de la democracia, el lawfare y la mesa judicial contra opositores a Mauricio Macri–, que incluyó en el listado al ex jefe de la AFI de Mar del Plata como presunto partícipe de la maniobra.

Algo de este devenir, narró Adler sobre la investigación penal que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien detalló que la estructura orgánica de Inteligencia de la gestión macrista espió ilegalmente a familiares de los tripulantes del Ara San Juan al igual que familiares de tripulantes de los pesqueros hundidos El Repunte y Rigel.

El 12 de noviembre de 2020, el juez Inchausti remitió las actuaciones a su par Alejo Ramos Padilla.

Un mes después, en diciembre de 2020, Ramos Padilla acreditó que “entre fines de 2016 y diciembre de 2017 desde las delegaciones provinciales de dicha Agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política. Justamente, uno de los puntos de la investigación está centrado en lo que se identifica como “PROYECTO AMBA” que, según se expresa, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Mar del Plata…”.

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Es decir, que Ramos Padilla contó 9 bases de la AFI que en vez de cuidar los intereses estratégicos de la Argentina se dedicaron con saña y ahínco a destruir la vida de los propios ciudadanos del país violando la Ley y la Constitución Nacional.

La interventora de la AFI, Caamaño sostuvo en su denuncia y así quedó acreditado en el expediente, que durante los años 2018 y 2019 fueron hallados una concatenación de hechos –jurídicamente se llaman “identidad de hechos”– que ejemplifican un modus operandi por parte del funcionariado de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majadalani en la AFI, cuyo jefe directo era el propio ex presidente Macri.

La defensa de los imputados planteó chicanas de procedimiento y cuestionó el objeto de la pesquisa, pero el juez Ramos Padilla lo dejó clarísimo: “…el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal, en violación a lo dispuesto por los arts. 4, inc. 2, 5 y 43 ter de la ley 25.520 (cf. Ley 27.126), del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los cuarenta y cuatro (44) tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, quienes perdieran la vida como consecuencia del hundimiento del mismo hacia el mes de Noviembre de 2017, como así también de los tripulantes del B/P Rigel que fallecieran a causa de su hundimiento, ocurrido hacia el 9 de Junio de 2018…” Luego se amplió también al colectivo de familiares de víctimas del b/p El Repunte”.

El fiscal Adler enumeró seis (6) hechos delictivos donde agentes orgánicos de la AFI macrista produjeron inteligencia ilegal desde Mar del Plata y otras agencias del AMBA siguiendo a familiares de víctimas de hundimientos que podrían afectar la imagen y el gobierno de Macri y su séquito que fugó 47 mil millones de dólares del último préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de ser reelecto sin éxito.

Tras dar cuenta de la postura del “quejoso” (así llaman los camaristas al fiscal) culminan en la página 4 de su resolución: “No obstante todo lo expuesto, debemos señalar que el particular modo en  que el a quo ordena remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Dolores, el que podría interpretarse –como sostuvo el Sr. Fiscal– de una implícita declaración de incompetencia ello por cuanto al señalar que la remisión es conforme lo normado por el art. 224 ult. párrafo del CPPN –a contrario sensu– no resulta el caso de autos, lo cierto es que cumplida con dicha remisión, deberá el titular del Juzgado Dolorense expedirse al respecto, y ello sin lugar a dudas (más allá de la decisión que adopte) dará lugar a las partes a efectuar los planteos procesales pertinentes”.

Las firmas de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez exponen en lenguaje leguleyo la negativa a quedarse con la causa de espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del Ara San Juan y dos pesqueros de Mar del Plata.

El presente

Esta semana, luego de cuatro meses de investigaciones internas, el Consejo de Guerra ordenó el arresto por 45 días del ex jefe de la Armada durante la gestión macrista, almirante Marcelo Srur y el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo fue sancionado con 60 días de arresto riguroso en virtud del procesamiento que rige en su contra en la causa penal por el hundimiento del submarino en el Atlántico Sur.

El capitán de navío Claudio Villamide fue destituido, al ser considerado “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto. Asimismo, no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución, a fin de brindar un apoyo eficaz a la Unidad”. 

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Lo que viene

El juez subrogante de Dolores, Martín Bava tiene fama de poco piadoso, como la jueza María Servini. Con la cantidad y calidad de prueba acumulada en la causa por Ramos Padilla no le quedará más remedio que continuar con los procesamientos. El ministro era nada menos que Oscar Aguad y el presidente Macri, por debajo suyo estaban los imputados Arribas, Majdalani, y el ex director del “Proyecto AMBA”, Pablo Pinamonti. Éste último del riñón de Daniel Angelici y el ex jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián “El Enano” De Stéfani –quien gana cerca de medio millón de pesos al mes como Director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, puesto por la UCR porteña y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta–.

No sería el único ex alto jefe de la AFI conchabado en la caja millonaria de CABA. Bajo el manto de la Procuración porteña operarían dos ex espías que cumplen órdenes de Juan Mahiques.

Una familia muy normal cuyo líder se muestra dormido en un Zoom a las 10 de la mañana y luego murmura sin sentido en su canal y empresa accionaria ante la aparatosa desvergüenza de periodistas que no quieren preguntar.

Epílogo

Todas las causas que se instruyen sobre espionaje ilegal y los sótanos de la democracia desde Lomas de Zamora hasta Comodoro Py y Dolores tienen un mecanismo de repetición innegable. Los nombres fulgurantes son Macri, Arribas y Majdalani.

No sería desaconsejable iniciar una especie de Nunca Más contra estos delitos que vulneran la democracia a pleno lawfare, usando el aparato del Estado, sino que incluso podría formarse una Comisión de fiscales, periodistas y sociólogos para realizar un informe en 60 días y dar paso a un gran juicio oral y público que esclareciera estos escandalosos casos de los sótanos de la democracia.

Si bien el Presidente Alberto Fernández anunció una Bicameral compuesta con senadores y diputados para que se logre realizar un informe sobre ciertos hechos  –que se suma al trabajo de la Bicameral de Inteligencia que está finalizando el análisis de la oficina de escuchas DaJuDeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) que depende la Corte en toda esta trama-, una Comisión ganaría en volumen institucional y sería el final del uso del aparato de Inteligencia para perseguir a los ciudadanos comunes como las familias de tripulantes del Ara San Juan.

Sun Tzu dijo que los guerreros más inteligentes no debían combatir para ser victoriosos.

Ojalá así sea.

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Juan Alonso

Juan Alonso

Juan Alonso, periodista, escritor y docente de la Facultad de Peridismo de La Plata. Jefe del área de Investigación periodística de Radio Nacional.

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