La cacería de mapuches no se detiene

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Mientras se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado Gendarmería allanó violentamente otra vez la Pu Lof en Resistencia de Cushamen por una denuncia de Benetton. El magnate italiano ya denunció antes a estas comunidades. Esta vez la orden la dio la jueza Graciela Rodríguez y el fiscal Carlos Díaz Meyer. Las fuerzas de seguridad y la justicia trabajan en línea con el plan represivo del Ministerio de Seguridad contra los mapuches.

Foto: Joaquín Salguero

En un carnaval ideológico y escenográfico que se asemeja a una segunda “Campaña del Desierto”, el gobierno macrista avanza en su plan represivo contra los mapuches en la Patagonia. A seis meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, luego de un operativo de la Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la justicia de Chubut lanzó otro atropello sobre los mapuches que, lamentablemente, se parece a lo que sucedió en enero de 2017, con heridos, torturados y detenidos. Esta vez, contó con el aval de la jueza Graciela Rodríguez y el fiscal Carlos Díaz Meyer.

El viernes a las 6 de la mañana, tropas de la División Abigeato de la Policía provincial allanaron la comunidad mapuche y se llevaron todos sus caballos. Y como si eso fuese poco, un grupo de efectivos se acercó con camionetas a la comunidad lindera con la Lof, Vuelta del Río, cuyas familias viven en la región desde hace más de 130 años. ¿Qué reclamaba la Policía? Tres vacas de la familia de Alberto Huillinao, que están marcadas y no son de la Estancia Leleque del magnate italiano Luciano Benetton. Como no lograron ingresar a la comunidad Vuelta del Río, amenazaron a uno de sus integrantes con volver. La víctima estaba con su mujer y su hijo pequeño. Ya en septiembre del 17, Alberto Huillinao, quien no sabe leer ni escribir y toda su vida crió animales, fue precintado en plena cordillera a la intemperie. Así lo había ordenado el juez federal Guido Otranto, antes de ser apartado de la causa Maldonado.

Una vez más, el Grupo Benetton es el denunciante en la causa que instruye la jueza Rodríguez. Llama la atención el contexto: la magistrada tomó la decisión de pedir el allanamiento el mismo día en que se cumplieron seis meses de la desaparición de Santiago en la Pu Lof. A las 2 de la madrugada del viernes, la comunidad mapuche registró movimientos de efectivos en El Maitén. Cuatro horas después sobrevino el operativo. Esto tiene un antecedente. Tal es así, que el funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, denunció el 25 de enero por presunto “falso testimonio” a los principales testigos del caso Maldonado y realizó un informe de 54 carillas sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que es idéntico a la posición corporativa de Benetton y responde a los intereses de la Sociedad Rural, con datos emanados de los Carabineros de Chile.

El amigo de Maldonado al que Bullrich persigue

La causa Maldonado

El juez Gustavo Lleral retomó su trabajo el 1 de febrero. Tuvo un mes para pensar dónde iba a trabajar y eligió la ciudad de Rawson. Un detalle sugestivo. Había sido designado por la Cámara para investigar en forma exclusiva el caso Maldonado. El expediente debería continuarse en Esquel, pero no será así. El 6 de febrero, Lleral citó a los bomberos voluntarios de Trelew, Milton Daniel Roberts, Lucas Ezequiel Castrillo y Benjamín Osvaldo Pena Garrard, “a prestar testimonial en audiencias que se llevarán a cabo a las 9, 10 y 11 horas respectivamente”. ¿Qué quiere saber Lleral? Qué analizaron los bomberos sobre el lecho del río en la zona donde el 17 de octubre hallaron el cuerpo de Santiago. Justo a 7 metros de la costa en línea recta a la casilla de vigilancia mapuche. El mismo lugar por donde el juez Otranto pasó 7 veces antes, la última el 18 de septiembre, con 400 agentes de fuerzas federales durante 12 horas y el control absoluto del territorio.

La familia Maldonado insistirá en que debe realizarse un estudio exhaustivo de expertos independientes sobre el río Chubut. Y así ampliar a kilómetros el perímetro de 20 metros a ambos lados de donde precintó la escena el juez en la pesquisa del 12 de diciembre. Además, los Maldonado apelarán para que se declare nulo el testimonio de Lucas Pilquiman, tomado por Lleral en Epuyén y no en Esquel, sin la participación de la abogada Verónica Heredia, que representa a Sergio Maldonado, ni las querellas. Todo este cúmulo de supuestas irregularidades serán recurridas por Heredia, que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si bien el organismo, retiró la cautelar sobre Santiago una vez conocida la autopsia, insistió al Estado Argentino que debe garantizar una investigación independiente. Eso nunca se produjo, no sólo se negó a Santiago, sino que hubo una trama de protección de la Gendarmería por parte de autoridades del Poder Ejecutivo.

Por eso, el Ministerio de Seguridad insiste con la muletilla tortuosa de que Santiago murió por “ahogamiento accidental”. Así lo reflejan los medios oficialistas: una tortura infinita para la familia Maldonado.

Según la autopsia, la muerte de Santiago fue “un proceso” que derivó en un estado de hipotermia y prosiguió con la muerte por sumersión. ¿Quién estaba cerca de Santiago en el río? Como ya hemos dicho, es el juez Lleral el que debe responder esa pregunta y para ello debe ubicar en tiempo y lugar a los distintos grupos de gendarmes que llegaron al río después de las 11:30 del 1 de agosto. Lo saben los abogados de Gendarmería, Lorena Siquot, Manuel Barros y Lionel Castro, quienes tampoco lograron llegar a Epuyén para presenciar el testimonio de Pilquiman, el 19 de diciembre.

El joven mapuche dijo que la última vez que vio a Santiago con vida “estaba agachado entre los sauces”. Él afirmó que cruzó el río y se encontró con otro testigo, Matías Santana. ¿Dónde estaban los gendarmes en ese momento? “Maten a uno”, había escuchado Pilquiman. Santana contó que corrió hacia la derecha de la tranquera para tomar su caballo y escapar. Subió a una loma y vio a los gendarmes rodeando “un bulto”. Ya en ese momento los efectivos estaban llegando cerca del río con un camión eurocargo, una Ford Ranger blanca y un unimog. Había dos grupos, en uno de ellos, estaba el alférez ascendido por Patricia Bullrich, Emmanuel Echazú. En el otro, el gendarme Daniel Gómez y el sargento Juan Carlos Pelozo, entre otros. ¿Si desde ese grupo partió la piedra que habría arrojado el gendarme Neri Armando Robledo “a un manifestante”, y esa persona era Pilquiman, cómo puede ser que los gendarmes no viesen a Santiago Maldonado que estaba con Lucas y regresó a los sauces?

En agosto el río tiene mucho menos caudal que ahora y el agua es cristalina. En esta edición publicamos una fotografía tomada por una integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el 5 agosto –cuatro días después de la desaparición de Santiago– y el lugar donde apareció el cuerpo luego de 78 días se ve claramente sin ningún rastro en ese momento. O sea: a pocas horas del hecho no se veía ningún cuerpo en la zona de referencia.

¿Es posible plantar un cuerpo en el río Chubut? La familia Maldonado sostiene que sí y por eso pide la intervención de investigadores independientes. Entre otras cosas, porque el Estado desconoce las características del río.

Ni la provincia ni la Nación cuentan con un estudio pormenorizado de toda la extensión del río Chubut, que atraviesa los campos de Benetton, y eso quedó reflejado en el expediente judicial por la desaparición forzada de Maldonado. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga un análisis de un río tan importante de la Patagonia? Simple: fuentes de distintas comunidades mapuches e incluso algunos empleados de la Estancia Leleque de Benetton, deslizan que La Compañía administraría el agua a su gusto y sospechan que no solo lo haría por los pinares de la zona, sino que existiría un emprendimiento de búsqueda y extracción de minerales.

Este cronista intentó desde hace un año entrevistar al administrador general de Benetton en Leleque, Ronald McDonald, un nieto de escoceses que sirve a los intereses de terratenientes foráneos en el Sur. Pero la respuesta siempre fue negativa. Eso sí: La Compañía ofrece una parva de denuncias penales contra los mapuches e intenta deslegitimar el reclamo por la tierra. “Esto es como si yo ahora fuera a Inverness, en Escocia, a reclamar las tierras de mis antepasados”, respondió McDonald al diario El País de España. Mientras tanto, su gente se pasea a caballo y en camioneta por los campos linderos. Y hasta la Policía le pertenece a Benetton en Leleque, con una comisaría puesta dentro del millón de hectáreas que posee desde 1991. En seis meses jamás la Justicia Federal allanó a Benetton. ¿Usted quiere saber por qué? Siga leyendo.

Juvenilia

El 27 de agosto de 2017, la fiscal Silvina Ávila le pidió al juez Otranto allanar la Estancia Leleque de Benetton para saber si en verdad allí funcionaba en las sombras una base de Gendarmería como publicó el periodista Ricardo Ragendorfer en el diario cooperativo Tiempo Argentino. Otranto descartó de plano esa chance y explicó por qué. Entre otras razones, porque él mismo le pidió a Cané en 2016 –un año antes­– “reforzar el Escuadrón 35 de El Bolsón para prevenir y enfrentar” el corte de la ruta 40, que el juez investigó en “la causa FCR-13.466/2016 NN sobre entorpecimiento de servicios públicos (artículo 194)”. Y para ello necesitaba, como es obvio, el apoyo logístico de La Compañía. Lo explicó así: “El jefe del Escuadrón 35 informó la imposibilidad de cumplir con las directivas que impartió este Juzgado Federal para identificar y detener a las personas que estaban realizando las actividades delictivas descriptas de acuerdo a las facultades que ostenta como fuerza de prevención, debido a que carece de personal con capacidades y elementos adecuados para enfrentar situaciones de orden púbico”.

Es más, el mismo juez dejó asentado que en 2016, la Policía de Chubut disparó armas de fuego contra los mapuches. “En abril del año pasado se había registrado una situación similar en el mismo lugar, esta vez con la intervención de la Policía del Chubut. En esa ocasión, el móvil también debió replegarse e incluso la agresión fue repelida con disparos del arma reglamentaria de uno de los efectivos policiales que concurrieron al lugar mientras los vehículos particulares permanecían detenidos alrededor del enfrentamiento”.

Muy preocupado, “por la proximidad de la temporada alta de la actividad turística estival”, Otranto pedía ya ese año, “la intervención de una fuerza de seguridad con capacidad operativa adecuada para hacer uso razonable de la fuerza pública sin comprometer innecesariamente la vida ni la integridad física de las personas que eventualmente intenten impedir el tránsito del material rodante”.

El 24 de octubre de 2016, Otranto remitió un oficio al jefe de la Gendarmería, Gerardo José Otero, con el mismo pedido de “refuerzos”. De esa manera se construyó la iniciativa de intervenir para “prevenir” el delito en flagrancia y la fuerza elegida fue la Gendarmería. Es decir que antes de que llegase el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, a Bariloche y a Leleque donde quedó registrada su presencia el 1 de agosto, el juez Otranto había iniciado (diez meses antes) las gestiones con Cané y Otero. La ministra Bullrich no puede desconocer este despliegue represivo que ella misma gestó. Quizá por eso Cané en las audiencias se sentaba a la derecha de Otranto.

Como se sabe, ni la Policía ni la Gendarmería cuidaron la vida de los manifestantes. Santiago murió luego de un operativo represivo sin orden judicial. En noviembre, el joven mapuche Rafael Nahuel fue baleado por la espalda tras otra redada a los tiros, esta vez, de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. Fue durante el velatorio de Maldonado en 25 de Mayo. Toda una saga de terror.

En la mesa de trabajo del juez Lleral hay una carpeta plagada de números de teléfonos celulares. Se trata de un informe técnico de la Policía Federal sobre todos los llamados de Pablo Noceti desde el 30 de julio hasta el 5 de agosto de 2017. ¿Qué hacía en Cushamen? ¿Estaba de paso como sostuvo Bullrich? ¿Por qué Noceti fue apartado de la escena y ahora habla Cané a través de sus denuncias presentadas en feria judicial?

“La construcción de la realidad no necesariamente se hace con el dolo ni mintiendo y ni siquiera callando: la extensión de la noticia, el impacto de la imagen, el énfasis, la reiteración, todo eso es parte de la construcción –explica Eugenio Zaffaroni en su libro La palabra de los muertos–. Detrás de cada cadáver hay un drama, una pérdida, un duelo. (…) Cuanto más patológico es el delito de un estereotipado más útil le resulta a la criminología mediática”, concluye Zaffaroni.

¿Qué necesita esta nueva guerra ideada por vengadores racistas crecidos en el privilegio y el odio a los pobres?

Jueces propios.

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Juan Alonso

Juan Alonso, periodista, escritor y docente de la Facultad de Periodismo de La Plata. Recibió el Premio Walsh por su trabajo periodístico en 2017.

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