La Gestapo de Macri y Vidal

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La AFI macrista designó a comisarios y alumnos de Camps y Etchecolatz en puestos clave de las bases del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para llevar adelante un accionar inspirado en la temible Dirección de Inteligencia de la Bonaerense (DIPBA). El juez Alejo Ramos Padilla explicó: “El proyecto AMBA implicó el restablecimiento institucional de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superada. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales». Nombres, cargos y funciones de los pata negra de la inteligencia de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

El juez Alejo Ramos Padilla debe presentarse hoy en el Senado donde se trata su pliego para asumir el Juzgado Federal de La Plata en 2021 –un concurso que ganó por varios puntos de diferencia y generó la validación de su cargo propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional-, pero además de asistir al Congreso, el juez definirá si los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que él procesó la semana que pasó, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pueden irse de vacaciones a Neuquén y Miami respectivamente. 

Ramos Padilla ya le corrió vista al fiscal Juan Pablo Curi sobre el asunto y tomará una decisión que podría ser controversial. 

¿Se impondrá el rigor procesal y las garantías de los imputados o el peligro de que una vez en el exterior –el caso de Majdalani- pueda más su apego a la inteligencia internacional de EEUU e Israel, o el presunto arraigo con la Argentina que su jefe Mauricio Macri fundió en 4 años de pandemia social y económica?

Nadie lo sabe.

Lo cierto es que el juez Alejo Ramos Padilla continúa avanzando en la causa por espionaje ilegal en el llamado Proyecto AMBA. Citó a tres “coordinadores de la AFI” para febrero próximo, además del ex director de la base de Bahía Blanca. 

Una estructura siniestra

La AFI macrista espió a la Universidad Nacional del Sur (UNS) con una intensidad semejante a los siniestros manuales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que incluyó actos, partes sobre militantes, seguimientos, patrullaje cibernético, fichajes, y otras vituallas de los sótanos de la democracia. 

Lo peor es que el director de la base en cuestión se solía quejar de que los jerarcas de la calle 25 de Mayo 11 no le daban importancia a su labor y el juez Ramos Padilla quiere saber qué pasó en esa ciudad atlántica y tan marina desde 2016 hasta 2019. 

La AFI no se privó de nada. Construyó en la provincia de Buenos Aires un sistema opresivo de espionaje ilegal dedicado a mapear la actividad política opositora distrito por distrito y funcionó de hecho como una máquina policial y parapolicial de hostigamiento y lapidación política de miles de personas inocentes, violando la Ley de Inteligencia y la Constitución. 

El espejo de los espías

El 17 de diciembre pasado narramos aquí cómo la AFI reclutó a varios comisarios y oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en lo que fue un plan sistemático de espionaje político ilegal realizado desde el Estado Nacional a partir de mediados de 2016 hasta fines de 2019. 

Los jefes de la AFI de Macri procesados por espionaje político ilegal

El objetivo lo confesó el propio Arribas en una resolución de la AFI que dejó por escrito para la posteridad. 

Arribas cambió la orgánica de la AFI con la directiva 558/2017 que le otorgó cobertura legal a las tareas ilegales de los agentes en la provincia de Buenos Aires, asignándole “funciones específicas” a la “Dirección de Reunión de las Bases AMBA”. 

“(…) Entre las funciones de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires detalladas en la resolución aludida, se especificaba la de “Planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y el componente científico–tecnológico”, lo que daría cuenta que, incluso formalmente, se otorgaron facultades para realizar actividades expresamente prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia para servir de eventual cobertura legal a las acciones que se han volcado en los informes de inteligencia relevados a lo largo de la investigación”, dijo el juez Ramos Padilla en su resolución de casi mil páginas. 

El periodista Horacio Verbitsky –una de las víctimas del espionaje macrista- contó el domingo algunos detalles de la jefatura policial bonaerense puesta a hacer inteligencia con la genialidad de los malabaristas sin equilibrio.

Entre ellos y ellas, se destacan, según Horacio: “El comisario Vicente Antonio Melito fue sumariado por falso testimonio y falsedad ideológica en instrumento público, cuando desapareció el libro de guardia de la comisaría de Morón a su cargo.

Alicia Susana Nocquet quien inició su carrera en investigaciones en 1977, a las órdenes de Miguel Etchecolatz cuando el jefe de la policía era Ramón Camps.

El capitán del Ejército Andrés Máximo Maisano, quien en 1987 fue detenido y procesado por su participación en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y recuperó la libertad dos años después gracias al indulto de Carlos Menem.

El comisario Gustavo Carreiras fue separado de la custodia del ministro de Seguridad Juan José Álvarez, a raíz de las amenazas recibidas cuando comenzaron las investigaciones sobre corrupción”.

De la dama Nocquet nos ocupamos en Nuestras Voces en la edición del 17. El juez Ramos Padilla la acusó por espiar ilegalmente los actos de Cristina Fernández de Kirchner e infiltrar a un fisgón en un local de Nuevo Encuentro donde la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y Verbitsky dieron una charla sobre la injusta prisión de Milagro Sala que va camino a los 2000 días de tormento por ser kirchnerista, india y rebelde. 

¿Quién es Nocquet? 

Fragmentos textuales del dictamen del juez Ramos Padilla: “Alicia Susana Nocquet, a cargo de la base Morón, ingresó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1977 y su primer destino fue la Dirección General de Investigaciones, entonces a cargo de Miguel Osvaldo Etchecolatz. De esta Dirección dependían las Brigadas de Investigaciones, la mayoría de las cuales funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico–militar. También dependía de esa Dirección el Comando de Operaciones Tácticas (COT), que tuvo un rol importante en las acciones del terrorismo estatal. Prácticamente todos sus destinos fueron en el AMBA. Algunos fueron coincidentes con el área de su jurisdicción en la AFI, tal como la Dirección de Narcotráfico Morón– Matanza en 1994 y la Jefatura Departamental de Morón en 2006. Se retiró en 2007 como Comisario Inspector. Realizó estudios universitarios vinculados a la seguridad en la Universidad de Morón, obteniendo la licenciatura en 2010 y un posgrado en 2013. Su ingreso a la AFI tuvo lugar el 16 de diciembre de 2016. 

En ese entonces, tomó la jefatura de la Delegación Provincial Morón en la que, de acuerdo a la información oficial provista por esa agencia, llegó a tener diez agentes a cargo”, sostuvo el juez en su dictamen de procesamiento a Arribas, Majdalani y la propia Nocquet. 

¿Pero de quién dependía esta señora? 

Del ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y perito de parte de Sandra Arroyo Salgado –viuda de Nisman-, Daniel Salcedo y su amigo el comisario Vicente Melito. 

“Salcedo fue jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009. Ingresó a esa fuerza en 1977. Su primer destino fuera de la Escuela Vucetich fue en 1979 en la Comisaría de San Antonio de Areco. Accedió al cargo más alto en 2005 y se retiró como jefe en 2009. Por su trayectoria en la fuerza policial, conocía a varias de las personas que integraron la  Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires. Fue contratado en la AFI para oficiar como coordinador de este proyecto el 6 de octubre de 2016 y prestó servicios allí hasta el 1 de enero de 2018”. 

Su asociado, Melito, “es un comisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ingresó a esa fuerza en 1982, siendo su primer destino la Comisaría de La Matanza en 1983. Su retiro ocurrió obligatorio en 2014 con el grado de Comisario General. Dos años más tarde se integró a la AFI, siendo su fecha de ingreso el 2 de septiembre de 2016 y su cese el 1 de enero de 2018”. 

Claro que hay otros personajes en la escena y no eran de reparto. Son los casos de Pedro Oscar García y José Luis Fiorentino, entre otros. 

“García estuvo a cargo de la base Quilmes, ingresó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976, siendo su primer destino después la Comisaría de Olavarría en 1978. Cumplió cargo de Comisario en La Matanza y en Morón entre 2009 y 2011, siendo ese el grado mayor al que accedió. Sus antecedentes registran el retiro obligatorio en 2011. No constan las razones del retiro en el informe remitido por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Ingresó a la AFI el 2 de septiembre de 2016.

Su legajo indica como único destino allí la Delegación Quilmes, en la que llegó a tener por lo menos doce agentes a cargo. Prestó servicios en la agencia hasta el 1 de enero de 2018”. 

Su par, Fiorentino, “tuvo a cargo de la base San Martín, ingresó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1974. Su primer destino al egresar de la Escuela Vucetich fue la Comisaría de Tres de Febrero, ese mismo año. Su legajo registra el retiro obligatorio a partir de 2005 con el grado de Inspector. Ingresó a la AFI el 2 de septiembre de 2016 y se retiró el 16 de noviembre de 2017, antes de que se diera por concluido el proyecto de estas bases. En su legajo figura como único destino la Delegación San Martín, en la que tuvo al menos ocho agentes a cargo”. 

Quiénes son los ex comisarios Bogoliuk y Degastaldi, nuevos detenidos del caso Stornelli

Como se ve, la AFI macrista designó a comisarios y alumnos de Camps y Etchecolatz en puestos claves de las bases AMBA porque su estructura en la Provincia estuvo inspirada en la DIPPBA de la dictadura de Aramburu y Rojas creada en 1956. 

El juez Alejo Ramos Padilla, explicó: “El proyecto AMBA implicó el restablecimiento institucional de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superada. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales.

Se apartaron de la nueva doctrina de inteligencia y se apeló a viejas concepciones en las que el objetivo de la inteligencia estatal volvió a recaer en las actividades que hacen al funcionamiento mismo del sistema democrático, como las actividades electorales, los reclamos sociales o gremiales o la organización política de la sociedad civil. 

Como si no hubiera pasado un día; como si no existiera la normativa vigente, ni los acuerdos tácitos sobre los que se asienta la vida en común de una sociedad democrática para no repetir las ilegalidades de su pasado reciente; así la AFI retomó las prácticas del espionaje sobre los opositores políticos, sobre aquellos que desarrollaban actividades sociales y gremiales y sobre aquellos que desplegaban actividades de protesta y, de ese modo, violó la ley y la

Constitución Nacional”.

Modelo DIPPBA 

En los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consta la metodología de espionaje de la dictadura en 1979, cuando llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el seguimiento de espionaje que realizó el régimen militar contra los familiares y víctimas del terrorismo de estado. 

“La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) observó de cerca la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. También lo hicieron otros organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad, como muestran los documentos del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Zona Atlántico Norte y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El informe especial y los documentos que compartimos dan testimonio de la circulación de información en torno a las actividades antes, durante y después de la visita, y exponen la comunicación sistemática y estrategia de vigilancia constitutivas de los órganos que integraban la comunidad informativa. Las acciones de inteligencia desplegadas a lo largo de todo el país se coordinaron y articularon en la comunidad informativa, un agrupamiento de todos los sistemas y agencias de las fuerzas armadas y de seguridad. En la provincia de Buenos Aires estas acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los documentos que integran este informe especial pertenecen a tres fondos documentales que gestiona y preserva la CPM, desde el Centro de Documentación y Archivo: “Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)”, “Fondo Sección de Informaciones del Servicio de Inteligencia de Prefectura Zona Atlántico Norte” y “Fondo Documentación del Servicio Penitenciario Bonaerense incautada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”, relevó la CPM. 

“En febrero de 1979, ocho meses antes, los organismos de inteligencia comienzan a registrar acciones vinculadas a la llegada de la comitiva internacional –reflejó la CMP-. El legajo 13.227 solicita a las delegaciones de la DIPPBA (San Justo, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Tigre, Mercedes y La Plata) información vinculada al “Plan de los familiares de los presos y desaparecidos” con motivo de la llegada de la CIDH. Este plan estaría basado en la presentación de pruebas sobre los asesinatos y desapariciones ante la comisión de la OEA que podrían encaminar una investigación “con fines punitivos”.

El legajo, que pertenece a la Mesa Ds (delincuente subversivo) y se compone de 64 fojas, expone un minucioso recorrido por las acciones de inteligencia previas sobre familiares y organismos: desde comunicados de prensa hasta una descripción precisa de reuniones, actividades y composición ideológica de sus integrantes. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fueron de los más vigilados. Para la DIPPBA, ambos organismos mantenían por entonces una fuerte proximidad ideológica y aceitada articulación política en sus acciones, a la vez que un vínculo permanente con los familiares de los afectados directos”.

La vigilancia de la comunidad informativa sobre la visita de la CIDH a la Argentina

El pacto

La AFI llegó a la Provincia luego de un acuerdo entre Majdalani y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Así lo afirmó la propia “señora 8” en 2019, cuando aún Macri era presidente. De esa trama participó el actual legislador Cristian Ritondo que fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y ahora audita a los Organismos de Inteligencia desde la Bicameral. 

Como diputado, Ritondo es un brillante lateral que arroja centros al área para los acusados macristas. 

La banalidad del mal transforma el pasado funesto de la Argentina en un veneno que regresa entre sombras. 

La cadena de responsabilidades penales por el espionaje ilegal acecha el sueño de Macri. Su secretario personal, Darío Nieto puede zafar. 

Él quizá no.   

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Juan Alonso

Juan Alonso, periodista, escritor y docente de la Facultad de Periodismo de La Plata. Recibió el Premio Walsh por su trabajo periodístico en 2017.

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