Los números rojos del ajuste en las universidades

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El segundo cuatrimestre en las universidades trajo una creciente conflictividad en defensa de la educación pública debido al brutal ajuste y vaciamiento del Gobierno. La masiva movilización del jueves 30 de agosto y las cinco semanas de paros y clases públicas consiguieron que se elevara la propuesta del 15% al 25% para los salarios universitarios, pero siguen las dificultades vinculadas al exiguo presupuesto en contexto de alta inflación y el retraso o detención de obras de infraestructura, reducción o finalización de programas de becas, entre otros. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) analiza la situación revela que en 2 años las universidades nacionales perdieron 7 puntos de participación en las transferencias del Estado.

Fotos: Joaquín Salguero

Desde la asunción del Cambiemos, la alusión negativa de los distintos funcionarios al rol cumplido por las universidades públicas fue recurrente. Desde la frase del Presidente Macri en la Facultad de Economía de la UBA, donde afirma: “¡qué es eso de universidades por todos lados!”, hasta la reciente expresión de la Gobernadora Vidal en el Rotary Club aludiendo a que: “nadie que nace en la pobreza accede a la universidad”. Pero esto no constituyen solo frases descontextualizadas, sino que forman parte de una política de desfinanciamiento hacia la educación superior.

En primer lugar, el informe de CEPA y UNLa estima que el salario de docentes universitarios está en caída, entre 2015 y 2017, la reducción del salario promedio fue del 7,5%. Tomando como referencia la remuneración de un cargo de dedicación simple titular sin antigüedad ($8.351), implica una pérdida de $626 mensuales, acumulando $15.033 por dicho cargo desde enero de 2016 hasta diciembre de 2017.

En 2018, la propuesta paritaria inicial del gobierno fue del 15%, dividida en tres tramos: 5% en mayo, 5,8% en agosto y 4,2% en septiembre. Considerando el escenario de inflación anual estimado recientemente por el gobierno de 42%, la pérdida promedio anual con respecto a 2017 hubiera sido del 6,8%. Pero cinco semanas de lucha y una enorme movilización hicieron que el gobierno aumentara ayer su propuesta al 25%.

La evolución del presupuesto universitario se encuentra íntimamente ligada a la cuestión salarial, dado que entre el 85% del mismo se destina a pagar salarios docentes y no docentes. Hasta 2016, el presupuesto no incluía pautas salariales, una vez acordadas se completaba con partidas según las negociaciones paritarias. A partir de 2017 y 2018, el gobierno incluye en el presupuesto las pautas salariales, elemento que supone un conflicto para el sector ya que desconoce la pérdida de poder adquisitivo en contexto de alta inflación. El presupuesto 2018 fue realizado con una inflación estimada del 15,7%, y un dólar promedio de $19,3.

Así, el desfasaje entre las estimaciones del presupuesto, la inflación y tipo de cambio real, explican una parte importante de la crisis del financiamiento universitario. Mientras la inflación carcome el poder adquisitivo de los salarios, la devaluación del peso imposibilita cumplir con la compra de insumos, pago de servicios y materiales para laboratorios de investigación.

Las universidades nacionales han perdido también participación en el presupuesto educativo: mientras que en 2015 era del 69%, en 2018 es de un 62%. En 2 años las universidades nacionales perdieron 7 puntos de participación en las transferencias del Estado.

Por otra parte, las partidas destinadas a obras de infraestructura y recursos de capital (nuevas instalaciones, equipamiento, etc.), se encuentran diferenciadas en el presupuesto. Estas transferencias sufrieron un recorte no sólo en términos reales, sino incluso nominales. En 2016, estas partidas sufrieron un ajuste nominal del 33%. En el año 2017, aunque las partidas crecen nominalmente 47% respecto de 2015, no pudiendo compensar la inflación acumulada. Si se considera el período 2015/2017 las transferencias, en términos reales, sufrieron un recorte de 17%.

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Estos recortes suponen un deterioro de la calidad educativa, erosionando uno de los valores más importantes de nuestro país: la educación superior pública y de calidad.  Esto es particularmente nocivo para las universidades recientemente creadas en el conurbano bonaerense, ya que se hayan en pleno proceso de expansión de su matrícula, por lo que resulta central la inversión en infraestructura para su funcionamiento.

Entre 2007 y 2015 se crearon en nuestro país 18 universidades, de las cuales 8 se encuentran en el conurbano bonaerense. Esta tendencia expansiva tiene innumerables beneficios no sólo para los estudiantes que acceden a la educación superior, sino para la sociedad en su conjunto. Solo por mencionar algunas, en primer lugar, constituyen un claro instrumento de movilidad social ascendente. Contrariamente a lo que afirma la gobernadora, los datos demuestran que la mayor parte de sus alumnos y alumnas integran los deciles de más bajos ingresos y son primera generación de universitarios y universitarias en sus familias. Segundo, sobre todo las universidades ancladas territorialmente como las del conurbano, desarrollan proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de la población en las que están insertas, sus barrios. Por ejemplo, proyectos orientados a mejorar viviendas precarias, sanear ríos contaminados, desarrollar recursos para prevenir enfermedades locales, etc. Tercero, tal como demuestra la experiencia internacional, cualquier proyecto de desarrollo sostenido, es inviable sin una educación superior de calidad y una política pujante de inversión en ciencia y tecnología. En esta línea fue creado en 2007 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recientemente devaluado a secretaría.

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Débora Ascencio

Periodista especializada en economía. Integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), becaria doctoral de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología y maestranda en Sociología Económica.

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