Santiago Maldonado | Cuatro años de impunidad 

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A cuatro años del crimen de Santiago Maldonado, la justicia sigue sin hacer la reconstrucción del hecho. Santiago no hubiera muerto si la Gendarmería bajo las órdenes de Patricia Bullrich no hubiera intervenido sin orden judicial. La política represiva de Mauricio Macri dejó heridas profundas.

El 1 de agosto se cumplen cuatro años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut. Una tortura infinita contra la familia por parte del sector más conservador del Poder Judicial y la maquinaria interna de protección de las fuerzas de seguridad del Estado. 

El expediente judicial está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año pasado. Los cortesanos deben resolver si el juez federal Gustavo Lleral, quien mandó a archivar la causa en 2018 desligando de toda responsabilidad a gendarmes y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Patricia Bullrich y Pablo Noceti, puede continuar a cargo de la pesquisa luego de que la destrozó por completo sin reconstruir jamás los hechos en la escena sobre la ruta nacional 40 a la altura de kilómetro 1.848. 

Una actitud semejante a la adoptada por su antecesor inmediato, Guido Otranto, que hace tres semanas zafó del Juicio Político gracias al Consejo de la Magistratura y el tecnicismo de que han pasado más de tres años de la denuncia en su contra. 

Es decir que la causa Maldonado debe ser resuelta por al menos dos jueces nombrados por decreto de Macri y después votados por el Congreso -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-, sin olvidar a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes siguen edificando la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia de CABA (STJ) por sobre la Justicia Nacional con fallos totalmente desopilantes que intervienen de facto el fuero comercial y el laboral para favorecer a las grandes corporaciones empresarias y a los evasores de la soja y sus propagadores mediáticos. 

Por milagro, Lorenzetti, principal hacedor del  lawfare contra CFK se vistió de San Benito pero no le reza nadie.  

La quinta en discordia en esta trama, jueza Elena Highton de Nolasco, de 78 años, pareciera copiar el modelo de Carlos Santiago Fayt en el reino de la toga. Se debió haber jubilado hace más de una década. Pero sigue en modo avión.   

El juez Lleral también integra esta extraña comparsa. Nadie lo cuestionó porque su apellido estaba guardado en el teléfono celular del secretario de Macri, Darío Nieto –flamante candidato a legislador- como “juez amigo” o “propio”. 

Y en la Cámara de Alzada la situación no fue mucho mejor. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos respectivamente, decidieron sobre apelaciones de la familia Maldonado y las querellas con la misma displicencia y falta de decoro con que Borinsky jugaba al tenis con el ex presidente que endeudó a la Argentina por un siglo en más de 100 mil millones de dólares. 

El Estado Nacional, por su parte, está en litigio con la familia Maldonado. Se negó a reconocer su responsabilidad en una mediación amistosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sergio Maldonado insiste con la figura penal de la desaparición forzada de personas ante la negativa del sistema del status quo. 

Los resultados periciales sobre el cuerpo de Santiago determinaron que murió ahogado, pero no aclararon todas las dudas del hecho y la construcción de la narrativa mediática logró imponer que “Santiago se ahogó solo” en el Río Chubut. Pareciera que no hubo una represión ilegal en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde fue encontrado el cadáver del joven anarquista 78 días después justo antes de las elecciones nacionales. 

Los gendarmes involucrados por entonces aparecen en la actualidad como benefactores del bien. Aunque la ministra de Seguridad, Sabina Frederic denunció a Noceti pero no a Bullrich. Sucede algo semejante al escándalo internacional por la colaboración de Macri y Bullrich con los golpistas de Bolivia. 

Aquí se investiga con el Fuero Penal Económico de Py y se imputa el delito de contrabando agravado que prevé una pena de 4 a 12 años de prisión. 

En Bolivia, el fiscal de Estado apresó a Jeanine Áñez por el delito de genocidio y lesiones seguidas de muerte. Se trata de una causa de lesa humanidad. El Estado Plurinacional de Bolivia acusó al ex embajador de Macri en La Paz, Normando Álvarez García (condecorado por el gobernador jujeño Gerardo Morales), por violar la Ley 400 que castiga el tráfico de armas con una pena de 30 años de cárcel. 

El contrabando de 70 mil municiones para reprimir al pueblo de Bolivia que resistió el Golpe a Evo Morales en noviembre de 2019 podría derivar tarde o temprano en una causa juzgada por la Corte Internacional donde Macri estaría en el banquillo. 

A principios de julio, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a los mapuches que cortaron la ruta en 2017 junto a Santiago Maldonado. 

En aquel momento, Bullrich lo negaba a pesar de que aparecía en los vídeos filmados por los propios gendarmes.  

Si la Gendarmería Nacional no hubiese actuado de forma ilegal con la excusa del supuesto delito en estado de flagrancia, Santiago Maldonado estaría vivo. 

¿Si esos desgraciados acontecimientos configuraban un presunto delito grave, por qué la Casación absolvió a los mapuches acusados?

Ni Madrake el mago podría explicarlo. Lo cierto es que Santiago murió por culpa de los gendarmes que entraron a los balazos y nadie logró reconstruir los hechos minuto a minuto sobre la escena a la vera del río. 

La patología forense se limita al acontecimiento mortal y al contexto de los sucesos.

Los supuestos testigos no ayudaron demasiado a la memoria real y los jueces Otranto y Lleral tuvieron mucho que ver con el encubrimiento de la violencia institucional. Ni hablar el Estado con sus funcionarios políticos de ocasión: Gonzalo Cané (recauchado en la Corte) y Daniel Barberis en algún sillón del inframundo ligado a Bullrich. 

El 5 de agosto de 2017 escribí la primera crónica sobre este caso paradigmático en este infierno nada  encantador. Fue la primera vez que se publicó la pregunta «¿Dónde está Santiago?», que luego se convertiría en el eje del reclamo de la sociedad.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

A fines de junio último, el fiscal subrogante de Esquel que reemplazó a Silvina Ávila, Federico Baquioni Zingaretti pidió investigar las irregularidades del procedimiento represivo de la Gendarmería. ¿Y a quién se lo pidió? 

Al juez Lleral. El mismo que sostuvo en su dictamen poco menos que Santiago se había ahogado solo sin la intervención de gendarmes como si estuviese paseando en pleno invierno cordillerano por la costa de un río congelado. 

Lleral no promovió ni una sola medida. 

¿Cómo se puede pedir reabrir una causa penal a un juez que ya la archivó hace tres años? 

Todo un dilema. 

“Reconocemos el trabajo que realizan las y los gendarmes mediante la recuperación del salario y las condiciones de trabajo; de la consciencia del cuidado propio y ajeno; del equipamiento para un trabajo digno; de las capacidades de investigación, prevención y respuesta; del trabajo articulado y respetuoso de los derechos humanos; del estricto cumplimiento de la ley; del compromiso contra la violencia institucional; de la seguridad democrática que reclama una sociedad que necesita reducir la violencia y el delito. Y esto es lo que venimos construyendo desde el trabajo de ustedes y desde la conducción que ejercemos con una gran ventaja: conocemos y reconocemos su trabajo. Somos capaces de recuperar el valor del trabajo en materia de seguridad: ser funcionarios y funcionarias públicas dispuestas a brindar seguridad, cuidado, asistencia y solidaridad para todas y todos los habitantes del suelo argentino”, dijo Frederic a la Gendarmería el 28 de julio.

El 7 de agosto del año 2020, la misma Frederic ordenó una investigación interna en torno a los efectivos que actuaron en la represión de 2017.  “Esa investigación disciplinaria era una deuda con la sociedad argentina, con la familia Maldonado, pero también con la propia fuerza, porque la actuación de Gendarmería en ese contexto fue a todas luces innecesaria, desmedida, sin contar con los recursos y la capacidad del personal que allí se estaba desempeñando”, sostuvo la funcionaria en una videoconferencia con los legisladores de la Comisión de Seguridad Interior del Congreso. 

Todo un palo

Dos jueces que no investigaron el rol de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado. El segundo juez estaba en la agenda de Nieto. Una fiscal cómplice de la fuerza federal sospechada. Una administración estatal que trató a los pueblos originarios de la Patagonia como “terroristas”, “separatistas” y “financiados por Inglaterra”. 

La peor lapidación pública de la víctima y de su familia con una cantidad odiosa de mentiras publicadas en la cadena de medios hegemónicos. 

Dos camaristas que negaron los recursos legales a las querellas y que iban a jugar al tenis con Macri en la Quinta de Olivos. 

Una Corte que puso en ejecución una cacería de opositores al macrismo en complicidad con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la mesa judicial de Macri. 

La actuación poco transparente de la oficina de escuchas controlada por la Corte, DaJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), con los camaristas Martin Irurzun (creador de las prisiones preventivas por las dudas) y Javier Leal de Ibarra, que además es presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en Chubut, superior inmediato del cuestionado juez Lleral.

¿Qué podría ser peor?

La Policía de Chubut se entrena con odio visceral a los movimientos populares nacidos luego de que Fernando de La Rúa huyera en helicóptero de la Casa Rosada dejando un país devastado con 37 muertos. 

“Piquetero, piquetero/ten cuidado, ten cuidado/que una noche muy oscura a tu villa entraré”.

 

 

 

 

El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. 

Eso no me arregla a mí. 

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Juan Alonso

Juan Alonso, periodista, escritor y docente de la Facultad de Periodismo de La Plata. Recibió el Premio Walsh por su trabajo periodístico en 2017.

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