Finis privilegium

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Algunos grupos de poder, por ser parte esencial de un sistema impuesto a lo largo de la historia para la dominación de un sector social sobre el resto de la sociedad, se han hecho de privilegios establecidos como inconmovibles, casi como una herencia divina que les adjudica preeminencias y beneficios a los que nadie más puede acceder. El aparato judicial, esa anquilosada estructura que nos observa desde las alturas inalcanzables de los jueces en sus poltronas concedidas casi “ad eternum”, sin que medie elección democrática alguna, es la expresión más perversa de la palabra “privilegio.”

Según su origen etimológico, la palabra “privilegio” (del latín: privilegium) significa “ley privada”, esto es, una ley que refiere y se aplica solo a un individuo o a un conjunto específico de individuos. Quiénes son los alcanzados y por qué existe esa determinada ley, evidencian el carácter de la situación del sub-grupo social que goza de esos beneficios que no alcanzan al resto de la sociedad. De ahí se puede inferir que es posible llegar a decirse que existen privilegios “positivos” y “negativos”.

Cuando se estableció, por aquellos tiempos donde la justicia social se estaba haciendo parte de la cultura política y social, la consigna de “los únicos privilegiados son los niños”, se estaba frente a un privilegio claramente positivo, profundamente justo en cuanto a su significado para la construcción de una sociedad solidaria, preparando un futuro donde hombres y mujeres alcanzaran estadíos superiores en la calidad de vida fisica y psíquica, en busca de un desarrollo nacional potencialmente inclusivo y amplificador de derechos.

Los privilegios que se dispongan para las materias primas y los bienes producidos en el País, en cuanto a la obligación de tenerlos como primera opción para cualquier actividad económica que los involucre, es una prerrogativa beneficiosa para toda la sociedad, al impulsar las producciones nacionales frente a las posibles actividades importadoras que puedan fomentar la destrucción de las industrias locales, realimentando la actividad económica y la disminución del desempleo, ejemplo práctico de lo positivo de este tipo de concesiones.

Sin embargo, muy lejos de todos estos objetivos tan abnegados, tan generosos para con determinados y específicos ciudadanos o sectores económicos y sociales, aparecen algunos grupos de poder que, por ser parte esencial de un sistema impuesto a lo largo de la historia para la dominación de un sector social sobre el resto de la sociedad, se han hecho de privilegios establecidos como inconmovibles, casi como una herencia divina que les adjudica preeminencias y beneficios a los que nadie más puede acceder.

El aparato judicial, esa anquilosada estructura que nos observa desde las alturas inalcanzables de los jueces en sus poltronas concedidas casi “ad eternum”, sin que medie elección democrática alguna, es la expresión más perversa de la palabra “privilegio”, la que nos atraviesa cada uno de los actos que realizamos, cada acción que pretendamos emprender individual o colectivamente, la espada que penderá siempre sobre nuestras testas para extorsionarnos con sus castigos inminentes y sus sentencias ofensivas de los más elementales derechos humanos, los mismos para los cuales (paradójicamente) se les han otorgado semejantes “gracias”.

Podrán existir jueces de mejores calidades humanas y ceñidos al derecho que debiera ser regla en cada uno de los actos de la totalidad de los integrantes de ese Poder Judicial. Pero, por la particular manera utilizada para elegirles, además de la incidencia del Poder Real para empujar a tales o cuales, ya sea mediante prebendas monetarias o extorsiones mediáticas, para actuar de la forma que le convenga a sus intereses, todo ese entramado judicial termina convertido en un campo minado para poder desarrollar el más lógico y elemental de sus objetivos: la Justicia.

Alimentado ese aparataje jurídico-ideológico-cultural con semejantes aberraciones de origen, no resultan extrañas las obscenidades esgrimidas en defensa de sus sueldos de activos o pasivos, cuyos montos exorbitantes ofenden la condición social de cada argentino, salvo los de sus mismas layas y exactos objetivos. Oligarcas por herencia, o por adopción de sus características más odiosas para el resto de la sociedad, estos patanes con miradas altaneras y palabreríos insultantes, pretenden enseñarnos “derecho”, tamizado por la inmunda codicia que los envuelve en cada acto. Siempre desde arriba, nos aseguran que nada ni nadie podrá cambiar nada que ellos dispongan, en una suerte de “feudalismo” judicial que repugna y obliga a la reflexión profunda sobre la necesidad imperiosa de dar vuelta esta historia de corrupciones de doscientos años.

Cambiar una estructura social, política o económica resulta, siempre, muy difícil. No basta con la renovación de los hombres y mujeres que las integren, porque las bases dañosas continuarán allí, corrompiendo cada acción que pudieran emprender, carcomiendo las buenas intenciones con el óxido de los métodos que el Poder Real sabe y puede utilizar para hacer caer las columnas de la razón, la verdad y el auténtico derecho.

Solo valdrá excavar hasta lo más profundo del sistema, desarticular cada uno de sus maniqueos procedimientos, levantar muros indestructibles que lo separen de las “bacterias” oligárquicas y construir una fortaleza inexpugnable, que posea la paradójica condición de la apertura total al que deberá ser el único propietario de este nuevo “edificio” de la Justicia: el Pueblo.

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