«Reforma laboral» o cómo incrementar la tasa de ganancia

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El envío al Congreso del proyecto de Reforma Laboral sostenido por el gobierno de la Alianza Cambiemos ha generado un debate en el marco del cual ciertas voces, críticas del proyecto oficial, basan su oposición en la idea de que el trabajo no debe ser entendido como una mercancía; es el caso de la cúpula de la Iglesia: “Según la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es mercancía…” (La Voz, 14/11/17). Más allá de las intenciones de tales posiciones, para desentrañar el objetivo perseguido por el gobierno es oportuno recordar que, como mostró Marx hace más de un siglo, una de las características del modo de producción capitalista es que la fuerza de trabajo es una mercancía, la única con la capacidad de producir valor.

La sociedad humana consiste en un conjunto de hombres que se rigen por un sistema de relaciones que condiciona su existencia. Relaciones que determinan, entre otras cuestiones, qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce; lo que en la tradición marxista se conoce como modo de producción: la forma en que los hombres obtienen sus medios materiales de existencia.

Las sociedades de clases, como la nuestra, son aquéllas en las que la imposición de un grupo sobre otro se fundamenta en un tipo particular de división social del trabajo. La clase dominante se sostiene mediante el control de un proceso por medio del cual se les exige a las clases subordinadas que dediquen una porción de su tiempo de trabajo a la producción de cosas que “necesita” la clase dominante, es decir que tal división social del trabajo está estructurada alrededor de la extracción de trabajo excedente. Es lo que se denomina explotación del trabajo.

Una reforma laboral que amplifica la desigualdad de género

La riqueza material de la clase dominante es directamente proporcional al tamaño del producto excedente, y éste, a su vez, será más grande cuanto más precarias sean las condiciones de vida de las clases subordinadas, y más larga, más intensa o más productiva su jornada de trabajo. Así, dadas una determinada productividad del trabajo, una duración y una intensidad de la jornada de trabajo, cuanto menor sea la porción del producto consumido por la clase trabajadora, más grande será la parte de su jornada que es dedicada al trabajo excedente; y, análogamente, dado el nivel de consumo del trabajador medio, mientras más duradero, más intenso o más productivo sea su trabajo, será más pequeña la porción de su jornada que tiene que dedicar a sus propias necesidades de consumo y, por lo tanto, mayor la porción correspondiente al trabajo excedente.

Durante el siglo XVIII y especialmente el XIX, el pensamiento liberal que sustentaba al capitalismo industrial naciente en el noroeste de Europa, postuló un “libre” contrato de arrendamiento de la fuerza de trabajo que condujo a la profundización de la pauperización de la clase obrera en formación. El siglo XIX será el escenario de la organización y luchas de la clase obrera que en la mayoría de los casos fueron violentamente reprimidas. No obstante, en las últimas décadas de ese siglo comienza un proceso de regulación y creciente protección social de la relación laboral. Es la etapa “pionera” de los Estados de Bienestar europeos en la que los sectores dominantes, controlantes del poder estatal, abandonan parcialmente el “laissez-faire” del credo liberal instituyendo, por ejemplo, los seguros sociales “bismarckianos”. Con instituciones como los sindicatos y el derecho laboral se logra administrar la contradicción capital-trabajo, inmanente a la sociedad capitalista. Esas construcciones histórico-político-legales “sustraen” del mercado la relación laboral hasta los máximos tolerables para las condiciones de producción capitalistas. No desaparece el carácter de mercancía del trabajo humano, sí se regulan su precio y condiciones de protección social, se tiende a reducir la tasa de explotación.

En nuestro país, sobre todo durante el primer peronismo, las formas de intervención estatal permitieron el desarrollo de una sociedad con altos niveles de integración, que fueron barridos durante la última dictadura y parcialmente recuperados a partir de 2003. Efectivamente, a fines de la década del 70, con el embate neoliberal -Reagan, Thatcher y las dictaduras cívico-militares del Cono Sur- se inician los ataques contra las “sociedades del bienestar”, especialmente contra los andamiajes estatales que las sostenían. Entonces se dan los primeros pasos en la desregulación de las relaciones laborales, el ajuste sobre el salario y el desmantelamiento de las protecciones sociales; los mismos que se impulsaron en los 90 y que ahora pretende profundizar la Alianza gobernante con su proyecto Reforma Laboral. La ofensiva neoliberal lleva más de cuatro décadas intentando desbaratar el proyecto político que posibilitó cierto grado de “desmercantilización” del trabajo.

Cuando se analiza el texto recientemente enviado al Congreso, surge claramente su coherencia con la línea de destrucción sistemática de los derechos de los sectores más vulnerables que caracteriza al macrismo. No está inspirado en la búsqueda de más y mejores empleos, sino en la de una mayor tasa de ganancia del capital y su consecuente incremento en la explotación del trabajo.

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