The streets of Barcelona y el espíritu de las leyes

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Las calles están encendidas por el entusiasmo de una parte destacada de la ciudadanía catalana que acompaña, eufórica, la decisión de sus autoridades de rebelarse contra el gobierno español, aferrándose a la decisión de convocar un referéndum y, eventualmente, declarar unilateralmente la independencia el próximo 1 de octubre.

Las calles están encendidas por el entusiasmo de una parte destacada de la ciudadanía catalana que acompaña, eufórica, la decisión de sus autoridades de rebelarse contra el gobierno español, aferrándose a la decisión de convocar un referéndum y, eventualmente, declarar unilateralmente la independencia el próximo 1 de octubre.

En ese contexto, las grandes universidades catalanas han sido tomadas por los estudiantes. Miles de alumnos invaden el histórico edificio de la de la Gran Via de les Corts Catalanes.

Mientras tanto, el gobierno español ha fletado cruceros con el fin de alojar al contingente de guardias civiles que vienen desde fuera de Catalunya para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio catalán, hacer cumplir las órdenes de los juzgados y desplegar la estrategia del gobierno del Partido Popular, cuyo objetivo central es impedir a toda costa el referéndum, incluso si este se conviertiera en un mero acto cívico de protesta, sin consecuencias jurídicas inmediatas.

Las protestas se repiten en todos los rincones del territorio. Frente a las delegaciones del Estado, los manifestantes paciente y festivamente corean sus consignas y agitan sus esteladas desafiando pacíficamente la fuerza coercitiva del Estado que, ante el carácter lúdico de las protestas, solo atina a mantener una tensa presencia en las calles. Los incidentes, teniendo en cuenta el tamaño de las manifestaciones, y la gravedad institucional del momento, han sido prácticamente insignificantes.

El gobierno español ha perdido la partida en Catalunya, y el relato independentista está a estas horas en la cúspide de la aprobación ciudadana. El entusiasmo se palpa en las calles. Después de cinco años de bloqueo institucional, de reclamos democráticos legítimos, y de cerrada indiferencia por parte del gobierno central, el agotamiento reinante solo podía zanjarse con un golpe de efecto de esta naturaleza.

En los últimos meses, se decía: El “procés” se jugaba su última oportunidad. La estrategia de apatía y ninguneo de Mariano Rajoy y su cohorte ha acabado sirviendo al independentismo el escenario de abulia y debilitada expectativa que necesitaba para concitar con un acto voluntarista el apoyo de la mayoría de los catalanes que ahora está dispuesta a arriesgar el débil equilibrio de encaje constitucional y europeo para que se le permita ejercitar lo que considera el supremo derecho de la autodeterminación: votar.

El gobierno de Rajoy tiene los recursos del Estado a su disposición para amedrentar a los líderes políticos, y las fuerzas coercitivas para reprimir eventualmente la protesta social. El mecanismo represivo ya está en marcha. Las detenciones de altos cargos del Govern han mostrado claramente que la voluntad soberana del Estado español se ha puesto en marcha.

Sin embargo, el margen de Madrid es estrecho. Judicializar penalmente a una multitud es inútil, contraproducente. Al contrario de lo que pretende el presidente Mariano Rajoy, con cada día que pasa sin mover ficha en dirección a una salida negociada a la crisis, que le conceda a la sociedad catalana el premio a la consistencia de su reclamo democrático, mayor es el peligro que se cierne sobre sí mismo y sobre España. Ha llegado el momento de dar un paso atrás (o al costado) y ofrecer una tregua, y el compromiso de caminar hacia una no muy lejana consulta popular pactada que defina el futuro de Catalunya, y junto a la misma, el de España.

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