El día después: la experiencia uruguaya

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¿Cómo fue en Uruguay la implementación del derecho al aborto? A más de ocho años de su sanción, tratamos de establecer algunos puntos en común con la experiencia argentina, que acaba de coronar el 2020 con la sanción de la Ley en el Congreso de la Nación. 

Las comparaciones son odiosas según el dicho, pero también pueden ayudar a profundizar la reflexión en algunos procesos, aprender a reconocer las limitaciones y,  por qué no, las virtudes. Uruguay, nuestro país vecino, con una población de tres millones y medio de personas, aprobó la despenalización del aborto hace más de ocho años, durante el gobierno del ex tupamaro José “Pepe” Mujica. Al hacerlo, se constituyó en la primera nación de América del Sur en aplicar la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud y uno de los pocos territorios de Latinoamérica junto con Cuba, Puerto Rico o la Ciudad de México.

El primer gobierno del Frente Amplio durante el quinquenio 2005-2010 estuvo al mando del recientemente fallecido Tabaré Vazquez, un férreo opositor de la legalización del aborto. De hecho, él mismo la vetó (habiéndose aprobado en el Parlamento) cuando fue presidente en el año 2008.

Finalmente, en septiembre del 2012, la Cámara de Representantes (equivalente a la cámara de Diputados en Argentina) daba luz verde al proyecto que hoy es ley, con 50 votos a favor y 49 en contra. Pero incluso para llegar a tan incómodo resultado debieron hacerse modificaciones sustanciales: aunque la propuesta original que había sido aprobada en Senadores legalizaba la práctica, para lograr los votos necesarios el proyecto mutó a despenalización, pero no terminó ahí; mientras que la propuesta primera establecía que las mujeres decidiesen sin ningún tipo de intermediarios, en la redacción final se las obliga a comparecer ante una comisión integrada por asistentes sociales y médicos donde deberán explicar sus motivos y esperar un período de “reflexión” de cinco días.

“En realidad en Uruguay, durante muchísimos años el debate sobre el contenido de los textos de las normas en discusión parlamentaria fue con una fuerte participación del movimiento feminista de mujeres y de la amplia coalición que apoyó la legalización del aborto, pero lamentablemente terminó negociándose por la debilidad de los líderes de izquierda, a quienes les alcanzaba con que hubiera servicios, pero no se preocuparon por el contenido político de la ley”, afirma críticamente Lilián Abracinskas, fundadora y directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).

La ley 18987 se promulgó el 22 de octubre de 2012, creando servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud. Según la normativa, no se pena más la práctica del aborto (aunque en los hechos, esto ya no sucedía) hasta las 12 semanas de gestación; hasta las 14 semanas en casos de violación y sin plazo cuando esté en riesgo la salud de la mujer o haya malformación fetal incompatible con la vida. Sin embargo, continúa existiendo la figura en el código penal, un elemento que actúa al menos simbólicamente como un condicionante. También se incorporó la objeción de conciencia para profesionales y la figura de “objeción de ideario” para aquellas instituciones de salud que no quisieran prestar el servicio. Hoy en día en Uruguay son dos: el Círculo Católico y el Hospital Evangélico.

 

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Una larga historia

La lucha por la legalización del aborto en el país vecino viene de larga data. Desde la vuelta a la democracia en 1985 ha formado parte de la agenda social y militante, con una marcada intensificación en la demanda por su implementación desde el año 2002. En el Congreso uruguayo se trataron al menos 6 iniciativas parlamentarias al respecto en una década. En el 2012, los colectivos feministas y quienes impulsaban el debate sabían del apuro: el próximo candidato del Frente Amplio (con grandes posibilidades de ganar) era nuevamente Tabaré y con él no había chances. Mucho menos con los sectores de derecha. “El debate al final en el Uruguay en el 2012, lo que generó fue una presión porque era la única ventana posible de aprobación de un proyecto de ley que por lo menos, brindara servicios de aborto en el sistema de Salud a pesar de todos sus condicionantes”, explica la docente y activista Abracinskas.

En cambio, en Argentina, lo que inclinó la balanza fue justamente la voluntad política: tanto por las declaraciones del presidente Alberto Fernández y la actual postura de la vicepresidenta, como por la nueva apuesta ministerial y la implementación de  la perspectiva de género como eje transversal en varios organismos de gobierno.

“En Uruguay, increíblemente se aprobó la ley a pesar de la resistencia de los líderes de izquierda”, compara Abracinskas. Si bien José Mujica no vetó la ley, se limitó en todo momento a expresar que no frenaría su curso parlamentario: una actitud más que mínima. En ese sentido, para la especialista en género, faltó el peso político concreto del partido gobernante para que la ley tuviese un contenido satisfactorio, y por el contrario propició una negociación que le bajó demasiado el precio. “De alguna manera, la negociación del contenido de la ley en Uruguay fue de espaldas al movimiento, cosa que hubiese sido imposible hoy en Argentina”, reflexiona Abracinskas.

Estadísticas para entender mejor

En el debate de la Cámara Alta del pasado 29 de diciembre, el senador nacional por la provincia de Entre Ríos del espacio Juntos por el Cambio (PRO) Alfredo De Angeli hizo una comparación que le valió varias réplicas. En su discurso afirmó que “en el Uruguay se despenalizó [el aborto] pero no resolvió el problema de la mortalidad materna”. El ruralista de la primera hora quiso esta vez incorporar argumentos un poco más científicos y menos biologicistas, pero le erró.

Según distintos informes que la agencia AFP recopila en un extenso artículo sobre el tema, en el 2001 la tasa de mortalidad materna en Uruguay era de 36,6 cada 100.000 nacidos vivos. En el 2017 bajó a 18,6 y y en el 2018 alcanzó el 14,9. El descenso es notorio: luego de la despenalización del aborto se logró una baja del 50%. En números concretos, según los registros del MSP (Ministerio de Salud Pública) entre 2001 y 2012 las muertes maternas por abortos realizados en condición de riesgo fueron 29, frente a 6 registradas desde el 2012 hasta el 2018.

En mayo del 2020, una periodista le consultó al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou (del liberal frente Multicolor) cuál era su postura respecto al rol del Estado en los derechos del niño por nacer y respondió que “nosotros tenemos una agenda pro-vida”. Lacalle Pou, quien lleva menos de un año al frente del país, votó en contra de la despenalización como diputado en la histórica sesión del 2012. Aunque en ningún momento expresó la intención de vetarla –ya que está vigente y tiene apoyo ciudadano- sí expresó la intención de “tener una política de desestímulo de los abortos” porque “Uruguay en su constitución y de acuerdo con los pactos ratificados, entiende que hay vida desde la concepción y en ese sentido un niño no nacido tiene derecho.” La actual realidad política de ese país muestra que si bien es prácticamente imposible un retroceso en la aplicación de la normativa, sí es seguro que no habrá avances para mejorarla.

Según detalla el informe de MYSU, organización que viene trabajando en cuestiones de género desde su creación en el año 1996, antes de la Ley se estimaban entre 16.000 y 33.000 abortos clandestinos por año. Después de la sanción, las cifras cambiaron rotundamente: un promedio de 9200 abortos en servicios legales y seguros por año, o 25 por día, desde el 2013. Aunque es preciso sumarle a ese número, la persistencia de prácticas clandestinas debido a las limitaciones de la normativa.

El concepto de objetor de conciencia -figura que se repite en la ley que el senado argentino votó hace apenas unos días- trae en los hechos dificultades para la real implementación de la ley; y como suele suceder, la realidad del interior del país dista mucho de las posibilidades de su capital, Montevideo, o de los principales núcleos urbanos. “Hemos detectado ciudades enteras con 100% de objetores. Ahí tenés lo que nosotros hemos llamado «fugas del sistema»: si tenés que irte 400 km para que te prescriban la medicación porque todos los ginecólogos de tu ciudad son objetores, en realidad ya desistís de ir al sistema”, afirma la especialista consultada.

Según explica un informe del Observatorio Nacional de Género y Políticas de Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, “la nómina de profesionales de la ginecología que objetan conciencia es confidencial y ni siquiera las autoridades sanitarias cuentan con esta información, solamente las direcciones técnicas de cada prestador.” Después existen otras limitaciones: la ley no ampara a las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país, y quedan totalmente desprotegidas aquellas mujeres que excedan los plazos de 12 semanas.

Mucho más que una ley

En Argentina, el debate por el aborto se constituyó en un terreno sustancialmente político, que incluía el concepto de maternidades deseadas, la liberación de los cuerpos, la autonomía como mujeres, la visibilidad de las disidencias, la paridad laboral, la presencia en todos los ámbitos. Las nuevas militancias feministas encarnadas en la ola verde o “la revolución de las hijas”, como la llamó la periodista Luciana Peker. El tratamiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo no solo sobrepasó el marco parlamentario, sino que llegó al Congreso prácticamente como una exigencia. En la agenda feminista, la legalización del aborto es una victoria concreta y palpable, pero también es la punta del iceberg.

La furia feminista chocó de lleno, y aún lo sigue haciendo, con argumentos retrógrados, conservadores (de privilegios propios) o religiosos; dignos de una Argentina multifacética y heterogénea. Y si bien en Uruguay también se han deslizado elementos en ese sentido, en el país vecino se ha subrayado sobre todo el carácter sanitarista de la medida: son la ciencia y la razón las madres morales de la norma. “En Uruguay el estigma que te cuentan las mujeres en los servicios no está en que son unas asesinas; sino en por qué no se cuidaron, por qué no previnieron, o por qué no usaron métodos”, explica Abracinskas.

El sostén de esa diferencia podría radicar en el carácter laico del Estado uruguayo; calidad que ostenta desde la Constitución de 1918 y lo mantiene en su artículo 5: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.” Con el tiempo, esta separación tendió a profundizarse y a relegar a las instituciones religiosas de la vida política del país.

En ese sentido, Argentina corre con desventaja: ya en el artículo 2 de la Carta Magna (un artículo que data de la Constitución de 1853) afirma que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.” Por supuesto, muchos han sido los cambios y modificaciones a través de la historia argentina para separar la Iglesia del Estado, como la Creación del Registro Civil en 1884, o la primera Ley general de educación laica y gratuita de ese mismo año; o posteriormente la Reforma Universitaria de 1918. También la reforma de 1994 hizo modificaciones en ese sentido, como desistir de la obligatoriedad del culto católico para las figuras presidenciales, o anular la promoción de la conversión de los indígenas al catolicismo.

En nuestro país, la falta de secularidad del Estado y su estrecho vínculo con la Iglesia Católica -como religión, pero también como institución normadora de la sociedad-, proporciona un manto de moralidad religiosa a la hora expresar los fundamentos, incluso cuando no se reconocen como tales. “En la Argentina yo sigo viendo no solo el peso de la Institución Iglesia Católica […], las arrastran al discurso de la vida y casi que es imposible salir de ahí. Es muy fuerte el discurso y la narrativa de los opositores con relación a la vida”, reflexiona la especialista.

Esta división de aguas en el país vecino logró que la ciudadanía tuviese menos pruritos a la hora de apoyar la despenalización del aborto: ya en los años 2004 o 2006, las encuestas daban que el 63% de la población y de la opinión pública apoyaba las modificaciones para legalizar su práctica. Por el contrario, cuando sectores opositores a la ley convocaron en junio del 2013 a una consulta popular (previa a un posible referéndum) para derogar la ley votada, obtuvieron un pálido 8,9% de votos.

 

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Un cambio de paradigma

Con todas sus imperfecciones, la despenalización del aborto en Uruguay logró que 65.000 mujeres transitaran por servicios legales. El cambio de paradigma es lento, pero avanza: el abordaje del aborto como parte de la salud sexual y reproductiva es una concepción cada vez más instalada dentro de los derechos de la mujer. También se evidenció el rol necesario del Estado, planificando y ejecutando políticas públicas que permiten el acceso universal a los servicios legales.

En cuanto al balance, la especialista Lilián Abracinskas también advierte sobre las deficiencias que carga el actual momento histórico: la dificultad para mantener una lucha activa y propositiva ante una ley acotada o deficiente. Y un deseo de comienzo de año: “Espero que este impulso de la ley de Argentina, que yo creo que es muy superior, sirva para reinstalar un debate sobre el déficit de la norma uruguaya, aunque eso será dentro de más tiempo”. Bienvenido sea.

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