Ni Una Menos | Lucía vs la justicia patriarcal que absuelve femicidas

Compartir

A Lucía Pérez la mataron dos veces. En 2016, cuando dos hombres la pasaron a buscar por su casa, la drogaron, abusaron de ella y la llevaron muerta a la salita de La Serena, en Mar del Plata. Y en 2018, cuando un tribunal decidió que no hubo violación ni femicidio sino “relaciones consentidas”. Cinco años después, la lucha de su familia y el movimiento de mujeres logró la anulación de ese primer fallo, el juicio a los magistrados y que los acusados sean sometidos a nuevo juicio por abuso sexual con acceso carnal facilitado por el suministro de sustancias estupefacientes seguido de muerte y femicidio.

“Rasta” o “Rastita”: así la llamaban sus compañeros del secundario porque si algo identificaba a Lucía Pérez Montero eran esos dread locks –o rastas- que convertían su cabeza en la de una pequeña leona. “Era  re buena onda, era re popular. Siempre nos veíamos y ella era toda una sonrisa”, cuenta Cande, su ex compañera de la Escuela Técnica N°3 Domingo Faustino Sarmiento, de Mar del Plata. Por ese entonces Lucía escuchaba reggae, Intoxicados y Viejas Locas, hacía artesanías y atrapasueños con hojas y ramitas que encontraba por ahí, estaba aprendiendo a surfear, vivía rescatando animales de la calle y soñaba con ser, algún día, veterinaria.

No la dejaron: el 8 de octubre de 2016, cuando ella sólo tenía 16, un hombre de la edad de su padre y un joven siete años más grande que ella (Juan Pablo Offidani y Matías Farías, ambos reconocidos vendedores de droga de la zona del Barrio Alfar) la pasaron a buscar por su casa y fueron a la casa de Farías. De allí la sacaron horas después, ya muerta. 

Lucía Pérez. Dieciséis años, hija de Martha y de Guillermo, hermana de Matías. En la escuela le iba bien y soñaba con ser veterinaria. Lo último que le regalaron sus padres por haber pasado de año fue una tabla de surf. Lucía tomó clases con una profesora y llegó a pararse. Amaba el mar. 

 

Santa Lucía es la santa patrona de los que no pueden ver. Su martirio es de esos que no dejan lugar a dudas porque, ¿qué podría haberle pasado en la antigua Roma a una santa que posa para la estampita con sus dos ojos en una bandeja? Ciega es también, dicen, la justicia. Pero la historia de esta Lucía –no la santa sino la otra, tan rasta, tan adolescente- no está tan llena de ciegos como de tuertos. De ojos que editan lo que ven y miran sólo lo que confirma sus prejuicios. La justicia que le tocó a Lucía es de ésas que se tapan un ojo para ver una sola mitad. Justo ésa que enfoca a la víctima y se olvida de los victimarios. La que le pregunta a la agredida hasta el síncope cardíaco lo que no les pregunta a los que sí están ahí, vivitos y coleando. Tranquilos, como si supieran que lo que ellos hicieron no hay tribunal dispuesto a juzgarlo. Que van a zafar, como siempre han zafado.  

Y ahí está la confirmación, en papel y llena de firmas y sellos. Son las 66 páginas mecanografiadas del fallo que absolvió a los dos acusados en 2018 por lo que le hicieron en 2016 a La Rastita. Sólo fueron condenados –y a módicos 8 años- por lo que también hicieron: rondar las escuelas de la zona en la camioneta de Offidani y venderles drogas (marihuana, pero también cocaína de una sospechosa pureza: 92%) a adolescentes de la edad de Lucía, o más chicos. 

 

Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N1 de Mar de Plata. Sus señorías. 

 

¿Y la chica muerta? ¿Y la hija de Guillermo y de Marta? ¿Y la hermana de Matías? ¿Y la dueña de Gema, una pastora alemana que le regalaron a Lucía para sus quince años, y todavía la espera? De eso, nada. Para los tres magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Mar del Plata (Aldo Carnevale, Juan Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas), el tristemente célebre TOC 1, Lucía se murió porque sí. Porque quiso. Porque -aunque lo hayan dicho de otro modo- “se la buscó”. 

“Lo que hubo con mi hija fue un secuestro. Se la llevaron de mi casa. Con decirte que, cuando volví ese día del taller, me encontré la puerta de casa abierta y el Facebook de Lucía abierto también. ¿Qué adolescente deja abierto su Facebook? Nadie. A mi hija, que era menor de edad, se la llevaron de mi casa estos dos tipos y me la devolvieron muerta”, se indigna Guillermo Montero, el papá de Lucía. Dice que nunca la extraña tanto como los viernes, cuando la familia todavía se junta a comer y falta Lucía. Hacían una picada. Hoy hacen marchas, petitorios, cartas documento. Hoy hacen todo lo que se necesite, y más, para que-ya que falta Lucía- no sea también la justicia la que siga brillando por su ausencia. 

Somos Lucía

Un mural, un pasacalles con su cara, una marcha de miles de personas y otra más, y la multitud clonada de rincón en rincón del país, siempre cerrando filas junto a Marta, la mamá; Matías, el hermano, y- cuando podía escapase del taller mecánico gracias al cual sostiene a su familia- también Guillermo, el papá de Lucía. Después del fallo que en noviembre de 2018 dijo que a Lucía no la había violado ni matado nadie, todo fue como un fuego. Un estallido. ¿Cómo podía ser que Lucía hubiera sido abusada y asesinada, drogada hasta el colapso, mientras que a los dos adultos involucrados sólo se les daba una pena de ocho años por venta de estupefacientes? De hecho, uno de los últimos en ver a Lucía con vida, Juan Pablo Offidani, pidió el 4 de mayo de 2021 salidas transitorias por haber cumplido la mitad de su condena. “Las abogadas de la familia de Lucia nos opusimos al otorgamiento de cualquier beneficio porque ambos acusados  no solamente tiene prisión preventiva vigente sino porque, además, en el caso de la condena por comercializar estupefacientes se trata de un delito que no tiene libertades”, explica la doctora Florencia Piermarini. 

 

Juan Pablo Offidani hoy. El pasó a buscar en su camioneta a Lucía Pérez por su casa el día de su muerte, el 8 de octubre de 2016. Lo acompañaba Matías Farías, el otro acusado. Dejó a Lucía y a Farías en la casa de este último, se fue y volvió al rato, con preservativos. Entre los dos llevaron después a Lucía, ya muerta, a la salita de salud de La Serena.   

 

Con respecto al primer fallo absolutorio de 2018, la abogada es contundente: “Los jueces de Mar del Plata construyeron una sentencia en base a prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género. Y cuando los jueces y juezas se apartan del mandato constitucional y convencional estamos ante un accionar violento que atenta contra la debida diligencia y alimenta sentencias arbitrarias y discriminatorias como ésta”. 

Pero lo que también alimentan sentencias como ésas son las reacciones como esta que comenzó hace tres años y aún no cesa. En todos estos años la bronca de millones de mujeres se hizo grito y abrazo, y el 5 de diciembre de 2018 una verdadera marea acompañó a la mamá y al hermano de Lucía desde los Tribunales de Capital Federal hasta la Plaza de Mayo. Ni Norita Cortiñas faltó a la cita y se presentó, puntual, frente al escenario armado frente a la Casa Rosada con maderas y ganas. “Jueces apolillados”, dijo entonces Marta, y estaba en lo cierto. Con cabezas vetustas y nula atención a los pactos internacionales firmados por Argentina en relación a la lucha contra la violencia de género, el tribunal juzgó en base a una narrativa basada en su propia imaginería con respecto a los que hace o no hace “una mujer honesta”. El resultado fue un escándalo, sí, pero también un disparador de acciones. Individuales y colectivas, de la familia y de las mujeres. Pero, sobre todo, de Marta.

 

Marta Montero, la mamá de Lucía, y su hermano, Matias, luego de conocer la absolución de Farías y Offidani por el femicidio de la chica.  

 

Por los dos años que siguieron a eso, Marta fue una verdadera máquina de ir, venir, hacer. Ella y sus ojos verdes, idénticos a los de Lucía, siempre supieron que quedarse quietos era darles la razón a los asesinos, dejar que la justicia siguiera tan ciega como siempre. Por eso no sólo se lanzaron a pedir la revisión de aquel fallo atroz (en el que, recordemos, haber comprado una chocolatada y algunas facturas de camino a la casa  de la que horas después Lucía salió muerta sirvió – a ojos de sus señorías- como prueba más que convincente de que ninguno de los adultos involucrados había tenido la más mínima intención de violar ni asesinar a nadie) sino que doblaron la apuesta y lanzaron la Campaña Nacional Somos Lucía (https://www.facebook.com/somosluciaperez )

Campaña Nacional Somos Lucía

Gracias a ella, miles de mujeres y hombres activaron grabando videos pidiendo el juicio político a los tres magistrados del TOC 1 que habían condenado a Matías Farías y a Juan Pablo Offidani sólo por vender droga a menores. La anulación del primer fallo de ese tribunal llegó en agosto de 2020 y el jury de enjuiciamiento acaba de ver la luz. En efecto, a principios de abril de 2021 la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuciamiento de magristrados y funcionarios evaluó el desempeño de los jueces y llegó- tarde, como siempre- a la conclusión de que Lucía no había tenido la justicia que merecía. A partir de esta decisión, irán a juicio los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas. ¿Por qué sólo dos si los jueces que no cumplieron con sus deberes fueron tres? La Bicameral lo explica en la página 3 al decir que Se deja constancia que el Dr. Carnevale, quien formulara el primer voto de la sentencia a la que adhirieran los otros componentes del tribunal por sus mismos fundamentos, no integra este acusatorio dado que ha presentado su renuncia, que fuera aceptada conforme se acredita con el decreto de la Gobernación, que lo hiciera viable para que se acogiera a un beneficio jubilatorio”. La ex gobernadora Maria Eugenia Vidal aceptó esta renuncia y gracias a eso Carnevale disfruta de su jubilación de juez lejos del juicio que hoy enfrentan sus colegas de tribunal. 

A despatriarcalizar 

Dos años tardó la justicia en condenar a dos de los involucrados en la muerte de Lucía Pérez, y sólo lo hizo por venta de drogas. Dos años más y el fallo fue anulado. Un año después de esto, los jueces van a juicio y los dos adultos (de 23 y 41 años en el momento del femicidio) involucrados en el episodio fracasaron en su último intento de lograr la impunidad. En efecto, la justicia determinó que –como el primer juicio estuvo contaminado por estereotipos de género, todo volverá al punto de arranque y ambos hombres serán juzgados por lo que nunca se los juzgó: la violación y el asesinato de una menor de edad a la que retiraron de su propia casa el 8 de octubre de hace cinco años. Lucía Pérez. La rastita. “Tanto Farias como Offidani van a enfrentar un nuevo juicio por abuso sexual con acceso carnal facilitado por el suministro de sustancias estupefacientes seguido de muerte y femicidio. Los dos están acusados de lo mismo”, explica la doctora Piermarini. Y destaca que “esto tiene que marcar un antes y un después en lo que hace a las prácticas  judiciales, pensando en una verdadera reforma de la justicia. ¿Serán los jueces y las juezas capaces de dejar de escribir esos fallos aberrantes y horrorosos con los que nos topamos a diario? La respuesta está dada por la responsabilidad institucional de quienes dictan sentencias de este tenor. Porque si esas sentencias -que no son otra cosa que violencia institucional ejercida sobre las victimas- resultan impunes, y no hay obligación de reparar ese daño causado por un accionar ilegitimo, y se les permite seguir ejerciendo la función o jubilarse, eso genera más impunidad. Por eso es imprescindible que las instituciones intervengan”.

Leyendo el escrito de la Bicameral de enjuiciamiento, queda claro que en el juicio por la muerte de Lucía se dieron cita todos los prejuicios, toda la misoginia, toda la violencia machista vestida de traje y disfrazada de juez. Así, de la sola presencia de Lucía en la casa de Farías se desprendió el supuesto consentimiento de la chica para todo lo que pasó después. ¿Su muerte? Un “accidente”, algo que una “buena chica” debería haber podido prever a partir de su ida a la casa de un vendedor de drogas. El primer fallo de 2018 es tal vez el ejemplo más acabado de cómo opera la justicia patriarcal: invierte la carga de la prueba y le pide razones a la víctima, llegando a veces- como en este caso- a una defensa explícita de los involucrados. ¿Por qué a Lucía no la violaron? Porque antes le compraron una Cindor y doce medialunas, dijeron sus señorías. ¿Por qué a Lucía no la asesinaron? Porque un hombre que insiste en ver a una chica que acaba de conocer claramente no quiere matarla, sostuvieron después. “Son cosas de la vida, no lo que quieren hacer parecer”, anotó- sin ápice de duda- el primero en votar por la absolución de los implicados. 

Frente a esto, luego de la presentación hecha por un pequeño grupo de diputadas y un diputado frente al Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio a los jueces, la Comisión encargada de resolver en estos asuntos fue clara: la perspectiva de género brilló por su ausencia en este juicio. “Dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”, dice el documento. 

Pero hay más: el androcentrismo manifiesto de los jueces del TOC 1 fue confirmado en esta instancia y es por eso que en otra parte del documento se lee lo que ya todos y todas sabíamos: que en 2018 se juzgó a Lucía. A Lucía sola, no a sus asesinos, no a sus violadores, no a quienes los ayudaron a ocultar lo sucedido. De hecho, de los tres acusados que llegaron a juicio en 2018 hubo uno, Alejandro Maciel, que murió en libertad. ¿Por qué? Justamente porque, descartadas la violación y el femicidio, el delito de encubrimiento del que se lo acusaba desaparecía. 

 

A cinco años del crimen de Lucía, Offidani y Farías serán finalmente juzgados por abuso sexual con acceso carnal facilitado por el suministro de sustancias estupefacientes seguido de muerte y femicidio. 

 

A principios de mayo de este año, la justicia resolvió otra cosa y, luego de haber analizado todas las pruebas, llega a la conclusión obvia: “Los magistrados en lugar de juzgar la responsabilidad de los acusados por drogar y asesinar a una niña, juzgaron forzadamente la personalidad y la vida y actitudes previas de la de ella, lo que esta Comisión juzga como lo acontecido, ya que los términos del decisorio en crisis se presentan de ese modo para justificar lo que de manera arbitraria finalmente resolvieron, invirtiendo el onus probandi, en perjuicio de la propia víctima, en lugar de avocarse estrictamente a la conducta de los acusados”. Según la abogada Cristina Montserrat, patrocinante de la familia Pérez Montero, “No hay antecedentes de un juicio político por no haber juzgado con perspectiva de género un caso de femicidio. Conviene aclarar que no se trata de juzgarlos por estar o no de acuerdo con sus sentencias sino por no haber cumplido con las pautas de perspectiva de género que exigía el cao y que impone el marco de convencionalidad”. Deberían haber actuado de otro modo y no lo hicieron, se rigieron por estereotipos de género y prejuicios, no por la ley, y es por eso que irán a juicio. También por eso la abogada se entusiasma. “Confiamos en que va a haber una condena a los jueces necesaria no sólo como castigo por las faltas que han cometido sino como un mensaje para el resto del poder judicial que tiene sectores muy conservadores y reacios a aplicar la perspectiva en todo el proceso. Sería dar un mensaje claro a toda la judicatura: la perspectiva de género no puede obviarse en la aplicación del derecho”. Porque hoy Lucía puede no estar, pero todas somos de algún modo ella. Y seguimos acá gritando lo de siempre. Que se va a caer, también adentro de los tribunales. 

Comentarios

Comentarios

Fernanda Sández

Licenciada en Letras y periodista. Docente universitaria. Autora de La Argentina Fumigada (Editorial Planeta, noviembre de 2017). Autora en Editorial Planeta.

Apoyan Nuestras Voces

NuestrasVoces.com.ar - 13/06/2021 - Todos los derechos reservados
Contacto