Buenos Aires, ciudad a la venta

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En un trámite exprés y sin respetar las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario «Costa Urbana», impulsado por el Gobierno de la Ciudad y el Grupo IRSA. La construcción de torres podría destruir uno de los pocos humedales que les quedan a los porteños y repercutir en la biodiversidad de la Reserva Ecológica.

 

Esta historia ya la vimos. Se repite de forma calcada con las tierras públicas desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, hace casi catorce años. Con un hambre voraz, que se fagocita hasta las leyes porteñas, el oficialismo avanza nuevamente sobre la tierra de la Ciudad para hacer un negocio inmobiliario. Esta vez se trata de casi 72 hectáreas en la Costanera Sur, donde era la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, al lado de la Reserva Ecológica y del Barrio Popular Rodrigo Bueno.

La Legislatura porteña aprobó este jueves en primera lectura el proyecto inmobiliario «Costa Urbana», impulsado por el Gobierno de la Ciudad y el Grupo IRSA. Así, dio un paso más en lo que los ambientalistas y organizaciones sociales que se oponen al proyecto llaman “el saque más grande de la historia de la Ciudad”. Si se aprueba en una segunda lectura, el predio que históricamente estaba destinado a ser una ciudad deportiva –la más grande de la Ciudad– será ocupado por torres de 145 metros de altura.

De manera “exprés”, a tan solo un mes de su ingreso a comisiones, el convenio entre el grupo empresarial de Eduardo Elsztain y el gobierno de la Ciudad fue aprobado con 36 votos a favor y 19 en contra. Además de obtener los votos positivos de Vamos Juntos (VJ), el proyecto fue acompañado por los bloques de Unión Cívica Radical- Evolución y el Partido Socialista. El Frente de Todos (FdT), el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad votaron en contra. No se respetó el artículo 82 de la Constitución porteña que dispone que toda norma que modifique el espacio público debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores. En decir, al haber 60 representantes, el proyecto para ser aprobado debería tener el voto a favor de, al menos, 40 de ellos.

El oficialismo porteño ya había intentando tratar la iniciativa en el recinto el pasado 5 de agosto pero un  juez en primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dictó una medida cautelar que lo impidió. La sentencia dijo que en tanto el Ejecutivo no presentara en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto no podría tratarse. Una semana más tarde, otro juez porteño, Aurelio Ammirato, levantó la restricción judicial y dio paso al tratamiento fugaz en comisiones y a la media sanción.

El nuevo convenio urbanístico incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas, y habilita la construcción.

Al respecto, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade advirtió que será un «barrio privado en la Ciudad de Buenos Aires», pese a que este tipo de urbanizaciones están prohibidas en el Plan Urbano Ambiental del distrito. El diputado recordó que con la modificación de la Ley de Catastro impulsada por el oficialismo porteño el mes pasado, «quedaron habilitados los instrumentos para crear barrios cerrados» y apuntó que el convenio con IRSA contempla «calles interiores en una parcela indivisa».

La ingeniera hidráulica y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis, aseguró a Nuestras Voces que los legisladores oficialistas y sus aliados “así como en su momento no respetaron la sentencia judicial que tenía frenado el tratamiento de este proyecto, hoy lo votan de espaldas a lo que establece la Constitución y también de espaldas a la ciudadanía”. Adelantó también que las organizaciones van a recurrir a la justicia para impugnar esta votación por ser inconstitucional.

 

El negocio inmobiliario

La historia de las tierras públicas de la Costanera Sur se remonta a 1964. Entonces, el Congreso sancionó la Ley Nº 16.575 que autorizó la “donación con cargo” de 40 hectáreas de terreno a rellenar en el Río de La Plata al Club Atlético Boca Juniors. La condición era que allí se construyera una ciudad deportiva y se prohibió la venta de la tierra a terceros. Una nueva ley en 1989 le donó al club más hectáreas y  autorizó vender el predio a quienes cumplan con la realización de una zona deportiva en donde se puedan desarrollar actividades.

En el año 1993, Boca vendió por 22 millones de dólares las tierras a la sociedad Santa María del Plata, empresa conformada por Terry Moché y la constructora Gerlach Campbell.  Cuatro años más tarde, el Grupo IRSA compró el predio de 71,61 hectáreas por 50 millones de dólares. El lugar estuvo en desuso por 20 años porque allí no se podían construir emprendimientos inmobiliarios, conforme al Código de Planeamiento porteño.

Con el nuevo convenio urbanístico negociado entre la empresa y Horacio Rodríguez Larreta, que permitirá la construcción de torres suntuosas, IRSA podría ganar entre 1.000 y 1.600 millones de dólares. El valor del suelo se multiplicará por lo menos 32 veces. Sin embargo, el Estado y los porteños no se quedarán con nada, ya que la tierra fue cedida en primera instancia.

Koutsovitis opinó que se trata de “un negocio de cifras impresionantes».  «Solo el suelo, pasó a costar más de mil 600 millones de dólares. Por eso estamos hablando de un enorme negocio inmobiliario que nos va a dejar al conjunto de la ciudadanía un enorme pasivo ambiental del que vamos a tener que hacernos cargo”, asegura.

Por su parte, el diputado del FdT Santiago Roberto opinó que «una vez más el oficialismo porteño y sus aliados políticos demuestran que sostienen el proyecto que el PRO impulsa hace más de una década: una ciudad elitista, para pocas y pocos, que expulsa a las clases medias, a las y los trabajadores».

En tanto, la legisladora del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta dijo durante la sesión en que se votó el proyecto que éste habilita «un barrio de lujo en una ciudad con emergencia habitacional, donde el 35 por ciento de la población alquila y 10.000 personas viven en la calle”. En la misma línea, la legisladora Claudia Neira dijo que “no se entiende por qué otorgan un incentivo a una construcción al lado de Puerto Madero, un barrio donde hay un 40% de viviendas vacías».

 

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Las implicancias ambientales

Las torres de lujo que se construirán en Costanera Sur tendrán 98 metros de altura. La ingeniera María Eva Koutsovitis explicó que como la superficie total construida será de 700.000 metros cuadrados en 24 hectáreas, se llegará a una “densidad constructiva –la cantidad de superficie construida por cada metro cuadrado de suelo– mayor a la que tiene Puerto Madero”.

El megaemprendimiento, además se de instalar una muralla entre el río y la ciudad que va a restringir el acceso de los porteños a la Costanera, generará la modificación de la circulación de los vientos que permiten mitigar el efecto de calor, del impacto de la luz del sol y  del escurrimiento de las aguas.

“Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar impactos ambientales irreversibles, poniendo en riesgo la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno. Tendrá impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales”, alertó Koutsovitis.

Las torres se realizarán sobre uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad y los expertos advierten que podría destruirlo. “Va a haber que destruir para poder regenerar ese suelo y darle la capacidad portante necesaria para poder soportar estructuralmente torres de esta envergadura”, aseguró la ingeniera.

Los humedales brindan un conjunto de biodiversidad única, favorecen la biodiversidad, absorben el dióxido de carbono ayudando a mitigar el cambio climático y el calentamiento global, son reservorios de agua y evitan inundaciones. Están protegidos en gran cantidad de países pero en Argentina aún no. Las organizaciones medioambientales insisten desde hace mucho tiempo con la necesidad de que una ley para preservarlos sea votada en el Congreso Nacional.

El diputado Matías Barroetaveña señaló la necesidad de una Costanera “porque los espacios públicos en la Ciudad son de 4 metros cuadrados por habitante cuando en otras ciudades de Latinoamérica son el doble o el triple. Hay que terminar con la idea de que Buenos Aires es una ciudad verde porque ponen contenedores y empezar a discutir lo que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los porteños y las porteñas”.

Organizaciones ambientales, sociales y políticas se movilizan este domingo en una bicicleteada que irá desde el Congreso hasta el acceso Sur de la reserva, para rechazar el proyecto.

 

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Las propuestas de la ciudadanía

Existen otros tres proyectos que proponen convertir los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca en un parque de acceso público y esperan ser tratados en la Legislatura. Fueron presentados por las organizaciones sociales, ambientalistas y fuerzas políticas opositoras.

La idea de un parque llamado «Nuestro Río» –encabezada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC)– ya tiene 4.000 firmas y es acompañada por 230 organizaciones. Busca recuperar el área para ampliar la actual Reserva Ecológica de la Costanera Sur y que pase a ser un espacio verde de libre acceso y circulación, de carácter gratuito.

“Queremos recuperar la costa y generar un biocorredor que nos permita el ascenso del río y nos posibilite mitigar las inundaciones y las olas de calor”, explicó Koutsovitis.

Para que el convenio entre IRSA y el gobierno de la Ciudad se convierta en ley, debe realizarse en primer lugar una Audiencia Pública. Al igual que ocurrió con la privatización del predio de Costa Salguero, se espera que ésta sea multitudinaria y que en ella se pueda expresar toda la ciudadanía. Sin embargo, esta no es necesariamente vinculante con la votación final que se realizará una vez que concluya. “Vamos a volver a organizarnos para participar de manera masiva y contundente en la Audiencia Pública si la justicia no nos da la razón”, dijo la ingeniera hidráulica.

El proyecto oficialista podría consolidar una nueva fractura urbana en la ciudad de Buenos Aires: entre una ciudad de cara al río pero destinada únicamente al sector de mayores ingresos y una ciudad de espaldas al río, sin derecho a disfrutar del entorno natural. Se necesita una ciudadanía activa que participe en el debate para que pueda ser frenado.

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