El Río no se vende | Crónica de una inconstitucionalidad anunciada

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El negociado inmobiliario de Horacio Rodríguez Larreta de venta de terrenos públicos costeros para la construcción de torres fue declarado inconstitucional. Dos abogadas de la Red Feminista que participaron del amparo cuentan el paso a paso del derrotero legal y político, desde el voto automático en la Legislatura hasta el freno judicial. El proyecto ilegal implicaba privar a los porteños del acceso al Río de La Plata, privatizando Costa Salguero y Punta Carrasco, y generó una marea de rechazos.

El juez Martin Furchi declaró inconstitucional la Ley 6.289 que autorizó la venta de los predios correspondientes a Costa Salguero para la construcción de torres frente al Río de la Plata. Lo hizo en el marco del amparo presentado por la Diputada Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

En su fallo el Juez Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo del juzgado N°16 de la Ciudad, concluye que la norma debió haber tenido un tratamiento legislativo diferenciado, establecido en la Constitución Local, ya que esos terrenos son un bien de dominio público: su venta requería audiencia pública y doble lectura en la Legislatura.

Un trámite irregular y oscuro

A fines de diciembre de 2019, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una sesión maratónica sancionó la Ley 6.289, por la cual autorizó a vender los predios que forman parte del predio conocido como «Costa Salguero» ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de edificios residenciales. Lo que suponía privar definitivamente a los/as porteños/as del acceso al Río de La Plata, consolidando el proyecto de una Ciudad para pocos y de espalda al río.

El proyecto ingresó a la Legislatura un día antes de obtener la sanción, por lo que no pudo ser debatido en comisión ni dictaminado, siendo votado “sobre tablas”. En ese momento, la única información con la que se contó fue la provista por el diputado que informó sobre el proyecto, quien mencionó, sin ninguna fundamentación y apartándose de la normativa, que el predio pertenecía al dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La norma fue aprobada, con 42 votos a favor (Vamos Juntos, Partido Socialista, Mejor Ciudad, Evolución) y 17 votos en contra (Autodeterminación y Libertad, Bloque Peronista, Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, GEN, PTS Frente de Izquierda).

Sin embargo, tal como se afirmó en ese momento, y como lo ratificó el Juez Furchi, el predio forma parte del dominio público del Gobierno de la Ciudad, ya que es parte del contorno ribereño; y, por tanto, de acuerdo al art. 8 de la Constitución porteña, es «público y de libre acceso y circulación».

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En febrero de 2020 la Diputada Gabriela Cerruti, con el patrocinio de la Red de Abogadas Feministas, en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron un amparo. Pidieron que se declare la inconstitucionalidad de esta ley y se dicte una medida cautelar de modo que no se avance en la disposición del predio hasta tanto no recaiga sentencia definitiva.

En octubre de 2020 la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad concedió la medida cautelar solicitada, entendiendo que el predio pertenecía al dominio público de la Ciudad, y que, por tanto no se había respetado el procedimiento establecido en la Constitución de la Ciudad.

Mientras tanto, el Juzgado de 1° instancia en lo CAyT N° 16 a cargo del Dr. Furchi continuaba analizando el planteo del fondo. Finalmente, un poco más de un año después de presentado el amparo, resolvió en el mismo sentido que la Cámara, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 6289.

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Para así decidir el juez hizo propias las consideraciones ya vertidas por la Cámara de apelaciones y recordó que “(…) no puede sino colegirse que los predios como el de marras, que forman parte del dominio del Estado y constituyen parte de la Ribera de Río de la Plata, han sido objeto de particular tutela tanto en el orden constitucional, como en el de las normas que mayor importancia tienen en la planificación urbanística y que constituyen el eje de las políticas de desarrollo de la Ciudad, como son el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico.” En su fallo entendió que la carga de la prueba correspondía al Gobierno de la Ciudad, quienes debían demostrar, tal como afirmaron en la sesión de diciembre de 2019, que el bien en cuestión había sido desafectado del dominio público de la Ciudad. Sin embargo, a entendimiento del Juez, este punto no pudo ser demostrado,  “en tanto no es posible afirmar que legislativamente se hubiera desafectado del dominio público el bien inmueble denominado “Costa Salguero – Punta Carrasco” conformado por la Manzana 171 de la Sección 21 y la Manzana 184 de la Sección 15, ambos de la Circunscripción 19”.

Por tanto, concluyó que “la ley que aquí se cuestiona (N° 6.289) debió haber sido precedida por el tratamiento legislativo diferenciado establecido en la Constitución Local en tanto el inmueble objeto de la litis se trata de un bien de dominio público cuya desafectación requería de la realización de la audiencia pública (art. 63) y del procedimiento de doble lectura (arts. 89 y 90)

Mientras la constitucionalidad de la normativa se discutía en la Justicia, el Gobierno de la Ciudad pretendió avanzar con la venta de los predios de la Costanera Norte, privandonos del derecho a acceder a la zona costera al río de La Plata.

Con este propósito se realizó el “Concurso Nacional de Ideas Bs.As. y el Río Parque Salguero” organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA. Según las bases todo el complejo se dividiría en un 65 por ciento destinado a espacio público y un 35 por ciento al privado. Sin embargo, ese es el porcentaje previsto para espacio público según dispone el Código de Planeamiento de la Ciudad y que obligatoriamente debe ser respetado. Además, dentro de los espacios públicos se contemplan las veredas, calles y otros espacios pavimentados. Cabe señalar que ninguno de los proyectos ganadores, ni las menciones especiales, tenían más cantidad de espacio público que lo que se recomendaba en las bases.

Buscando avanzar con la venta del predio, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, en octubre de ese año se realizó la primera lectura del proyecto que autorizaba la rezonificación de estos predios. La modificación de la norma urbanística del conjunto Costa Salguero–Punta Carrasco pretendía habilitar la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hectáreas del sector de Costa Salguero, concesiones con usos amplios y construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco.

Para obtener la sanción definitiva, en este caso, no pudieron obviar la manda constitucional, por lo que debieron convocar a audiencia pública previo a la segunda votación.

La audiencia pública, que fue virtual por razones sanitarias en el marco de la pandemia de Covid, se extendió por dos meses y participaron 2057 oradores y oradoras, de los cuales el 97% se opuso a la sanción de la normativa, exigiendo un parque público de acceso libre. Con este propósito distintos actores políticos, sociales y culturales impulsan la iniciativa  popular para la creación de un parque de acceso público en estos predios.

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El rechazo casi unánime de la ciudadanía, no pareció importarle al Jefe de Gobierno Porteño quien a principio de año, en la apertura de sesiones legislativas anunció que el proyecto de rezonificación iba a ser tratado.

Sin embargo, ahora la Justicia de la Ciudad que él gobierna se ha pronunciado. El fallo del Juez Furchi es claro. La norma sancionada en 2019 no cumple con los presupuestos establecidos en la Constitución de la Ciudad para la sanción de leyes..

¿Qué va a hacer Rodríguez Larreta frente a esta decisión judicial?

Esperamos que su actitud no sea la misma a la que nos acostumbró las últimas semanas, y que respete el fallo del Poder Judicial de la Ciudad.

En medio de la crisis sanitaria que estamos atravesando, en donde los espacios públicos se vuelven vitales, este fallo de la Justicia aparece como una esperanza de una Ciudad más justa donde todos/as/es podamos mirar el horizonte y respirar aire del río.

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