Cannabis medicinal: el dolor no puede esperar

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La Legislatura de Chubut votó ayer una ley que suma el aceite de cannabis a la obra social y a los hospitales para el tratamiento de personas con epilepsia. El tema tomó trascendencia provincial a partir del caso de Micaela, una nena que sufre síndrome de Dravet. Impulsada por un grupo de madres y padres de niños con este tipo de patologías la discusión sobre la despenalización del cannabis avanza a pesar de la política prohibicionista de drogas que caracteriza a la Argentina. En este artículo Emilio Ruchansky, autor de Un mundo con drogas, trae ejemplos continentales, preguntas incómodas y conecta la cuestión con la necesidad de despenalizar el autocultivo. 

La Convención Internacional de Estupefacientes de 1961, piedra fundamental del prohibicionismo, omite los usos terapéuticos del cannabis y de la hoja de coca. Solo distingue, en sus definiciones, al opio medicinal “una vez que se ha sometido a las operaciones necesarias para adaptarlo al uso médico”. Es decir, una vez convertido en un producto farmacéutico. La gama de opiáceos legales incluye la morfina, el tramadol, la codeína, la oxícodona, la metadona y el fentanilo. A más de cincuenta años de aquel tratado internacional, en la revisión de las políticas del régimen de fiscalización de drogas de la ONU de abril pasado se advierte que la disponibilidad de estas sustancias para “el alivio del dolor y el sufrimiento, sigue siendo escasa o nula en muchos países del mundo”.

La falta de acceso de la población a estos analgésicos a nivel central, indicados para cuadros de “dolor severo agudo”, sea en un post operatorio o en pacientes terminales, resulta una situación inhumana, más repudiable aún cuanto se trata de controles burocráticos locales, inspirado en la misma convención que llama a erradicar costumbres ancestrales como el coqueo.

Esta falta importante debe encender las alertas en la inminente discusión del cannabis medicinal en Argentina, impulsada por un nutrido grupo de madres y padres de niños, niñas y adolescentes con epilepsia, nucleados en Cameda y Mamá Cultiva y con un respaldo social creciente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había aprobado la importación de productos farmacéuticos como el Sativex, que combina dos moléculas del cannabi: el THC, un principio psicoactivo, y el CBD, de efecto sedativo, y de dejar ingresar preparados como Charlotte Web, un aceite utilizado para epilepsia infantil refractarias. La mayoría de estos pedidos se enmarcaron en el “uso compasivo”, es decir, luego de fallar con las terapias o tratamiento tradicionales.

Ahora, directamente, en un “informe ultrarrápido”, la Anmat reconoció ventajas del cannabis en la epilepsia, lo destaca como coadyudante en el tratamiento del dolor, permitiendo bajar la administración de opiáceos como se demostró en el caso Cibotti, la reducción de nauseas y vómitos provocados por la quimioterapia y las mejoras en pacientes con esclerosis múltiple.

Este regreso “oficial” de la utilización del cannabis para fines médicos en la Argentina ya es parte de una realidad continental:

desde Canadá y los Estados Unidos de América y de México, pasando por Colombia y Ecuador, llegando a países vecinos como Chile y Uruguay, donde se aplican o discuten normas y regulaciones.

Al estar en las listas I y IV de estupefacientes de las Naciones Unidas, el cannabis está prohibido “con excepción de las cantidades necesarias únicamente para la investigación médica y científica”. Comparte esta posición, por ejemplo, con la heroína. De todas formas, cada país actualiza estas listas y puede, eventualmente, establecer otros órdenes más realistas. La presidenta chilena Michelle Bachelet, por decreto, cambió al THC de lugar en las listas nacionales para permitir preparados médicos.

Una de los focos de discusión se relaciona con permitir o no el autocultivo con estos fines legítimos. En Brasil, solo se permitió la importación de CBD, coartando el acceso para quienes puedan comprarlo y confinando a aquellos personas con epilepsia que a veces responden mejor agregando un poco de THC al preparado. En Chile, el Poder Ejecutivo propuso el tope de una planta en vez de seis, como preveía el proyecto original que aún no fue votado.  De todas formas, con el aval del Instituto de Salud Pública y el ministerio de Agricultura se permitió un cultivo para realizar cuatro mil ensayos clínicos, dirigidos por la fundación Daya.

En México, se pospuso el debate parlamentario pero el proyecto en principio prevé despenalizar la siembra y cosecha con estos fines y el presidente Enrique Peña Nieto ya dio su visto bueno. En Colombia, a fines de 2015 se un decreto presidencial reglamentó la producción para el uso médico, cuando supere las 20 plantas permitidas desde 1986.

Sin embargo, la sola idea de que personas que padecen dolores crónicos o algunas de los padecimientos ya referidos, sus familiares o amigos puedan cultivar y utilizar las flores sin acudir a productos de calidad farmacéutica puso en alerta a distintas sociedades médicas y científicas en el continente. Quienes opinan de buena fe, observan que puede darse un fenómeno de adulteración y automedicación; que hacen falta controles y reglamentaciones como en el caso de cualquier otro medicamento.

Sería ideal que figure el cannabis y sus derivados en el Plan Médico Obligatorio, que nadie deba cultivarse el paliativo para su dolor. Pero si por gusto lo hiciera o se asociara con alguien más para hacerlo, ¿cuál sería el problema? Lo amparan su derecho a la privacidad y a cuidar su salud.

¿Cuál es el riesgo que tanto temen? ¿La pérdida del poder e influencia que implica recetar un medicamento? Qué habrá detrás de este supuesta cautela médica: ¿Una reacción conservadora o la defensa irrestricta de los grandes laboratorios?

En una reciente publicación Mariano Fusero, investigador de Pensamiento Penal, destaca un pasaje del informe ultrarrápido de la Anmat: “La relativa facilidad en la obtención del aceite, en ningún caso debe hacer suponer que su elaboración artesanal, sea posible, ni siquiera imaginable”. El investigador también cita al director de este organismo, Carlos Alberto Chiale, quien reconoció en el plenario de comisiones de Legislación Penal y Salud en el Congreso que no debería haberse incluido ese comentario ya que el Anmat “no es competente para regular u opinar en materia de autocultivo”. ¿Fue un equívoco corporativo?

La realidad local del cannabis para uso médico, con todas las trabas que ya sufrió y aún sufre su investigación, está plagada de historias de solidaridad de cultivadores y cultivadoras que, en la clandestinidad, siguen proveyendo a pacientes y familiares.

La profesionalización de esta práctica comunitaria, como ocurrió en varios estados norteamericanos, debe estar contemplada en la legislación; lo mismo que el auto cultivo.

Más allá de las observaciones y los válidos razonamientos médicos y farmacéuticos, hay un elemento inquietante: la postergación. Ya saben, el dolor no puede esperar.

La pésima experiencia que dejó la fiscalización de los derivados de opiáceos, la diferencia abismal de estos productos con el cannabis respecto de la toxicidad, la dependencia física y la posibilidad de sobredosis; parecen todos motivos suficientes para que las nuevas normas y regulaciones que se discutan en el Congreso despenalicen el autocultivo. Se debe discutir la mejor forma de explorar los usos médicos y terapéuticos del cannabis; mientras tanto, es preciso proteger a pacientes, familiares y cultivador@s  de cualquier contratiempo policial y judicial.

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Emilio Ruchansky

Periodista especializado en la problemática del uso de drogas. Es editor de la revista THC y autor del libro Un mundo con drogas (2015). Fue columnista de judiciales del noticiero Visión 7.

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